¡Ay si Felipe González hubiera previsto en octubre de 1995 lo que nos iba a descubrir Cristóbal Montoro 23 años más tarde, esto es, que no hace falta tener los Presupuestos aprobados para dar continuidad a la legislatura porque para eso están los decretos! Cuando la CiU de Jordi Pujol anunció  a la altura de aquel mes de junio al presidente del gobierno que ya no contaría con su apoyo y concretamente que no aprobarían su proyecto de Presupuestos, el líder socialista comprendió que el mandato iniciado en 1993 había llegado a su fin y, efectivamente, convocó para marzo de 1996 unas elecciones que estaban previstas para julio de 1997, un año largo más tarde.

Pero entonces se partía de la base, que no había sido discutida hasta el día de hoy, de que sin presupuestos no hay legislatura que se pueda mantener y de que no es posible prorrogar las cuentas generales del Estado más allá de un ejercicio. Pero eso era antes de que el actual ministro de Hacienda, señor Montoro, nos explicara que no hace falta tener Presupuestos, que se puede seguir gobernando igual a golpe de decreto. Pues si eso es así, tendremos que preguntarle inmediatamente para que se tomó la molestia de negociar a la baja el dinero que el gobierno vasco paga al Gobierno central como compensación por las competencias no transferidas,  un acuerdo que se cerró en mayo del año pasado y que soliviantó al resto de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, que lo consideraron tan beneficioso para el País Vasco como insolidario con el resto de las comunidades de España, que están en este momento literalmente"asfixiadas".

Montoro acaba de introducir una nueva doctrina que, sin duda, será muy del agrado de los independentistas catalanes

Aquel acuerdo, que supuso rebajar en nada menos que 225 millones al año la cantidad que recibirá el Gobierno tenía como objetivo lograr el  apoyo del PNV a los Presupuestos generales del Estado, incluye medidas como rebajar la tarifa eléctrica a las empresas vascas, inversiones millonarias en infraestructuras, el compromiso de terminar la Y vasca para que el AVE llegue a las tres capitales vascas, además del acuerdo para incrementar la  plantilla de la Ertzainza. Eso entre otras cosas, que han generado la sospecha generalizada de que la comunidad autónoma vasca está sobrefinanciada, todo para sacar adelante las cuentas del Estado. Pero se entendió que se buscaba el Sí del PNV a los Presupuestos para 2018 y ahora nos dice Montoro que puede pasar sin ellos.

El hecho es que, por culpa de la situación catalana, el PNV se ha echado atrás y no está dispuesto a votar la Ley de Presupuestos mientras el artículo 155 siga en vigor en Cataluña. Y, dado que nunca en la historia de nuestra reciente democracia se ha prorrogado un presupuesto más de un ejercicio, la previsión que todos se hacían hasta ayer, era la de que el Gobierno se iba a ver en la necesidad de aceptar las exigencias de quienes le apoyaban hasta ahora -PNV pero también Ciudadanos- o se vería empujado a convocar elecciones anticipadas en 2019.

Tendrán que desarrollar esa ocurrencia porque es la primera vez que una interpretación así se pone sobre la mesa

Pues no. El señor Montoro y "fuentes autorizadas" próximas al Gobierno acaban de introducir una nueva doctrina que, sin duda, será muy del agrado de los independentistas catalanes, a saber: que lo que no está expresamente prohibido por la ley está autorizado. Y como la Constitución en su artículo 134. 4  sólo dice que "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos",  ahora resulta que el Gobierno y su ministro de Hacienda no se sentirían empujados a disolver las Cámaras y convocar elecciones anticipadas si las cuentas de 2018 no salen adelante. Ya lo han dicho claramente: no ven impedimento para que los PGE puedan prorrogarse dos años seguidos. ¿Y por qué no tres, o incluso cuatro? Es más, ¿qué necesidad hay de hacer unos Presupuestos y someterlos a la aprobación del Parlamento si todos los obstáculos se pueden superar a golpe de decreto?

Según ha declarado Cristóbal Montoro, por ese procedimiento se harán los pagos a cuenta de las Comunidades Autónomas para que ellas sí puedan hacer sus respectivos presupuestos y no sean ellas las que paguen el pato de los desacuerdos con los partidos de la oposición. Y por el mismo sistema se incrementarán los sueldos de los funcionarios y se incrementará la oferta de empleo público, entre otros asuntos.

El clima político que Montoro ha creado no es el más favorable para que Ciudadanos le vaya a facilitar esa aprobación inexcusable

Esas "fuentes autorizadas" del Gobierno nos han desvelado también que la novedosa  idea de que un Gobierno no puede funcionar sin los Presupuestos "ya está obsoleta" porque se puede gobernar perfectamente vía decretos ley. Bueno, tendrán que desarrollar esa ocurrencia porque es la primera vez que una interpretación así se pone sobre la mesa, en unas circunstancias además que permiten atribuir a esas "fuentes autorizadas" la necesidad imperiosa de buscar una escapatoria de la trampa en la que el Gobierno se puede ver atrapado si la situación en Cataluña no se despeja y permita que el acuerdo sobre las cuentas generales se produzca antes de que llegue la primera semana de abril, tope máximo para sacar adelante los Presupuestos. Hay, eso sí, una condición que es insoslayable: el Gobierno tiene que tener aprobado el techo de gasto antes del 30 de junio, para lo cual necesita que los partidos de la oposición se lo voten en el Congreso antes de esa fecha.

Pero el clima político que Montoro ha creado con sus autosuficientes declaraciones no es el más favorable para que su principal y más próximo adversario, Ciudadanos, le vaya a facilitar esa aprobación inexcusable. Será por eso por lo que  el ministerio de Hacienda se preparan para celebrar negociaciones parciales con el propósito de llevarse a  su terreno a los sindicatos y a las comunidades, entre otros asuntos, paseando por delante de sus narices la apetitosísima zanahoria del incremento económico que se salde con una serie de acuerdos que tengan la fuerza para cerrar después la salida parlamentaria a los partidos de la oposición. Éste parece ser el juego.

En términos reales, en el sentido de que la vida es muy dura y que a nadie le amarga un dulce de un incremento del sueldo o una mayor financiación, el Gobierno tiene las armas necesarias para ganar esa partida. Pero en términos políticos el panorama que se dibuja no tiene un pase. Porque se suponía que estábamos de acuerdo en que no todo lo que no está prohibido por la ley se puede hacer.