En la Moncloa ya recelaban. El miércoles, tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, su núcleo duro era muy consciente de que el proyecto de reforma de la ley del suelo estaba seriamente amenazado. No solo por el voto en contra de Sumar, sino sobre todo por la tentación del PP de propinar un severo golpe a los socialistas. Pero cuando, por la noche, escucharon en la radio a Alberto Núñez Feijóo deslizando con claridad que no estaba dispuesto a acudir en socorro del Ejecutivo, decidieron que no había que correr más riesgos. Que había que retirar el texto.

A las 8.01 del jueves, apenas 59 minutos antes del arranque del pleno y a escasas horas del comienzo de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a través de su número dos, Rafael Simancas, registró en la Cámara baja la petición de aparcar la reforma de la ley del suelo. Ahí acababa el viaje de la norma. Los socialistas se ahorraban una segunda derrota parlamentaria en apenas 48 horas, pero a cambio evidenciaban su falta de apoyos, su debilidad en el Congreso. Las fisuras con sus socios de coalición, con Sumar, precisamente en torno a una norma emanada del Consejo de Ministros. Una marejada de la suficiente entidad como para dudar (otra vez) de la viabilidad de una legislatura de extraordinaria complejidad.

Pero el Gobierno insiste en que no. Reitera que no habrá ruptura interna. Una convicción que late en las dos alas del Ejecutivo. En el PSOE y en Sumar.

Todo se normalizará tras las europeas", dicen en el círculo de Sánchez. "Una cosa es lo que ha pasado con esta ley y otra cosa es el resto de materias", explican en el equipo de Díaz

Los dos socios defienden que el doble bache de esta semana —la caída de la proposición de ley contra el proxenetismo, promovida por los socialistas y rechazada su toma en consideración por PP y Sumar, y la retirada del proyecto de ley del suelo por falta de apoyos— no afectará a la continuidad de su relación. "Todo se normalizará tras las europeas", "la relación con Sumar se engrasará seguro", aseguran en el círculo de confianza del presidente, Pedro Sánchez. "También pensamos que todo pasará tras las elecciones. Una cosa es lo que ha pasado con esta ley [la del suelo] y otra cosa con el resto de materias", explican en el equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ninguno quiere romper.

La coalición, al menos por ahora, no corre peligro. Pero lo sucedido sí ha dejado heridas lacerantes en las dos partes. Los dos socios se cruzan reproches, escuchando a ambos se palpa el malestar con el otro, las acusaciones de electoralismo fluyen de una acera a la contraria. Y, en el caso de los socialistas, se suma la desconfianza absoluta en el PP, en cuyas manos descansaba la suerte de la ley. Dada la deserción de los socios habituales —Podemos, Junts y ERC habían presentado enmiendas de devolución—, el texto solo podía salir adelante con el apoyo de los populares o, al menos, con su abstención.

Los socialistas confían en que la legislatura entre en terreno más seguro porque no se esperan más elecciones hasta 2026, con las autonómicas de Castilla y León y Andalucía

La previsión de los socialistas es que, una vez pasen los comicios del 9-J, la legislatura entre en un terreno algo más seguro, porque, en principio, no habría más urnas a la vista hasta febrero y junio de 2026, en Castilla y León y Andalucía. Aunque la Moncloa necesita imperiosamente que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña, y su cálculo —y deseo— es que Salvador Illa sea investido president con los votos de ERC y de los comunes. En las alturas del PSOE siempre han defendido que Sánchez no tiene por qué perder los apoyos en Madrid de los republicanos y Junts aunque el primer secretario del PSC conquiste la Generalitat.

