Es una red que llega a todos los rincones. Se ha ido tejiendo pueblo a pueblo, gobierno a gobierno. El PNV tiene una sede social casi en cada municipio del País Vasco. Los batzokis, los lugares de reunión, ejercen una función social, política y de información muy valiosa para un partido centenario como el suyo. Se han convertido en una suerte de red de "antenas" sociales, de cohesion y de poder a pequeña escala que le han permitido tomar la temperatura de la sociedad vasca.

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El partido acumula casi medio siglo liderando Euskadi. Cincuenta años que le han permitido controlar estructuras, organizaciones y estar muy presente en la órbita del poder económico en Euskadi. Dicen que pocas cosas importantes se mueven sin el conocimiento de Sabin Etxea. Es la puerta que muchos tocan en busca de favores, ayudas o respaldo, pero que no todos logran abrir. Menos aún que su petición sea satisfecha.

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El último ejemplo lo ha aportado la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Es la segunda vez. Ahora ha sido por el 'caso Leire', antes lo fue por el 'caso Cerdán'. En ambos, los investigadores desligan al PNV de posibles irregularidades o ilegalidades. El foco lo sitúan en quienes quisieron influir en el partido para su beneficio propio. El contenido ahora conocido ha vuelto a evidenciar que en las estrategias de los corruptos en busca de mordidas a través de contratos públicos, mediaciones en favor de empresas en apuros o "conseguidores" de beneficios de otro tipo, tener acceso e influencia sobre el PNV puede ser un tesoro. En el País Vasco y en Madrid.

La codiciada puerta de Sabin Etxea

El rescate de Tubos Reunidos es el último ejemplo. La trama Hirurok ('Los tres' en euskera) -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández sabía que Sabin Etxea tenía capacidad de influir en el Gobierno y engrasar la petición que la empresa alavesa había hecho, casi en fase de súplica, a la SEPI para salir del pozo en el que se encontraba.

En este caso fue Antxon, empresario guipuzcoano próximo al PNV y propietario junto a Cerdán de Servinabar, quien tocó la puerta. A él, según la UCO, sí se le abrió, y el encuentro entre directivos de Tubos Reunidos y el PNV se dio nada menos que en la figura de su entonces presidente, Andoni Ortuzar, y su mano derecha, Joseba Aurrekoetxea. La mediación funcionó: Tubos Reunidos finalmente fue rescatada por la SEPI con 112,8 millones de euros. Aquella capacidad para llegar al poder en Euskadi, al PNV, les reportó a los integrantes de Hirurok 247.000 euros, según la UCO.

En el PNV esta vez emitieron una suerte de comunicado para aclararlo. Ellos se limitaron a mediar en favor de una empresa estratégica del tejido industrial vasco. Nada más. Lo que 'terceros' hicieran de forma paralela está al margen de su responsabilidad.

Las ramificaciones de la trama en Madrid

No hacía tanto, siete meses, que esa presunta trama de corrupción había aparecido en otro informe anterior de la UCO en hechos en los que también se citaba al partido. En el informe referido a Santos Cerdán figuraba una negociación con el PNV apenas días después de que Sánchez llegara al poder. El epígrafe "peticiones nombramientos PNV" se completaba con presuntas peticiones de los jeltzales para negociar nombramientos en organismos como la SEPI, Adif o el INI: "Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme". Entonces el PNV lo volvió a negar todo: "No hay absolutamente nada".

En agosto del año pasado la investigación volvía a situar al PNV cerca de los investigados. En esta ocasión, del 'conseguidor' Antxon Alonso. La información de la UCO mostraba cómo en 2018, días antes de la moción que derrocó a Rajoy, Antxon Alonso habría ejercido el papel de convencer a EH Bildu para sumarse a la moción cotra Rajoy junto al PNV y el PSOE para aprobarla. Otegi reconoció haberse visto con Alonso hasta en cuatro ocasiones. Aitor Esteban despachó la información con un "no tengo ni idea de quién es" y recordando que no le necesitó para negociar, que eso le correspondió a él como portavoz del PNV en el Congreso.

Sobre quien el PNV no pudo asegurar que no le conocía era Iñaki Alzaga. Cuando la investigación reveló que poseía el 4% de Servinabar, la incomodidad en Sabin Etxea fue evidente. El presidente de Nortegas, exdirectivo de Euskaltel y consejero delegado del Grupo Noticias -el grupo mediático afín al PNV- es un viejo conocido del partido.

