Un giro de guion imprevisto. Un respiradero donde no pensaba hallarlo. Gobierno y PSOE no han salido del terremoto Cerdán, y es probable que no lo consigan en mucho tiempo, porque la investigación está en un punto muy inicial, y se han encontrado con un caso de enorme impacto y que revive el recuerdo de la corrupción del PP: la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y de otras 27 personas por haber beneficiado supuestamente a empresas gasistas mientras formaba parte del Gobierno de Mariano Rajoy. El exdirigente del PP ya ha pedido la baja como militante pero quien no ha hablado aún es el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo. Y en él se fijan los socialistas, para que actúe, para que "rinda cuentas", para afearle que llame "mafia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando tiene a sus dos exministros de Hacienda —ahí incluyen a Rodrigo Rato— que han acabado "imputados" por corrupción.

El miércoles por la tarde el caso explotó. El magistrado Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, levantó el secreto de una investigación que logró mantener a resguardo, sin filtraciones, durante siete años, e imputó a 28 personas, entre ellas a Montoro, por la posible comisión de delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Según el juez, el resultado de las diligencias llevadas a cabo pone de manifiesto "la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".

"Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", indica el auto. La trama gira en torno a la consultora Equipo Económico (antes, Montoro Asociados y actualmente Global Afteli), una mercantil fundada por Montoro en 2006, y las beneficiarias eran supuestamente empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Industriales y Medicinales (AFGIM), que lograron la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018, cuando Montoro era ministro.

"Más que darnos oxígeno, esto es un game changer", celebra un ministro. Es decir, que el caso Montoro sobre todo consigue cambiar el viento de la conversación pública, que el foco ahora descanse en el PP logrando que, de paso, se desbarate, siquiera parcialmente, su estrategia de oposición, volcada en la erosión del Gobierno y de Sánchez por la investigación de los dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (este, en prisión provisional desde el 30 de junio), y del exasesor del exministro, Koldo García.

"Genio y figura"

Pero detrás de las declaraciones públicas también hay un cierto reconocimiento de que el estallido del caso Montoro puede ayudar a la ultraderecha. "Esto ayuda a Vox sin duda. Al PP le frena en seco. Ahora, que Feijóo siga con las saunas [los negocios del fallecido suegro del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez], pero esto es desastroso para Feijóo", sancionan desde el núcleo duro de Sánchez. "Hay que tener en cuenta que Vox y PP son vasos comunicantes —tercian en el corazón de la ejecutiva federal socialista—. Esto le puede restar al PP, pero no a nosotros".

Ferraz disparó a través de X al poco de saltar la noticia, el mismo miércoles. "Los dos ministros de Hacienda del PP han acabado imputados. Y si llegan a poner tres, pues habrían sido tres. Y luego uno [Feijóo], que tiene una foto de vacaciones con un narco, llama mafia a los demás. Esto es el PP. Genio y figura", escribieron los socialistas a través de la cuenta oficial del partido.

Este jueves, hasta tres ministros dieron la réplica a un PP prácticamente silente. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, lo hizo desde Málaga. Pidió a Feijóo que "rinda cuentas" por la investigación a Montoro y sobre lo que está ocurriendo "con tantísimos altos cargos" populares, dado que las pesquisas alcanza a dos cúpulas del Ministerio de Hacienda, dado que están imputados, además de Montoro, nueve altos cargos de su segunda etapa en el departamento (2011-2018) y a cuatro de su primera época (2000-2004), estos últimos por sus oficios en Equipo Económico. Montoro, dijo la vicepresidenta primera, es "un ministro más" de todos los que ha tenido el PP "que tiene que dar respuesta en los tribunales". "La Justicia tiene que investigar hasta el final si los hechos que le imputan, que son muy graves, realmente se corresponden", sostuvo, y añadió que Hacienda, en todo lo que se le requiera, colaborará.

El principal eje de crítica de los socialistas era el silencio de Feijóo. La comparación con la respuesta de Sánchez, que salió en rueda de prensa en Ferraz apenas unas horas después de que trascendiera el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Santos Cerdán, tras el que él mismo le pidió que abandonara todos sus cargos y dejara su escaño en el Congreso. El ex número tres también cursó su baja de militancia. "Siempre" que un alto cargo socialista ha estado inmerso en algún proceso judicial, el PSOE "ha dado explicaciones", recordó Montero, por lo que entiende que corresponde a Feijóo —también incluyó al presidente andaluz, Juanma Moreno— "rendir cuentas de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en los tribunales con tantísimos altos cargos", informa EFE.

Una "vergüenza" que Feijóo eche "balones fuera"

Pero hay otra arista del caso que también conviene a la lectura de los socialistas: que Montoro introdujo cambios en las leyes que de él dependían para beneficiar presuntamente a empresas que pedían favores. El PP, aseguró Montero, "defiende los intereses de unos pocos" dado que está "en el bando de los privilegiados" y pone "todos los recursos del Estado" a disposición de esos intereses. Y "eso es lo que se está viendo" de "todas las etapas" de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el que se pusiera "el aparato del Estado al servicio de los intereses minoritarios".