La prueba de los Presupuestos

En definitiva, que una vez se cruce la barrera de las europeas, las últimas elecciones del ciclo, y se aclare el tablero catalán, las aguas se remansarán y la legislatura podrá realmente arrancar. Porque, hasta ahora, la producción legislativa ha sido más bien escasa. Estos seis meses han estado atravesados por la ley de amnistía —cuya tramitación culmina en el Congreso el 30 de mayo— y el encadenamiento de cuatro elecciones: las gallegas del 18 de febrero, las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9-J. La prueba de resistencia del Ejecutivo de coalición, en todo caso, serán los Presupuestos de 2025, y en el entorno de Sánchez subrayan que es aún "pronto" todavía para abrir esa carpeta.

En el PSOE achacan la actitud de Sumar a su "obsesión" con Podemos, a que "mira por el retrovisor" a su rival. En Sumar alegan que "no tiene nada que ver" con lo sucedido

La digestión de esta semana parlamentaria está siendo pesada para el PSOE. El martes, su proposición de ley de abolición de la prostitución fue tumbada por el giro del PP —votó no, pero en 2022 apoyó el mismo texto— y el rechazo de Sumar —hace dos años, Unidas Podemos se abstuvo—. El jueves, la retirada del proyecto de ley del suelo, una reforma que, según explicaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es "necesaria" porque la demandan alcaldes "todos los colores".

La tensión entre los socios de coalición se agrandó con el paso de los días. Este jueves, la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, reconocía el "malestar" con Sumar. "No contribuye desde luego a ningún mensaje positivo para los ciudadanos", advirtió. En el equipo de Sánchez insisten en que no entienden el comportamiento de los de Díaz, y achacan tanto lo ocurrido con la proposición contra el proxenetismo como con la ley del suelo a su "obsesión" con Podemos, su máximo rival este 9-J. Porque estos comicios serán su ocasión para medir sus fuerzas. "Están mirando continuamente por el retrovisor a su adversario", "están acojonados con Podemos", esgrimen en la cúpula del PSOE. En Sumar, sin embargo, responden que su posicionamiento esta semana en esas dos iniciativas "no tiene nada que ver" con su competencia con los morados y acusan a sus socios de "entender la política siempre con fines electoralistas".

Si el choque no ha ido a más se debe, reconocen en el ala socialista del Ejecutivo, es porque el voto de Sumar no era decisivo en la ley del suelo

En la Moncloa la irritación es indisimulable. Para ellos, lo más grave es lo ocurrido con la ley del suelo, porque era un proyecto nacido del propio Consejo de Ministros del que Sumar forma parte, mientras que con la prostitución ya conocían las reservas del grupo confederal y se trataba de una iniciativa de los socialistas, no del Ejecutivo. Estaban dispuestos a perderla, porque a fin de cuentas podían fijar su posición. Pero la ley del suelo era otra cosa, y si el choque no ha ido a más, reconocen, es porque su voto "no era decisivo", ya que la norma dependía del PP. No bastaba con los de Díaz para sacarla adelante, porque socios como Podemos, ERC, Junts y Bildu no la apoyaban. El PNV, como señalaba este jueves su portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, sí estaba más cerca de respaldarlo. Consideraba, de hecho, que al aparcar el texto se echaban "ocho años de trabajo, dinero y esfuerzo a la basura", cuando las modificaciones previstas eran "muy demandadas por los ayuntamientos".

Ley "técnica"

En Sumar señalan que dejaron claro a sus socios que votarían en contra de la reforma —o sea, a favor de las enmiendas de totalidad— porque entendían que promueve la "especulación" y hasta la "corrupción". El ala socialista del Gobierno explica, en cambio, que solo les llegaron "observaciones", "no alegaciones" a la norma, y que no les avanzaron que votarían no. La Moncloa y Vivienda siempre han defendido que esta era una ley "técnica", no ideológica, demandada por los ayuntamientos y las comunidades autónomas —en su mayoría, controlados por el PP—, ya que permitiría que los errores menores que sean subsanables no conlleven, como ocurre hasta ahora, la paralización de un planeamiento urbanístico. El sector inmobiliario también respaldaba el texto.

