El Gobierno vuelve a denegar de forma "ilegal" permisos de residencia a saharauis hijos de españoles

Cuando Brahim acudió este año a renovar su permiso de residencia en España, se encontró con una desagradable sorpresa. La oficina de extranjería de Badajoz había rechazado su solicitud. Una decisión desconcertante, puesto que el año anterior sí se la habían concedido. Como hijo de un ciudadano de origen español, Brahim tiene derecho a un permiso temporal de residencia de cinco años en nuestro país, según el nuevo Reglamento de Extranjería. Sin embargo, descubrió que la administración negaba la nacionalidad de su padre, pese a que nació en el Sáhara Occidental cuando el territorio formaba parte de España.

El caso de Brahim, nombre ficticio de este ciudadano saharaui, no es el único. En los últimos meses, Fatma el Galia, abogada de extranjería se ha encontrado con tres situaciones de este tipo. Y no duda de que a otros despachos de nuestro país están llegando personas con el mismo problema. Para la letrada, estas decisiones responden a la "violencia administrativa" que sufren los saharauis en territorio español, que se suma a su reciente exclusión de la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el caso concreto del permiso de residencia, El Independiente ha tenido acceso a dos de las resoluciones desfavorables hacia saharauis residentes en España. Según estos documentos, se ha desestimado las solicitudes en base a la sentencia 207/2020 del Tribunal Supremo: "Cualquiera que sea la opinión que merezca la normativa específica y cualquiera que sea la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara Occidental, lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara -algo por demás difícilmente cuestionable incluso durante la etapa de «provincialización»- y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española", cita el texto.

La sentencia, emitida en mayo de 2020, cerró la puerta a que a partir de ese momento los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante la época de la colonia pudiesen solicitar la nacionalidad española. Pero en el caso de Brahim, su padre ya la había obtenido antes de esa fecha, por lo que es un ciudadano español con todas las de la ley.

Una maniobra "intencionada"

Para la abogada, detrás de estas resoluciones desfavorables hay una clara "intencionalidad" de las autoridades españolas por querer denegar "todo lo que tiene que ver con los saharauis" sin entrar a valorar el fondo del asunto. En el caso de los dos documentos emitidos por las oficinas de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno, una de Málaga y otra de Badajoz, el contenido de los textos es prácticamente el mismo. "Cualquier persona que las compara llega a la conclusión de que han sido dictadas por el mismo funcionario", asegura El Galia.

Es una tomadura de pelo y un atropello a la legislación, a la ley de extranjería y a los autos de jueces que conceden la nacionalidad

Las decisiones de estas dos oficinas contravienen un principio básico del derecho: la irretroactividad de las leyes. Una norma no puede tener efecto retroactivo a no ser que beneficie a la persona afectada o que el texto de la misma así lo especifique. Ninguno de estos dos supuestos se aplica al caso de la nacionalidad de los saharauis. Así, Fatma el Galia denuncia que los funcionarios de Extranjería están aplicando la sentencia del Tribunal Supremo de forma retroactiva, y por lo tanto ilegal.

Además, dicha sentencia solo se refiere al apartado 17c del Código Civil, que señala que son españoles de origen "los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad". Sin embargo, la normativa contempla otros tres supuestos por los que se puede adquirir la nacionalidad de origen. De esta manera, la abogada aprecia que la administración "está encajando a todos los saharauis en ese concepto", sin siquiera saber el motivo por el que sus padres obtuvieron la ciudadanía española.

En el caso de las solicitudes de residencia denegadas en base a este argumento falso consultadas por El Independiente, una está firmada por la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés Gordillo, y la otra por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz.

Llueve sobre mojado

Esta no es la primera ocasión en la que El Galia se encuentra este tipo de trabas en la administración. El año pasado este periódico ya informó de una cascada de resoluciones denegatorias en circunstancias similares desde las oficinas de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno de toda la geografía española. Ante esta información y tras reconocer la gravedad de los hechos, la secretaría de Estado de Migraciones reculó.

En aquel momento, aseguraron haber enviado de manera urgente una circular a las oficinas de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno en la que se indicaba que "esas personas deben recibir la consideración de ciudadanos españoles de origen a todos los efectos". Estos hechos tuvieron lugar hace un año, cuando todavía no había entrado en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería. La Secretaría de Migraciones decía entonces que la nueva normativa "sería la herramienta que, de forma individualizada, pueda resolver y dar respuesta a cada uno de los casos existentes”. Un año después, los saharauis hijos de españoles se enfrentan al mismo problema que se suponía subsanado.

Inseguridad jurídica absoluta

Según explica Fatma el Galia, la nacionalidad es una cuestión civil, no administrativa. Por lo tanto, ningún funcionario de la administración puede entrar a valorar las decisiones judiciales que concedieron la nacionalidad española a ciudadanos saharauis antes de 2020, que es lo que está ocurriendo en las oficinas de extranjería. "Es una tomadura de pelo, una falta de respeto monumental hacia las declaraciones que hizo el Ministerio en su día y un atropello a la legislación, a la ley de extranjería y a los autos de jueces que conceden la nacionalidad", denuncia.

El Gobierno está regularizando a miles de personas mientras quita derechos ya reconocidos a ciudadanos saharauis

Además, no existe un criterio unificado a la hora de tomar en consideración las peticiones de residencia temporal de los saharauis. En el caso de Brahim, el año pasado acudió a una oficina de extranjería en Zamora, donde sí tuvo éxito para la renovación del permiso. En aquel momento no había entrado en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, por lo que la renovación se hacía anualmente y no cada cinco, como sucede en la actualidad. Ahora, presentando la misma documentación, se ha encontrado con el "no" de la administración.

El caso de Brahim pone de manifiesto la inseguridad jurídica a la que están expuestos los saharauis. Mientras que en Zamora su padre si es considerado ciudadano español, la oficina de Badajoz niega su nacionalidad. Esto pone en una situación muy complicada al joven saharaui, que no puede trabajar sin el permiso de residencia.

"Hemos presentado recursos y han venido desestimados, así que solamente nos cabe la vía judicial. ¿Qué hacen ahora? ¿Metemos a estas personas en un procedimiento judicial que va a durar dos años?", se lamenta El Galia. Durante el tiempo que se tardase en resolver el proceso, Brahim seguiría sin poder trabajar. "El Gobierno está regularizando a miles de personas mientras quita derechos ya reconocidos a ciudadanos saharauis", concluye la abogada, haciendo referencia a la regularización extraordinaria, cuyo plazo finalizará el 30 de junio, y de la que los saharauis también quedaron fuera.