No hay fechas. No hay ninguna decisión aún. Hay tiempo. El Gobierno traslada esos tres mensajes centrales respecto al próximo debate del estado de la nación. El debate parlamentario con mayúsculas, el rito planificado inicialmente para su celebración todos los años —menos aquellos con elecciones o con investidura—, llegará, pero no está puesto en el calendario y no es, desde luego, la primera prioridad para el Ejecutivo a la vuelta de la Semana Santa. Ni la primera urgencia.
El PP, sin embargo, empuja. Ya quiso que el debate tuviera lugar en 2024, aunque presionó lo justo porque no era su preocupación máxima y porque, en realidad, tenía poco sentido, dado que el Gobierno cumplió su primer año a finales de noviembre del año pasado. Pero en este 2025 la formación de Alberto Núñez Feijóo sí ha echado más leña a la caldera y el Ejecutivo es consciente de que no podrá esquivarlo. La hemeroteca no ayuda a Pedro Sánchez, no le presenta como un presidente cumplidor: desde que llegó a la Moncloa, en junio de 2018 —con tres generales celebradas (dos en 2019 y otras en 2023), una dolorosa pandemia, una erupción volcánica en La Palma y dos guerras, en Ucrania y en Oriente Medio—, el Congreso solo ha acogido un debate de la nación. Fue en julio de 2022, el número 26 de la historia de la democracia. El primero que se celebraba en siete años: para encontrar el inmediatamente anterior había que viajar a febrero de 2015, con Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo.
Los populares tradujeron su exigencia en una proposición de reforma del reglamento del Congreso, con el fin de regular la celebración anual del debate del estado de la nación, "excepto en los años en que se celebren elecciones generales". La toma en consideración de la iniciativa se debatió el pasado 8 de abril en la Cámara baja, y fue apoyada por PP, PSOE, Vox, Sumar, Junts, PNV, UPN, BNG y CC. 324 votos a favor. En contra votó EH Bildu (6) y se abstuvieron ERC y Podemos (10).
Los populares defienden que es necesario regular el debate estrella por el "desprecio a la democracia parlamentaria" y la "tendencia al autoritarismo" de Sánchez, por su "extrema debilidad" y "cobardía"
La diputada popular Macarena Montesinos defendió que es "imprescindible restablecer los valores democráticos" amenazados por Sánchez, al que endosó "desprecio a la democracia parlamentaria" y una "natural tendencia al autoritarismo", también reflejo, siguió, de su "extrema debilidad y su cobardía política para someterse a la fiscalización del Parlamento y a escuchar las propuestas de los grupos para tratar de encauzar su desgobierno".
Le respondió el parlamentario socialista, y líder del partido en Cantabria, Pedro Casares: recordó que la obligación de celebrar anualmente el debate de la nación fue incluida por el propio Ejecutivo en su plan de regeneración democrática, lanzado en septiembre pasado. El diputado defendió una tesis muy repetida por el propio Ejecutivo, que en estos últimos años, con una acumulación de hechos excepcionales como la pandemia, dos guerras, la erupción del volcán de La Palma o ahora la guerra arancelaria, ha habido "más comparecencias que nunca del presidente del Gobierno y de los ministros". "Vivimos en un estado permanente del debate del estado de la nación, en el que en poco tiempo hemos hablado mucho en este Parlamento". En esta legislatura, justificó, Sánchez ha comparecido en pleno siete veces y contestado a 72 preguntas en sesión de control. La "voluntad" y el "compromiso" del líder socialista y de su Gabinete con la rendición de cuentas, sostuvo Casares, son "claros" y "contundentes".

Más allá de la tramitación de la iniciativa, a la que le quedaría bastante camino —hay otra reforma del reglamento del Congreso en cola, y promovida por el PSOE y el resto de socios de investidura, para sancionar a los agitadores ultras—, persiste la duda de cuándo el Ejecutivo solicitará a la Cámara la celebración del debate de política general en este 2025. Y no hay una decisión tomada.
