Hasta hace unos días, Ignacio González vivía una vida relativamente plácida. Sobre su cabeza tan sólo sobrevolaba el asunto del ático de Estepona, en el que, por cierto, ha pasado las últimas vacaciones de Semana Santa. Había montado un despacho de influencias en la calle de Alcalá aunque apenas tenía clientes. Pero no pasaba apuros económicos porque a su cuenta llegaban puntualmente créditos de algunos de sus familiares más cercanos -incluido su padre de 90 años- que luego él devolvía en billetes contantes y sonantes.

En esos días de asueto en la Costa del Sol habló con un amigo de asuntos menores como la próxima boda de una de sus hijas. Nada hacía pensar que una semana después sería detenido por la Guardia Civil y que un juez de la Audiencia Nacional decretaría su ingreso en prisión.

El dinero y al amor no se pueden ocultar, dice el refrán. Algunos políticos en España han vivido con tal sensación de impunidad que no han tenido reparo en lucir su poderío comprándose chalets de lujo y áticos exclusivos sin reparar en que sus ingresos (ni siquiera sumando los de sus esposas) daban para tanto dispendio. Es el caso de González.

Al verle rodeado de guardias acompañándole a un furgón como si fuera un vulgar chorizo uno se pregunta: ¿cómo se sentirá este hombre altivo que siempre alardeó de su poder? Porque el ex presidente de la Comunidad de Madrid no sólo era el hijo político de Esperanza Aguirre, sino que supo generar a su alrededor adhesiones inquebrantables, sobre todo en el mundo de los negocios.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid supo arroparse por un nutrido grupo de empresarios, cuya red de favores y comisiones alarmó a Génova

A Nacho le apoyaban, sobre todo, los empresarios, algunos grandes empresarios a los que mimó para que le mimaran. El más destacado, Javier López Madrid, hombre llamado a ocupar la cúpula de OHL antes de que salieran a la luz sus tórridas relaciones extramatrimoniales con una dermatóloga madrileña.

Al PP/Génova siempre le preocuparon las conexiones de González. No sólo porque era el escudero de Aguirre, sino porque a los oídos del tesorero Álvaro Lapuerta llegaron informaciones sobre la petición de comisiones a empresas que ya estaban pasando por taquilla nacional. Hubo momentos de alta tensión en los que Lapuerta llegó a esgrimir una pistola que guardaba en un cajón de su despacho.

El ruido no sólo apuntaba a empresas constructoras o de seguridad, sino al Canal de Isabel II, que González quiso privatizar y que era una máquina de hacer dinero. La empresa pública sirvió, entre otras cosas, para pagar facturas a empresas de la trama Púnica, según el juez, "sin aparente contraprestación". Un alto funcionario de la Comunidad denunció los manejos del anterior presidente, Salvador Victoria, mano derecha de González. El denunciante tuvo que salir corriendo. Probablemente ahora (como ha ocurrido con la denuncia del ex alcalde de Leganés Jesús Gómez) sepamos cómo pagaba sus gastos el ex consejero de Presidencia de la Comunidad.

La entrada en prisión de González supone un hito en la vida política española. Es el quinto ex presidente de una comunidad autónoma que entra en prisión (le precedieron Matas, Urralburu, Marco y Hormaechea), pero, por lo que apuntan los investigadores, el volumen de fondos sustraídos de las arcas pública dejan pequeñas las aventuras de sus colegas en Baleares, Navarra, Aragón o Cantabria.

En todo este lodazal hay que destacar el trabajo del juez Velasco, de la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, de la UCO. Si hay una institución sólida y fiable -olvidemos a Roldán-, ésa es la Guardia Civil, a la que el abogado Gómez Benítez, negociador con ETA en la etapa de Zapatero, llegó a culpar de las dificultades para llegar a un acuerdo: "Esos sólo le hacen caso al Duque de Ahumada".