El Tribunal Supremo tiene en su mano el futuro político de Pablo Casado. La decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel de elevar al Alto Tribunal la causa del máster, al encontrar indicios de delito (prevaricación administrativa y cohecho impropio), sitúan al nuevo líder del PP ante la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargo público por un periodo de cinco años.

La exposición razonada de la juez resulta aparentemente sólida. En resumen: el catedrático y responsable del Instituto de Derecho Público (organismo autónomo dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos), Enrique Álvarez Conde, organizó, en torno al máster que él mismo dirigía, una trama que consistía en otorgar títulos a un grupo de «alumnos escogidos» sin que éstos tuvieran que realizar ninguna actividad académica. Los enchufados lo eran por su relación personal con el propio  Álvarez Conde o por su relevancia política (condición que la juez atribuye a Casado).

Rodríguez-Medel estima que Casado, que en 2009, año en que cursó el máster, era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones, podría estar entre ese grupo de «escogidos» y, como no puede seguir adelante en la investigación, al ser éste aforado, pide al Supremo que estime si es competente y, por tanto, si asume continuar con la investigación.

El trámite para imputar a Casado es complejo. Primero, una vez que el Supremo reciba la exposición razonada, le dará traslado a la Fiscalía para que ésta dé su opinión. Un fiscal de Sala emitirá un informe, que, dada la trascendencia del caso, será visado por la Fiscal General del Estado, María José Segarra.

Si el dictamen del fiscal es favorable, posteriormente será una Sala de Admisión de cinco magistrados la que decidirá si asume la causa. Si lo hace, todavía no se podría decir que formalmente Casado esté imputado. Lo normal es que éste pida declarar voluntariamente ante el Supremo. Sólo cuando el instructor pida al Congreso el suplicatorio puede afirmarse que el presidente del PP pasa a la condición de imputado. Lo que equivale prácticamente a la muerte política.

El Supremo tardará meses en decidir si imputa o no al líder del PP. Durante ese tiempo, Casado será sospechoso de dos delitos y sus contrincantes le van a machacar por su presunta culpabilidad

Eso proceso supone que, al menos durante tres meses, Casado va a vivir en un limbo judicial que le va a lastrar en su actividad como líder del PP, ya que sus rivales políticos van a utilizar este caso para desacreditarle y minar su credibilidad en una de las banderas que le ha llevado a relevar a Mariano Rajoy: la regeneración política.

Sin ir más lejos, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, calificó ayer a Casado de «indigno». Y eso que todavía ningún tribunal ha dicho nada aún sobre su imputación.

Casado va a vivir durante los próximos meses un calvario que va a minar las posibilidades del PP en los procesos electorales que podrían llevarse a cabo en Andalucía y Cataluña.

Si, al final, el Supremo decide imputarle los efectos políticos se dilatarían durante mucho más tiempo, pudiendo darse la circunstancia de que el gobierno decidiera adelantar las elecciones en la próxima primavera estando todavía por dictaminar si Casado es o no culpable de los delitos de los que se le acusa.

Aunque en el PP intente quitarle hierro a la decisión de la juez de elevar la causa al Supremo, la verdad es que esta decisión va a pesar como una losa sobre su presidente a menos de un mes de haber sido elegido y a las puertas de un apretado calendario electoral.

La presunción de inocencia desde el punto de vista político dejó de existir en España hace mucho tiempo. Casado ya está condenado -también mediáticamente- hasta que el Supremo no dictamine lo contrario.

Lo peor es que no estamos ante un asunto grave de corrupción, sino ante posibles delitos que se produjeron hace diez años y que tienen que ver con una titulación académica que a Casado sólo le ha servido para lucirla en su c.v.

¿Son los indicios que aprecia la juez suficientes como para invalidar políticamente la trayectoria del líder del PP? Yo creo que no. Y si el resto de los partidos utilizan este asunto para cargar contra Casado no tardaremos mucho tiempo en ver como reciben el castigo de su propia medicina.

Una vez más, la política en España pasa por los tribunales, se residencia en el Supremo. Ahora al Alto Tribunal le toca decidir nada más y nada menos si Casado continúa o debe hacer las maletas. Lo único que podemos hacer es exigirle que no nos mantenga en vilo durante mucho tiempo.