Tiene todas las fechas ordenadas en su cabeza. Ahmed Lefdellel llegó a España en julio de 2022 e inició los trámites de solicitud de apatridia unas semanas después. Dos años después, sigue varada en el mismo punto. Como si fuera el protagonista de un proceso kafkiano, Ahmed reconoce “navegar” entre oficinas cerradas y cabizbajos agentes de policía y funcionarios en busca de alguna mínima pesquisa que arroje luz sobre su expediente.
Sus pericias no han dado resultado. El proceso resulta aún más extravagante si se constata que Lefdellel es saharaui nacido en 1962 en la entonces provincia española del Sáhara. Nómada ahora en Madrid, Lefdellel recorre la capital con una muleta y provisto de unos documentos expedidos por la misma administración que reniega ahora de ellos: su libro de familia con el nombre de sus padres y sus hermanos y su cartilla de escolarización del ministerio de Educación español.
Original de Villa Cisneros -la actual Dajla-, el solicitante de apatridia tiene la paciencia propia de los hombres del desierto que esperan sin noción de tiempo. “Vine a Vitoria en julio del 2022 y en septiembre del mismo año hice la tramitación para obtener el estatuto de apátrida como saharaui. Desde aquel entonces sigo navegando entre oficinas sin nada en concreto”, desliza en conversación con El Independiente con un exquisito español. “No me han concedido los papeles de la apatridia y no he podido volver a ver a mi familia”, confirma Ahmed, al que apodan “El rubio” desde la juventud. “Mi piel es un poco más clara que la de mis compatriotas”, explica.
Una vida en suspenso, colgada a la espera de unas noticias que no llegan. Cada cierto tiempo Ahmed enfila el camino hacia las oficinas del ministerio del Interior donde se halla su petición bajo capas de silencio administrativo. “Cuando llegué a Madrid me fui a la primera oficina. Allí me dijeron que habían cambiado de ubicación y me enviaron a otra. En esa segunda solo había policías que me dijeron: 'No podemos solucionarte ningún problema porque aquí no hay funcionarios, somos solo policías'”, relata. Desde entonces ha hecho el peregrinaje en cinco ocasiones, con idéntico resultado.
Conversaciones con funcionarios tras la verja
“Cuando vuelvo, me dicen lo mismo: que no hay funcionarios y que no me pueden dar una explicación. Llevo dos años esperando los papeles para obtener el estatuto de apátrida cuando yo soy un saharaui que nací siendo español. Mi padre fue un policía español”, arguye. Su caso no es único. “Hice la última visita la semana pasada. Me atendió primero un policía sin abrir la verja exterior, luego llamó a un joven funcionario con el que tuve una conversación muy larga. Al final, sin abrir la puerta y en plena calle, me dijo: 'tenemos más de 1.000 peticiones, somos un grupo reducido y no te puedo decir más que esperes a que te llegue la respuesta”.
Cientos de saharauis se hallan en el limbo. En 2023 el 97 por ciento de los solicitantes de apatridia procedían del Sáhara Occidental. El año pasado las saturadas oficinas de asilo y refugio del ministerio de Interior tramitaron 1.084 solicitudes de estatus de apátrida y resolvieron 1.022. De las 909 que resultaron favorables, el 99% eran de personas de origen saharaui, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). A principios de este año los ciudadanos kosovares dejaron de ser considerados apátridas por España, que -no obstante- mantiene su negativa a reconocer la independencia de la ex provincia serbia. Un hecho que probablemente elevará el ya vasto porcentaje de saharauis sobre el total de los que optan por la apatridia.
