Lo que ayer decían muchos cargos socialistas en privado lo verbalizó con total contundencia este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, voz más que autorizada del Gobierno y dirigente muy cercano al propio presidente. Lo que está en marcha, cree, es una "operación de derribo" del Ejecutivo por "métodos no democráticos", para que colapse y le reemplace la derecha. Y eso, avisa, los socialistas no lo van a "consentir" ni "tolerar".
Para el PSOE, la eclosión ayer de una nueva derivada judicial, el caso Leire ha colmado el vaso de su paciencia. A la catástrofe de las elecciones en Andalucía del 17 de mayo, siguió la profunda conmoción de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, ayer, el requerimiento judicial en Ferraz y la descripción, por parte del juez Santiago Pedraz, de un supuesto entramado con cargo a fondos del partido para torpedear investigaciones en los tribunales contra Pedro Sánchez y su entorno o contra miembros de la formación. Justo la víspera de que arrancase en Badajoz el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ya avanzó ayer la línea argumental que hoy desplegó, con mucho más detalle, su compañero de Gabinete, Óscar Puente: "Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias", despachó López.
Los dos miembros del Gobierno son dirigentes muy cercanos a Sánchez. López no hablaba ayer por sí mismo. Y hoy tampoco lo hizo Puente cuando atendió a los periodistas en el Congreso, y de hecho la Moncloa validó posteriormente sus palabras. El titular de Transportes no se detuvo en los detalles del duro auto de Pedraz. "Estamos en una fase de instrucción. Dejemos que trabaje la Justicia", dijo de entrada, aclarando que no estaba pidiendo "respeto por la Justicia", sino que continúe trabajando. Sí se fijó en que dos presuntos intentos de soborno de la supuesta trama a dos personas, al fiscal José Grinda y a la empresaria Carmen Pano, han sido "desmentidos categóricamente". En el primer caso, por el entorno del fiscal a la Cadena SER anoche en Hora 25 y en el segundo, por la abogada Leticia de la Hoz —letrada de Koldo García— vía comunicado. "Demos tiempo para que las cosas se esclarezcan y no sentemos conclusiones que son absolutamente prematuras, y además vulneran el derecho a la presunción de inocencia de mucha gente".
Dejemos trabajar a la Justicia, pero dejemos claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se traducen en información privilegiada, acciones para derribar al Gobierno"
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
Pero lo que "no se necesita esperar para saber" es que un medio —El Confidencial— adelantó que la operación de la UCO en Ferraz se iba a producir, dato que no tendría "mucha importancia", alegó Puente, si no se hubiera condenado a Álvaro García Ortiz, ya ex fiscal general del Estado, por revelación de secretos, que "consistía en informar a la opinión pública de un bulo". Esa publicación a primera hora de la mañana, señaló, fue "utilizada por el Grupo Popular en Cámara" en la sesión de control minutos después, pese a que la entrada en Ferraz no era por supuesta financiación ilegal, sino por el caso de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez.
"Esto es lo que está pasando en este país. Eso no hace falta demostrarlo o esclarecerlo, porque ya se sabe. Esto sucedió en el día de ayer [por este miércoles. Y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas. Y, desde luego, el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar", advirtió. El Ejecutivo, reiteró, no se va a "doblegar" ante los "intentos de nadie" de "perturbar" la democracia por esas vías que no son limpias.
"Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones para derribar al Gobierno", remachó. Que haya "calendarios, filtraciones, utilización de una causa declarada secreta" por la oposición "daña seriamente", para el ministro, "la imagen de la Justicia" y "daña la presunción de imparcialidad que tienen que tener este tipo de investigaciones".
Puente recordó que "casualmente" este jueves empezaba el juicio a David Sánchez. "En mi época, en el ejercicio profesional [como abogado], siempre había oído aquello de que la política y la Justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la Justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente". Y apuntó a una coincidencia que no le encaja: el juicio al hermano del presidente con el de la Kitchen —hoy declaraban los principales acusados, el exministro del PP Jorge Fernández Díaz y su ex número dos, Paco Martínez—, un caso de hace "la pila de años" y que, a juicio del Gobierno, ha quedado deliberadamente opacado por la sucesión de noticias contra ellos. "Yo [lo] tengo muy claro, y mucha gente en esta país tiene muy claro qué está sucediendo. Y creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento, es importante".