En la Moncloa alegan que no se pospuso la tramitación de las dos iniciativas porque ni Sumar ni PP advirtieron: "No nos dijeron nada". "Son ellos los que tienen que atar los apoyos a su reforma", responden mientras los de Díaz

¿Por qué no se pospuso la tramitación de ambas iniciativas? En la Moncloa relatan que ambas —proxenetismo y suelo— se incluyeron en el orden del día del pleno con los votos de Sumar y PP. "No nos dijeron nada", justifican. Contaban con la abstención de los de Díaz en la proposición sobre la prostitución —fue la posición de Unidas Podemos en 2022— y el apoyo del PP. Y en la ley del suelo, recalcan que estaba "pactada" la abstención de los populares. La ministra de Vivienda, aducen en su entorno, había discutido la norma con la "institucionalidad del PP", es decir, con sus alcaldes y sus presidentes autonómicos, y con el Grupo Popular en el Congreso se había comprometido a "admitir y discutir" sus enmiendas.

"Sumar ni siquiera sacó este asunto en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición la semana pasada. Nunca nos dijeron que fueran a votar en contra. Que no enreden", dicen en el primer anillo de poder del presidente. Desde el equipo de Díaz reconocen que el tema no salió en su encuentro de los socialistas del 16 de mayo, "porque se abordó en el seno del Gobierno y porque son ellos los que tienen que atar los apoyos a su ley". "La parte PSOE del Gobierno, con buen criterio, siempre pide que todas las leyes que vayan a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios [CGSEyS, el paso anterior al Consejo de Ministros] tengan los apoyos parlamentarios amarrados. Y está bien porque esta es una legislatura en la que hay que dialogar mucho con los socios por la aritmética que existe. Pero esta ley no iba en el acuerdo de coalición, no había consenso, y si no lo hay tienes que negociar, primero con tu socio de gobierno, y eso es lo que no hicieron". Los socialistas consideran sagrado que se respete una ley que emana del Consejo de Ministros. Y recuerdan que Unidas Podemos en la pasada legislatura, ni siquiera en los momentos de mayor tensión en el bipartito, llegó a votar en contra de una norma salida del Gobierno.

Los socialistas creen que al anunciar Sumar su voto en contra, el PP olió sangre, vio que podía aprovechar la división del Gobierno para asestar un golpe a Sánchez y señalar su "soledad"

Pero además el ala socialista está convencida de que la maniobra de Sumar provocó el movimiento del PP. La tesis, como exponen a este diario varios ministros próximos a Sánchez, es que al confirmar el martes la formación de Díaz su voto en contra de la ley del suelo, el PP olió sangre, "puso en bandeja una división en el Gobierno que ellos no iban a desaprovechar". Es decir, que al anunciar Sumar que se desmarcaba, entonces la cúpula de Feijóo sabía que si votaba también no conseguía evidenciar la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, la fisura entre los socios y la "soledad del presidente".

Dicho de otro modo, que si Sumar se hubiera alineado con su socio de coalición, el PP no habría tenido incentivos para hacer decaer una ley que le piden sus alcaldes y presidentes. "Aunque seguridad con el PP no tenemos ninguna", conceden en la Moncloa. Para los colaboradores de Díaz, el problema principal del PSOE es haber hecho descansar la suerte de la ley en los conservadores, alejándose tanto de sus socios en el Gabinete como en el Congreso. Un mensaje que también compartieron ERC y Bildu.

Para los colaboradores de Díaz, el problema principal del PSOE es haber hecho descansar la suerte de la ley en los conservadores

Los socialistas intentaron, durante el miércoles, que Podemos, Junts y ERC retirasen sus enmiendas de devolución, aunque eran conscientes de la dificultad, que era, básicamente, "imposible", por una cuestión de principios. Así que se emplearon a fondo en intentar que el PP les adelantase el sentido de su voto. No lo consiguieron. Por la noche, en La Linterna, en la Cope, Feijóo subrayó que, aunque cerraría la posición el jueves por la mañana con su partido, era "muy difícil" que su partido aprobara una ley que no había redactado cuando "un Gobierno no es capaz de aprobar sus proyectos". El PSOE decodificó sus palabras como un no. Por eso decidió sacar el texto del Congreso a primera hora de la mañana, porque veían que Génova "se estaba relamiendo".

