Sean finalmente juzgados o no por un delito de terrorismo los individuos que agredieron brutalmente a dos agentes de la Guardia Civil, que en ese momento iban de paisano, y a sus parejas, lo que sucedió en octubre de 2016 en Alsasua ha permitido que los medios de comunicación muestren a la opinión pública la situación en la que siguen viviendo los miembros de ese Cuerpo en muchos lugares del País Vasco y también de Navarra.

Y la realidad que ellos mismos y sus familias cuentan es que ya no les matan pero no les dejan vivir. La de pasear por determinados barrios de esa localidad navarra sigue siendo una decisión arriesgada porque en ellos continúa vigente las órdenes de una ETA desaparecida oficialmente pero vigente en la vida cotidiana de los pueblos. Y esa orden incluía una iniciativa bautizada como Alde Hemendik (Fuera de Aquí)  que buscaba, y sigue buscando, forzar por la fuerza la marcha de la Guardia Civil. Esa es la estrategia impulsada por ETA y sigue en vigor dirigida por la izquierda abertzale y por las plataformas afines a la banda terrorista.

Por eso no tiene nada de extraño que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la asociación de víctimas del  terrorismo, COVITE, sostengan que lo ocurrido en Alsasua hace año y medio se encuadra dentro de esa estrategia. Por ese motivo y porque la juez que instruyó el caso, Carmen Lamela, compartió ese criterio, hoy se celebra el juicio en la Audiencia Nacional que es quien tiene la competencia para juzgar los presuntos delitos de terrorismo.

El pasado sábado miles de personas se echaron a la calle en Pamplona para reclamar justicia y para exigir a los jueces que no condenen a los procesados por terrorismo. Lo llamativo, significativo y muy grave de esta manifestación es que en ella han participado una representación del gobierno navarro; el parlamento de esa comunidad, que previamente había aprobado una declaración institucional en apoyo de los presos y en demanda de unas condenas “proporcionadas”;  el alcalde de Pamplona y el sindicato Comisiones Obreras, además por supuesto de las organizaciones sindicales y los partidos de la izquierda independentista, a los que se ha sumado Podemos, que siempre acude en apoyo de toda acción segregadora.

¿Alguien ha mencionado a los agredidos? ¿Alguien ha defendido su derecho a circular libremente por la calle sin ser acosados, insultados y humillados?

¿Alguien ha mencionado a los agredidos? ¿Alguien ha defendido su derecho a circular libremente por la calle sin ser acosados, insultados, humillados y agredidos? Absolutamente nadie de los que el sábado se manifestaban en defensa de esos “muchachos” que se habían excedido en una simple pelea de bar hizo el menor gesto, la menor mención a las víctimas .

Y aquí tenemos al alcalde de Alsasua, Javier Ollo, del partido independentista Geroa Bai, explicándole a nuestro compañero Mikel Segovia que en el año y medio transcurrido desde la agresión no ha tenido tiempo de interesarse por las víctimas de la brutal agresión y que ahora ya para qué, que es una pena pero que a estas alturas ya no tiene sentido.

Ahora bien, sí que participó en la manifestación para presionar a los jueces -intento inútil- y está muy preocupado por lo mal que lo están pasando los familiares de los muchachos que van a ser juzgados. Pero lo más impresionante por lo que tiene de síntoma que lo que todavía se vive en esa localidad navarra y en otras del País Vasco, es que advierte de que si los agresores son condenados a las penas más altas el clima de odio a la Guardia Civil se incrementará en el pueblo.

Desde las posiciones más radicales, los verdugos son las víctimas, las palizas son leves choques sin importancia y las leyes son represión

El problema es que ese clima existe desde hace décadas, sólo atemperado ahora por la desaparición de ETA, lo cual ha permitido que no se sigan produciendo más asesinatos. Pero eso, con ser mucho, no ha devuelto en absoluto, como el alcalde y otros muchos pretenden, la normalidad al País Vasco y a una parte de Navarra, donde la hostilidad persiste en grado máximo alentada además en este caso desde el propio gobierno de la comunidad.

En esta versión pervertida de la realidad de los hechos que se impone desde las posiciones más radicales, los verdugos son las víctimas, las palizas son leves choques sin importancia, las leyes son represión y los tribunales son sus agentes. Esta es la historia que se ha dado durante décadas en el País Vasco y que se extendió durante años silenciosamente a Cataluña hasta que ha estallado ahora en toda su magnitud.

Si los españoles en su conjunto no logran pronto revertir esta situación que se propaga amenazadora por demasiados territorios, España acabará teniendo un dramático problema de supervivencia al que finalmente sucumbirá. Y no hemos llegado hasta aquí después de siglos de caminar juntos para terminar malamente de esa manera.