La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) no encontró "contrato alguno" entre el Gobierno de Baleares ni entre el de Canarias con la trama del caso Ábalos para la compra de mascarillas. Así se desprende del análisis que ha hecho la Guardia Civil de los distintos acuerdos a los que llegó la empresa Soluciones de Gestión y que ahora se investigan por el presunto cobro de comisiones, y que figura en el sumario al que ha accedido El Independiente.

En un informe de enero de 2023, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita resaltan el hecho de que la Oficina Antifraude, dependiente del Ministerio de Hacienda, no les entregase ningún documento contractual entre las partes. Los agentes han analizado las cuentas de las distintas empresas de la trama, así como las facturas enviadas a las administraciones, pero la ONIF no ha encontrado los contratos firmados por las partes.

Soluciones de Gestión consiguió contratos durante la pandemia por unos 53 millones de euros. Los adjudicadores, entre otros, fueron el Ministerio del Interior y el de Transportes, y algunos organos dependientes de este último como Puertos del Estado o Adif. La trama estaría encabezada por dos empresarios, Juan Carlos Cueto y Víctor de Áldama, y su contacto en el departamento que dirigía José Luis Ábalos era a través de Koldo García, exasesor de confianza del ministro socialista. El enlace con este último era un policía escolta de Ábalos, Rubén de Aldama, que es hermano de uno de los empresarios.

Adjudicaciones millonarias

Además la trama consiguió contratos con el Govern de las Islas Baleares, entonces encabezado por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y con el Ejecutivo de las Canarias, en el que estaba al frente Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Entre la documentación analizada por la Guardia Civil respecto a Baleares, hay una factura de Soluciones de Gestión del 25 de abril de 2020 al Servicio de Salud de las Islas Baleares en la que se especifica el suministro a este servicio de 1.480.600 unidades de mascarillas a un precio unitario de 2,50 euros, ascendiendo el importe a un total de 3.701.500 euros.

A la Guardia Civil le llema la atención otros dos extremos de esa compra. Mientras la factura data del día 25 de abril de 2020 y la entrega se produjo el 27, no fue hasta el 29 de ese mismo mes cuando se adjudicó la compra de las casi 1,5 millones de mascarillas.

En el caso del servicio de salud canario, hay dos documentos: uno para conseguir 2,75 millones de mascarillas por 6,875 millones de euros, y otro por el que se pidió 2 millones de tapabocas por 5 millones. En total, de 4.750.000 de mascarillas por un precio de 11.875.000 euros, aunque otro documento manuscrito hallado por los agentes señala que el desembolso podría haber sido de 12,29 millones de euros.

La UCO de la Guardia Civil señala, además, que en los documentos canarios aparece la rúbrica de Ana María Pérez Afonso, "que en la actualidad se encuentra investigada por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación" de otro "contrato de suministro de mascarillas".

Fiscalía Europea

En los casos de las dos adminsitraciones autonómicas, el informe señala que la Oficina Antifradue "no ha encontrado contrato" alguno respecto a la adjudicación, ahora en el punto de mira, también, de la Fiscalía Europea. Este pasado lunes, el organismo comunitario abrió una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas con la denominada 'trama Koldo'.

La Fiscalía Anticorrupción había remitido la documentación sobre estas contrataciones al estar afectadas de fondos europeos, pero hasta ahora no se había confirmado el inicio de unas pesquisas en la sede de Luxemburgo.

El órgano comunitario reza en el comunicado que tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados" ha decidido seguir adelante. Los delitos bajo la lupa son malversación se fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional, como ya informó El Independiente.