Quejas del PP

"Para sacarla adelante siempre contamos con el PP. Su posición primogénita era colaborar con futuras enmiendas de las que ya habíamos hablado", sostuvo Rodríguez en declaraciones a los medios en el Congreso tras la retirada del proyecto. Insistió en que se trata de una reforma "técnica", de "bajo perfil ideológico", que viene a resolver problemas que se llevan generando en los municipios desde hace más de 40 años, como la paralización de los planes generales de ordenación urbana por defectos menores que se pueden solventar fácilmente. La ministra remarcó que el texto sí aportaba, frente a lo esgrimido por el PP "seguridad jurídica" y "tranquilidad al planeamiento urbanístico y permite que se adecúe al desarrollo de los nuevos tiempos, con estándares del siglo XXI, no de los años 80". A su juicio, al agilizar la tramitación de los planes urbanísticos, también se fomenta la promoción de la vivienda asequible y de alquiler social.

Vivienda defiende la "seguridad jurídica" de la reforma, de la desconfía el PP, que subraya que no había "negociado" con el Ejecutivo. Génova se lava las manos: la caída del texto no es por ellos

En Vivienda recuerdan, además, que el proyecto de ley ya venía de la pasada legislatura, y por eso confiaban en el apoyo del PP. En la dirección de Feijóo admiten que era un texto pedido por ellos, que habían hablado de él con el Gobierno, pero insisten en que no había nada "negociado". Es decir, que no se habían pactado enmiendas parciales. Pero a la vez se lavan las manos: advierten que nunca adelantaron el sentido de su voto, por lo tanto el único responsable de que decayera la norma, indican, es el Ejecutivo. Afean a la ministra, además, que no reuniera a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a la inauguración de la IV edición del foro ‘Fondos Europeos’, organizado por 'elDiario.es' en el Auditorio El Beatriz, el pasado 16 de mayo de 2024, en Madrid. | EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

En la Moncloa no hacen autocrítica de la gestión de esta semana. Alegan que, una vez que ambas iniciativas se incluyeron en el orden del día del pleno, ya este no se podía modificar. Lo que sí habría cabido es no haberlas incorporado a debate esta semana y haberlas aplazado. Pero los socialistas no pensaron que se utilizarían como "arma arrojadiza" contra el Gobierno. Es decir, que no vieron venir los movimientos ni de Sumar ni del PP. "Y si lo pusimos esta semana es porque primamos la celeridad en la tramitación, porque era una reforma que nos pedían alcaldes y presidentes. El PP estaba hasta este pasado martes en la abstención. Y Sumar... es que lo que han hecho no lo saben ni ellos", explican fuentes próximas a la titular de Vivienda.

La ministra lamenta el "nerviosismo" del PP y deja los grupos un "buen texto" para que lo negocien "cuando pase el furor electoral"

¿Qué pasará con los dos textos? Respecto a la abolición de la prostitución, una bandera del PSOE desde hace años, la cúpula del partido espera poder volver a tramitarla más adelante, cuando tenga asegurados los apoyos. Rodríguez, por su parte, puso a disposición de los grupos el texto de la reforma de la ley del suelo, para que, "cuando pase el furor electoral", "puedan tomar como referencia un buen texto". "El nerviosismo electoral sobrepasa el interés general y es una pena", lamentó, mirando al PP.

España levanta el telón de una nueva campaña. La última de esta superprimavera electoral. Con la esperanza, para el Gobierno, de que tras la tormenta inesperada de esta semana, llegue una cierta calma tras el 9-J.