Los vascos Leire, Koldo y Antxon

En realidad, en esta trama la proximidad geográfica también ha jugado su papel. Leire Díez nació en Portugalete, municipio vizcaíno gobernado durante 16 años por el socialista Mikel Torres, actual vicelehendakari del Gobierno vasco. La UCO ha encontrado 1.288 mensajes entre ambos, en los que la 'fontanera' buscaba influir en Torres para que ayudara a Tubos Reunidos.

A escasos kilómetros de allí, en Barakaldo, nació y creció otro de los personajes centrales de la trama: Koldo García. Y en la vecina gipuzkoa, en Elgoibar, el empresario Antxon Alonso.

Acercarse al poder político ha sido históricamente el camino más corto que los corruptos siempre han explorado. En el PNV lo han padecido en numerosas ocasiones, cuando no ha ocurrido en sus propias estructuras. La corrupción política no es ajena a la formación, menos aún en una trayectoria tan larga al frente de Euskadi. Ha controlado los gobiernos vascos en democracia, salvo los cuatro años que lo lideró Patxi López (2009-2012).

El falso 'oasis' vasco

La historia reciente ha aflorado casos de corrupción en las entrañas del PNV. El más grave lo encabezó quien fuera su número dos en Álava, Alfredo de Miguel. Lo hizo acompañado de otros miembros relevantes de la ejecutiva del partido en el territorio, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, y de un director de Juventud del Gobierno vasco, Javier Sánchez Robles. Fueron los rostros principales de los 14 condenados en firme de esta causa por el cobro de mordidas por adjudicaciones públicas en el caso De Miguel.

En el PNV se ha subrayado en muchas ocasiones que el País Vasco es una suerte de 'oasis' frente a la corrupción en el resto de España. Una supuesta singularidad que rara vez puede darse donde se concentran altas dosis de poder. Las últimas décadas han acreditado que Euskadi no es ninguna isla y que muchos casos de corrupción o han rozado al PNV o se han gestado en alguna de sus estructuras.

Los escándalos fiscales de los hermanos Bravo

Los ha habido de todo tipo. Uno de los más sonados fue el de los hermanos Bravo: Víctor y José María. Ambos eran directores de oficina de Hacienda, uno de la de Irún y otro de la de Gipuzkoa. La Justicia condenó a José María Bravo por malversación, estafa y blanqueo tras quedar probado que cobró deudas fiscales en metálico a contribuyentes en apuros a cambio de borrar esa deuda de la base de datos de la Hacienda foral.

Por su parte, Víctor Bravo (exdirector general de la Hacienda de Gipuzkoa y exsenador del PNV) fue condenado de forma definitiva en 2024 por la Audiencia Provincial a 2 años y 5 meses de prisión (una pena rebajada frente a los 7 años iniciales debido a las dilaciones indebidas del proceso) como cooperador necesario de delitos contra la Hacienda Pública. Quedó acreditado que facilitó que una gran promotora inmobiliaria catalana simulara tener su sede en el País Vasco para evadir impuestos en Cataluña, aprovechando el régimen fiscal foral vasco, mucho más beneficioso.

Del caso Margüello al urbanismo de Getxo

En la Sanidad, varios han sido los escándalos que han salpicado a cargos del PNV. Uno de ellos fue el denominado caso Margüello, en referencia al médico José Carlos Margüello. Las empresas del facultativo habían acordado procedimientos irregulares con responsables de la administración sanitaria en Bizkaia para la gestión de listas de espera de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud). Los pacientes se desviaban de forma fraudulenta a algunas de sus empresas privadas para ser tratados.

En el ámbito municipal, el PNV también se ha visto envuelto en escándalos que han terminado en los tribunales, como los tres exalcaldes del municipio de Alonsotegi que cobraban ayudas públicas para obras que nunca se hicieron.

Asimismo, las irregularidades en el 'caso Pinosolo' fueron plenamente acreditadas por la Autoridad Vasca de la Competencia: el amaño en la adjudicación de un megaproyecto para construir un complejo polideportivo en la localidad de Leioa (Bizkaia), presupuestado en más de 50 millones de euros. Sin embargo, la vía penal se archivó al declararse los delitos prescritos.

Ahora, más reciente, el PNV se ha visto en otro caso incómodo para algunos de sus cargos: el derribo del palacete de Getxo. Se trata de un caso de corrupción urbanística en el que varios concejales jeltzales se han visto implicados en una investigación por presuntos delitos contra el patrimonio histórico tras el derribo de una mansión protegida del siglo XIX (Irurak Bat) para construir viviendas de lujo. Una operación inmobiliaria en la que varios de los ediles investigados tenían intereses directos como cooperativistas.