Para Puente, los tiempos de la política y la Justicia "se acompasan". El titular de Transportes defiende a Zapatero, un "ciudadano particular" que se dedica a "lo mismo" que el resto de expresidentes
Los periodistas le preguntaron cuáles son esos "métodos no democráticos", si se refería al juez Pedraz o a la UCO. Puente volvió sobre las coincidencias: la causa contra Begoña Gómez, la condena al ya ex fiscal general del Estado por una filtración que "nunca se persigue" o la imputación a Zapatero. El ministro aprovechó entonces para defenderlo, porque continúa "atónito" con la causa, ya que él se dedica "más o menos a lo mismo que se dedican el resto de expresidentes, no digo ya de España, sino del mundo". El exmandatario socialista, incidió, es un "ciudadano particular", "parafraseando a la señora [Isabel] Díaz Ayuso [en alusión a su novio]", y "no un cargo público", y por tanto no está "sometido a las obligaciones" de estos últimos.
El titular de Transportes lo contrapuso al hecho de que no se haya investigado la hipotética participación de Mariano Rajoy en la operación Kitchen, pese a que un inspector de policía declaró en sede judicial, durante la vista, que se sacó al expresidente de los informes "porque le obligaron". Apuntó a otro doble rasero: se juzga a David Sánchez por haber sido fichado por la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios provinciales, "siendo músico" —y en un momento en el que Sánchez era "un apestado" en el partido—, cuando la hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue nombrada directora de un conservatorio de música de Málaga cuando una candidata "tenía 11 puntos más que ella en el proceso selectivo". La Fiscalía archivó esta última investigación.
Lo expresado por Puente es lo que opinan muchos dirigentes socialistas. Y muchos militantes. El ministro reconoció que es lo que palpa en las bases, una "profunda indignación" en ellas. Y advirtió de que eso puede tener un efecto bumerán contra la derecha. Porque hay "mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria". "En las casualidades no creo, y no me chupo el dedo, no se chupan el dedo en la mayoría de los militantes del PSOE y de las personas de izquierdas de este país", que están "ya al límite".
Respecto a quienes piden adelanto electoral, como PNV o Coalición Canaria, Puente señaló que son opiniones "muy respetables", pero nada más que eso, "una opinión", ya que "la decisión del presidente del Gobierno es firme", y es la de no anticipar los comicios. "Las legislaturas concluyen cuando se convocan elecciones o cuando hay una moción de censura. Y la decisión de convocar elecciones solo le corresponde al presidente del Gobierno", concluyó.
El PSOE subraya en su nota que recibió un "requerimiento de documentación" que fue atendido "con plena colaboración". Los agentes se fueron a las 00.30 horas, 16 horas después
Poco después de las declaraciones de Puente, el PSOE lanzó un comunicado. El primero después de la operación de la UCO ayer en su sede. El partido afirma "con rotundidad" que "no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer".
Ferraz cuenta que este miércoles recibió el "requerimiento de documentación" por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz, que motivó la presencia de los agentes de la Guardia Civil. Esa petición fue atendida, dice, "con plena colaboración", "y concluyó a las 00.30 de la madrugada". O sea, 16 horas después de que comenzase.
El PSOE recuerda que la causa se halla aún bajo secreto de sumario y que el partido es "el primer interesado en esclarecer" todo lo relativo al caso, así que adelanta que una vez que se levante el secreto y se analicen "todos los detalles", dará "las explicaciones pertinentes". "Con la transparencia que caracteriza a esta organización".
El partido recalca que es "el primer interesado en esclarecer" todo lo relativo a este caso y avanza que, cuando se levante el secreto del sumario y se analicen sus detalles, dará "explicaciones"
"Cabe recalcar que el PSOE ya venía colaborando con la Justicia sobre hechos coincidentes con este caso que ya están siendo investigados desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid [el caso Leire, que originalmente investigaba el juez Arturo Zamarriego]. La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento, donde además el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento. No resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos, pero en todos ellos el PSOE ha colaborado y colabora con cuanta información y documentación se le requiere". Lo que no ha hecho el partido todavía es querellarse contra Leire Díez. "Respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración. El Partido Socialista tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado", remata el comunicado oficial. Un mensaje que también lanzó la secretaria de Organización, Rebeca Torró, a través de redes sociales.
La nota de Ferraz no hace alusión a la gerente, Ana María Fuentes Pacheco, a la que el juez le imputa varios delitos como cómplice y, "en todo caso", como autora de falsedad en documento mercantil, ya que ella, precisa, emitía "las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos" para Díez. Ayer, el presidente Sánchez conoció su imputación por la prensa, tras su audiencia privada con el Papa en el Vaticano, y descató de Fuentes su "escrupulosa" labor conduciendo las cuentas del partido. Este jueves, Puente también la defendió: "Es una persona que ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido, y no tenemos ahora mismo ninguna razón para dudar".
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