El Parlament de Cataluña vivió ayer una jornada histórica: el bloque independentista perdió once votaciones, una de las cuales implicaba la reprobación del rey Felipe VI, y otra disposición trataba sobre el derecho inalienable de autodeterminación. ERC, JxCat y la CUP acumularon 65 votos, tres menos de los necesarios para sumar la mayoría absoluta.

Más importante que las votaciones (todas ellas de carácter simbólico) es la causa que llevó a esas derrotas, impensables hace unos meses. La Mesa del Parlament, con los votos de ERC, rechazó el planteamiento de JxCat de que los diputados huidos o encarcelados pudieran votar por delegación, desobedeciendo la resolución del Tribunal Supremo y haciendo caso omiso al dictamen de los servicios jurídicos de la cámara catalana. Por tanto, no se sumaron los votos de  Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull (tampoco el del ex conseller de ERC huido Toni Comin).

ERC se ha hartado de que la política catalana gire en torno a los caprichos del ex presidente de la Generalitat, que pretende seguir ejerciendo sus funciones desde su chalet de Waterloo. Los líderes republicanos han aprendido la dura lección que significa desobedecer las resoluciones judiciales. Lo expresó con claridad Jordi Coronas, portavoz de ERC en Barcelona, en un tuit dirigido a Puigdemont: "Deja de pedir lo que tú no estás dispuesto a hacer".

Lo que llevó a Torrent y a ERC a rechazar las pretensiones de Puigdemont de vulnerar la resolución del Supremo no es la negociación con el gobierno de Sánchez, sino el temor a la implacable acción de la Justicia

Parece que nadie quiere ir a la cárcel y muchos de los diputados de JxCat respiraron tranquilos ante la decisión de la Mesa, que garantizaba que se iba a cumplir la ley. Desde luego, el que no quiere poner en riesgo su futuro político es el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, personaje nuclear en la ruptura. Lo sucedido ha sido un varapalo para Puigdemont y su vicario, el presidente Torra, que ha visto como el pragmatismo se ha impuesto, pese a que ello suponga renunciar momentáneamente a la épica.

Lo que sucedió ayer no nos debe llevar a pensar que el gobierno soberanista está en riesgo. El pacto de ERC y JxCat lleva la legislatura hasta el día en que se conozca la sentencia del Supremo, lo que alarga su duración probablemente hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Hasta entonces veremos escaramuzas, disputas y, al mismo tiempo, promesas de caminar juntos hacia la independencia, aunque sólo sea para que la CUP y los CDR no asalten las calles antes de tiempo.

Pero, aunque eso sea así, no hay que minusvalorar el deterioro público para la imagen de unidad del bloque que ha tenido lugar y que cristaliza una ruptura que se producirá por fases.

¿Cómo se ha llegado a esto? La clave está en la acción implacable de la Justicia. Tanto el Supremo como la Fiscalía han demostrado que el Estado de Derecho funciona y que jueces y fiscales no se han doblegado ante las presiones que evidentemente se han producido en las últimas semanas para que se produjera un cambio en su criterio.

Sería un error atribuir este debilitamiento del independentismo a la estrategia del gobierno, que consiste en abrir expectativas de que una negociación política puede llevar a un cambio sustancial en la tensión que vive la política catalana desde hace años. El presidente Sánchez no cayó ayer en la tentación de atribuirse el mérito de las derrotas independentistas en la rueda de prensa que dio junto al presidente chileno Sebastián Piñera, pero en su entorno se transmitía una indisimulada satisfacción.

La lección que hay que colegir de lo acaecido ayer en Barcelona es clara: la mayoría de los independentistas han comprobado que vulnerando la legalidad sólo consiguen ir a prisión (que algunos privilegiados han eludido huyendo sin avisar a sus compañeros).

Es un aviso a navegantes para lo que nos espera en el futuro. Sólo se puede negociar desde el respeto a la ley. Abrigar esperanzas de que es posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña o de que se puede eludir la acción de la Justicia en función de pactos secretos, sólo lleva a reforzar las tesis de los nacionalistas más radicales o de los antisistema.