Los socialistas subrayan que en estos últimos años ha habido "más comparecencias que nunca" del presidente y sus ministros. "Vivimos en un estado permanente del debate del estado de la nación", decía el parlamentario Pedro Casares la semana pasada
"De momento, calma. No hay prisa. Hay meses de margen. No será ahora mismo", indican en la Moncloa. Explican fuentes gubernamentales, por tanto, que el debate no se celebrará de manera inminente. Que hay que esperar. "Puede ser o antes de verano o a la vuelta de vacaciones. No hay ninguna previsión. No ha ocupado ni un segundo de las reuniones internas. Pero, en cualquier caso, esta es una prerrogativa del presidente, no del PP", precisan las mismas fuentes.
Una prerrogativa del presidente, no de la oposición
Hay cargos en el equipo de Sánchez que creen que tiene más sentido ubicar esta gran cita parlamentaria tras el parón veraniego, porque "este curso está terminado políticamente", ya que los grandes temas que quedan por delante en los dos meses que restan del periodo de sesiones —mayo y junio— hay cuestiones importantes que han de resolverse y que centrarán buena parte de la discusión pública: la respuesta a Donald Trump y su guerra comercial y el aumento del gasto en defensa, con la cumbre de la OTAN en La Haya a finales de junio como hito central.
Puede ser o antes de verano o a la vuelta de vacaciones. No hay ninguna previsión. No ha ocupado ni un segundo de las reuniones internas", señalan fuentes del Ejecutivo
La decisión, de cualquier modo, es del presidente. Y siempre ha sido así, porque además no hay una previsión constitucional. Este formato nació en 1983, hace 42 años, precisamente de la mano del entonces jefe del Ejecutivo, el socialista Felipe González. Él quiso convocar un debate "sobre la situación general de España", tomando como precedente más próximo las comunicaciones del Gobierno de la UCD al Congreso, que fueron habituales en la Transición, aunque sobre temas específicos de gran relevancia.

Los debates del estado de la nación tampoco tienen una previsión expresa del reglamento de la Cámara baja. Se articulan a través de las comunicaciones del Gobierno, cuyo trámite se recoge en los artículos 196 y 197 de la normativa del Congreso. Por tanto, siempre parten de la iniciativa del Ejecutivo.
Desde 1983, se han celebrado 26 debates: diez con González, seis con Aznar, seis con Zapatero, tres con Rajoy y uno con Sánchez. El último, en 2022
González fue el protagonista de diez debates de la nación (1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1994 y 1995). Le siguieron José María Aznar, con seis (1997, 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003) y José Luis Rodríguez Zapatero, con otros seis (2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011). Con Mariano Rajoy se celebraron tres (2013, 2014 y 2015), y con Sánchez, uno (en 2022). Hasta la ruptura del bipartidismo, no hubo comunicación a la Cámara en 1986, 1990 —las elecciones se habían celebrado poco antes, en octubre del año anterior—, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012 —Rajoy dio la misma excusa: los comicios habían sido en noviembre de 2011—. A partir de las generales de 2015, España se adentra en un periodo de más difícil gobernabilidad, con varios procesos electorales y de parálisis hasta la consecución de la investidura, y también de eventos extraordinarios.