Sin abrir la puerta y en plena calle me dijo: 'Tenemos más de 1.000 peticiones, somos un grupo reducido y no te puedo decir más que esperes a que te llegue la respuesta'
Los abogados que asisten a los solicitantes saharauis denuncian la falta de atención, con las oficinas de Madrid cerradas al público. Fuentes del ministerio del Interior consultadas por este diario niegan la situación de colapso y negligencia que describen solicitantes como Ahmed. “Las solicitudes de apatridia se pueden presentar en cualquier comisaría de Policía Nacional. El equipo de instructores de la Oficina de Asilo y Refugio supera las 100 personas en este momento y se ocupan de la tramitación de los expedientes de protección internacional y de apatridia”, aseguran desde el departamento que dirige el ex magistrado Fernando Grande-Marlaska. Agregan que “las solicitudes de apatridia se presentan en las comisarías de Policía Nacional, disponibles en todas las capitales de provincia, además de en otras localidades repartidas por todo el territorio”.
Un proceso complicado
Los abogados que asisten a los saharauis se quejan de un complicado sistema de solicitud que precisa incluso de certificado digital cuando se trata de personas que buscan precisamente tener una situación legal en España y que proceden del último territorio pendiente de descolonizar de África sobre el que nuestro país sigue teniendo responsabilidad. “Llevamos 48 años en un desierto y si venimos a España es porque es la única posibilidad que tenemos y encima nos ponen trabas”, lamenta Ahmed, que sobrevivió hace seis años a un ictus y padece diabetes. “Llevo dos años sin tarjeta sanitaria. Solo me atienden en urgencias”, comenta quien fuera durante años profesor de español entre los militantes del Frente Polisario.
Desde 2021 España ha concedido la nacionalidad a 74.000 marroquíes mientras los saharauis tenemos problemas incluso para acceder a la apatridia
“Todo esto demuestra que es una política de Estado y no el error cometido por una administración”, esboza. “Me han vuelto a pedir que espere dos meses”, añade quien recuerda con detalle su infancia junto a los españoles en los confines del Sáhara. “Mi padre fue un sargento de cuarta compañía de la Policía territorial. Pero ninguno de los documentos ha servido. Me parece injusto que se trate a personas que fueron españolas hasta 1976 y al mismo tiempo se reconozca como españoles a los sefardíes que se fueron en 1492”, argumenta. “Desde 2021 España ha concedido la nacionalidad a 74.000 marroquíes mientras los saharauis tenemos problemas incluso para acceder a la apatridia”, dice Ahmed, que dice “sentir y pensar en español como la totalidad de la sociedad española”. Hace tres años una resolución del Tribunal Supremo cerró la puerta al reconocimiento de la nacionalidad española de los saharauis tal y como se había hecho hasta entonces.
“En 1976 la primera mano solidaria que recibimos no fue de ningún país árabe o musulmán sino de la sociedad española y eso es algo que agradecemos”, indica visiblemente emocionado. Ahmed, que igual habla de su pasado en Villa Cisneros que de la política española actual, tiene la determinación de los hombres del desierto para los que el tiempo es siempre relativo. “Tengo esperanza. Nunca la he perdido”, concluye.
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Me produce vergüenza ajena, que por una parte se transija con la inmigración de terceros países y se impida la de ciudadanos que fueron españoles y por abandono de responsabilidades se encuentran en situación de apátridas.
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Este artículo ilustra magníficamente lo injusto y discriminatorio que es el trato que el Gobierno español y el Tribunal Supremo están dando a los saharauis.
Recuerdo con inmenso orgullo que en los primeros años del siglo XXI pude conseguir que el Ministerio de Justicia reconociera a una veintena de saharauis que habían nacido antes de la salida de España del territorio la nacionalidad española.
Años después, una sentencia injusta, insostenible y carente de rigor histórico del Tribunal Supremo vino a condenar a los saharauis a ser solicitantes de apatridia, como le ocurre al triste protagonista de este artículo. El absurdo argumento utilizado por la corte de ignorantes de nuestra Historia venía a decir que el Sáhara no había sido nunca territorio español.
Hay saharauis que no quieren que se les dé la nacionalidad española porque se sienten saharauis, pero son muchísimos los que verían en esta concesión una especie de compensación del daño que se les hizo al entregar su territorio a Marruecos, y una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.