El titular de Transformación Digital, Óscar López, calificó de "vergüenza" que el PP eche "balones fuera" y no dé "ninguna justificación" de la causa abierta contra el exministro de Hacienda. El responsable socialista, también líder de los socialistas madrileños, ironizó con el hecho de que justo este jueves Feijóo tuviera su agenda vacía y no pudiera dar explicaciones sobre la "montaña de corrupción" en la que "ha vivido" el PP. Y esa es otra de las claves que quiere explotar el PSOE, el concepto de "corrupción sistémica", asociárselo a los populares. Pero es una estrategia también con riesgos, porque aún se desconoce el alcance del caso Cerdán, aunque la Moncloa y Ferraz han venido insistiendo en que confían en que no se hallará rastro de financiación ilegal del partido. Certidumbres, eso sí, ninguna.

López contrastó la "contundencia" del PSOE con la actitud del PP. Génova comunicó a las 13.35 de este jueves que Montoro había notificado por la mañana "su decisión de dejar su condición de afiliado del Partido Popular". Y dio otro dato más que se desconocía: "El comité de derechos y garantías del PP había decidido anoche [por la noche del miércoles] la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso. Dicho procedimiento queda ahora en suspenso". Antes de ese comunicado se había manifestado en Antena 3 el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, insistiendo en que no era comparable el caso Montoro con los escándalos que acechan al Gobierno y al PSOE, porque no aparecen mordidas, prostitutas, colocación de amigas o cátedras que no existen, dijo. El titular de Transformación Digital, en sus declaraciones a los medios en Madrid, afeó a Bravo que recurriera al "y tú más premium" para no dar explicaciones.

El ministro también remarcó una característica propia de esta investigación: que no haya habido filtraciones en los siete años que se han desarrollado las pesquisas sobre las "prácticas mafiosas" de Montoro. Algo en lo que también puso el acento la titular de Igualdad, Ana Redondo, en una entrevista en Las mañanas de RNE. La ministra señaló que hay jueces que llevan a cabo una investigación "sin filtraciones". Un subrayado nada casual, porque los socialistas se han quejado de lo contrario, de que haya habido revelaciones en los casos que les afectan. "Hay jueces que hacen muy bien su trabajo, son escrupulosos, van poco a poco, avanzando y no se producen filtraciones, cuando con otros casos estamos viendo filtraciones prácticamente a las 24 horas de producirse cualquier acción judicial", deploró, informa Europa Press. Redondo calificó de "muy seria" la instrucción del juez Rus y consideró "terrible" que "toda una cúpula ministerial" estuviera "dedicada al saqueo" cuando el país sufría los recortes en los servicios públicos.

En redes sociales estuvo muy activo, como acostumbra, el titular de Transportes. Óscar Puente apuntó a la responsabilidad de Rajoy por nombrar a ministros "sin saber a qué se dedicaban" y rebatió la "peor excusa" que el PP "podía poner", que es que no hubo "prostitutas ni colocación de amigas". "¿Acaso sabe ya el PP en qué se gastaron el dinero que supuestamente cobraron Montoro y su equipo para ahorrarles impuestos a algunos?". Los socialistas, lo hizo la nueva portavoz, Montse Mínguez, también se mofaron de que en un mensaje a través de X el PP hablara de "lo ocurrido" para insistir en que Feijóo no tenía por qué saber lo que ocurría en Hacienda en 2018 y sin mentar a Montoro. Emulando aquello de "esa persona de la que usted me habla" con que Rajoy esquivaba referirse a su extesorero Luis Bárcenas.

En el PSOE son conscientes de que el terremoto Cerdán no se ha apagado. Pero en la dirección sostienen que hay que apretar los dientes y seguir. "Solo sé que vale la pena seguir trabajando porque la alternativa de PP y Vox es muy chunga. Y lo que está pasando en Francia, con el anuncio de recortes de más de 40.000 millones de euros, es un ejemplo. Hay argumentos de sobra para dar la batalla y ganarla. Faltan dos años de legislatura. Siempre en positivo", indica un alto mando de la cúpula de Sánchez. Lo que no está nada claro es si el Ejecutivo logrará tener aprobados unos nuevos Presupuestos, que serían los primeros de esta legislatura, también porque ERC ya ha lanzado el aviso de que no dará su apoyo si no cumple el PSOE con la financiación singular catalana.

"Ojalá tuviéramos nuevas cuentas —continúan desde Ferraz—. Pero la aritmética es la que es y no se acaba el mundo si no los tenemos. La economía sigue y los servicios se prestan. Unos Presupuestos son importantes, sí. Pero no trascendentales". Lo dijo Montero a los periodistas en Málaga: la elaboración de las cuentas "seguirá su curso" y "a lo largo de los próximos meses" el Gobierno estará "en condiciones de hablar con los grupos", así que "absoluta tranquilidad". "Las cosas se plantearán en los momentos oportunos. Vamos con tiempo y estaremos en ello". De momento, el PSOE quiere que el PP sufra con su propio (e inesperado) nuevo caso de presunta corrupción.