El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha protagonizado la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política (CAP) del partido este lunes desde la sede nacional de Bambú, en Madrid. A cinco días de que el partido renueve el liderazgo de Santiago Abascal y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la Asamblea General Extraordinaria de la formación. En ella, Garriga asumirá las funciones de vicepresidente único que compaginará con sus actuales labores. El principal anuncio del parlamentario catalán ha sido la presentación, "esta semana", de la querella contra la Mesa del Congreso de los Diputados en la que el grupo lleva trabajando a raíz del inicio de la tramitación de la ley de amnistía. Se limitará a las fuerzas que votaron afirmativamente llevarla al hemiciclo para su toma en consideración y puesta a punto.

Concretamente, Vox interpondrá la querella contra la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol; su vicepresidente segundo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la vicepresidenta tercera, Esther Gil; el secretario primero, Gerardo Pisarello; y la secretaria tercera, Isaura Leal. En definitiva, solo a los representantes del PSOE y Sumar, dejando al margen a los tres cargos populares con representación en el máximo organismo parlamentario: José Antonio Bermúdez de Castro, Carmen Navarro y Guillermo Mariscal. Hay que recordar que el partido ultraconservador quedó excluido de la composición de la Mesa en agosto. El anuncio se produce un día antes de que la Comisión de Justicia del Congreso debata las enmiendas parciales al texto presentados por el PSOE y ERC, y apoyadas por Junts. Será este martes a 11:30 horas.

Tal y como ha comunicado Garriga, recurrir a esta herramienta judicial responde a la tramitación de la mayoría de la Mesa con "manifiesto conocimiento" de su "inconstitucionalidad". Entre las referencias destacadas por el número 'dos' de Vox, se han mencionado está el informe contrario a la amnistía del exletrado mayor de la Cámara, Carlos Gutiérrez, de 2021. También los pronunciamientos públicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como el reciente informe del letrado de la Comisión de Justicia la semana pasada. En añadido, Garriga ha apelado al artículo 404 del Código Penal para justificar las acciones legales. Este reza que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en su asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

El PP se ha apoyado en ese último informe para pedir al PSOE que paralice el trámite. Sin embargo, la mayoría parlamentaria de los socialistas y de Sumar se apoyan en que este último escrito "no es vinculante". Tampoco los anteriores. Es más, desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha quitado hierro al informe y se ha apoyado en que ya en 2018 el Congreso vio legal la amnistía. En el aire ha querido dejar una actuación similar contra la Mesa del Senado. Esperarán a que la ley de amnistía pase su tramitación, sea aprobada en el hemiciclo, y pase a la Cámara Alta. "Lo lógico será hacerlo" allí, se ha posicionado el secretario general de Vox, con todo. De materializarse esta iría contra la mayoría del PP en el Senado, que no puede legalmente paralizar su trámite desde la Mesa.

Las acciones legales contra la amnistía, por parte de Vox y hasta el momento, se han limitado en una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y extendida al PSOE, Junts y el expresidente catalán Carlos Puigdemont, por "cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y por negociaciones prohibidas de funcionarios públicos"; así como a otra contra el actual letrado del Congreso, Fernando Galindo, quien ejerce de Secretario General de la Cámara tras el relevo Gutiérrez. En su caso, se motivó porque, según Vox, "aun reconociendo que la proposición de ley es inconstitucional, emite informe favorable para habilitar su calificación. Un informe rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico", sostuvo el partido de Abascal en un comunicado y en la propia querella. La primera se presentó el 14 de noviembre y la segunda el día 22 del mismo mes.