El Ejecutivo prefiere comparecencias monográficas
2016 vivió nuevas elecciones y en 2017 Rajoy prefirió retrasarlo para no desvirtuar la discusión de los Presupuestos de ese año, que se acabaron aprobando en aquel verano. La idea era haber celebrado el debate de política general en 2018, pero la moción de censura contra él prosperó y el 1 de junio España estrenaba nuevo presidente. En 2019 se convocaron las generales del 28 de abril, siguieron las municipales, autonómicas y europeas de mayo, y de nuevo otras generales, las del 10 de noviembre. 2020 fue el año de la pandemia y en 2021, aunque la oposición pidió a Sánchez el debate de la nación, este insistió en que la lucha contra el coronavirus no había concluido y en que las discusiones en el pleno por las sucesivas prórrogas del estado de alarma habían ejercido esa función. En 2022, tras las andaluzas en las que el PSOE se estrelló, sí hubo comunicación al Congreso, que el presidente aprovechó para vitaminar su proyecto, girarlo a la izquierda y enfilar el final de la legislatura, que moriría un año más tarde, en los comicios del 23 de julio de 2023. En aquella ocasión, Sánchez tuvo como oponente no a Feijóo, que ya era líder del PP, pero no tenía escaño de diputado, sino de senador. Quien le dio la réplica fue su número dos, Cuca Gamarra.
La particularidad de este formato es que se discuten y votan propuestas de resolución, y el Gobierno tiene a su bloque de investidura agrietado. En el Ejecutivo recuerdan que son mociones de carácter político
Los socialistas recalcan que no rehúyen el Parlamento, que Sánchez se somete periódicamente a minidebates del estado de la nación, a comparecencias específicas, como la última que tuvo, monográfica sobre defensa, el 26 de marzo, y en ellas la dinámica es similar: discurso del presidente y réplica de los grupos, contrarréplica del jefe del Ejecutivo y nueva respuesta de los portavoces. Sin embargo, lo que distingue al debate de política general de otras citas parlamentarias es que se repasa la acción global del Gobierno y se discuten y votan propuestas de resolución, por las que la Cámara insta al Gabinete a hacer algo. Mociones de carácter no vinculante, no obstante. Pero el cómputo de cuántas gana y cuántas pierde el Ejecutivo siempre es jugoso, sí tiene valor político. Y la coalición de PSOE y Sumar no cuenta con mayoría: el bloque de investidura está agrietado y, como se ha visto en otras votaciones en esta legislatura, el PP puede torcerle el brazo alineándose, además de con Vox, con Junts y ocasionalmente con el PNV.

En la Moncloa señalan que no les frena, a la hora de programar el debate de la nación, la falta de una mayoría aquilatada y el riesgo de perder varias votaciones. "¿A quién le han importado alguna vez las resoluciones que se aprueban?", recuerdan en el equipo del presidente. Y es cierto que semanalmente salen adelante mociones de carácter simbólico en el Congreso —y en el Senado, que el PP controla con mayoría absoluta—, que son desatendidas por el Ejecutivo de turno. Son iniciativas, como las resoluciones que emanan del debate de política general, de orientación política, que no obligan al Gobierno a nada. Por eso en la propuesta de reforma del reglamento del Congreso del PP se incluye, mediante la introducción de un nuevo artículo 197 bis, además de la obligación de celebración anual, la de que el Gobierno dé cuenta, con un informe "detallado", de las "actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas" en el debate de política general.
Para los socialistas, lo que más pesan son las leyes, 30 aprobadas en lo que va de legislatura, porque son las que transforman la vida de los ciudadanos. Pero aún no ha salido adelante ningún nuevo Presupuesto
Para los socialistas, lo que pesan más no son las resoluciones y mociones políticas, sino las leyes publicadas en el BOE y ya en vigor —30 en lo que va desde el arranque de la legislatura, entre reales decretos leyes, proyectos de ley y proposiciones de ley—, porque son las que transforman la vida de los ciudadanos. En esa treintena de iniciativas legislativas aprobadas, no hay aún unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ni se esperan. Ya están prácticamente descartados los de 2025, así que Sánchez se volcará en los 2026, igualmente muy difíciles. Pero el presidente ya ha manifestado su intención de continuar hasta el final de legislatura, en 2027, con o sin ellos.
Un nuevo debate del estado de la nación, el número 27 de la historia democrática de España, busca fecha. Sitio. Pero es pronto todavía para saber cuándo llegará.
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