Hay una segunda vuelta de las elecciones generales porque las autonómicas y municipales -las europeas se abordan con otra mentalidad- se van a celebrar sin que se haya cumplido un mes de las generales. Por lo tanto, el elector tiene claro en la memoria el destino final de su reciente voto y el resultado de las combinaciones que ha permitido la aplicación de la ley D’Hont.

Ahora las cosas son más fáciles y más directas porque en las municipales y autonómicas el voto es más proporcional y los votantes saben que pueden modificar si lo desean el resultado electoral del 28 de abril. Los contendientes son los mismos pero comparecen ante el electorado con disposiciones muy diferentes.

El PSOE, vencedor de estos comicios, aspira a beneficiarse de la ola de adhesiones que comporta automáticamente toda victoria y los líderes autonómicos respiran algo más tranquilos ante la nueva convocatoria. Pero tanto el PP como Ciudadanos se disponen a disputarles el poder habida cuenta de que en términos cuantitativos los votantes de la izquierda -PSOE y Podemos- están prácticamente igualados a los de la derecha – PP, Ciudadanos y VOX- lo que convierte esta nueva batalla en un enfrentamiento más igualado.

Pero el problema es distinto en cada uno de los bloques. En la izquierda, Podemos aspira a no seguir perdiendo apoyos con la intensidad con que los ha perdido en los comicios generales, razón por la cual no deja de presionar a Pedro Sánchez para que incluya a algunos de los suyos en el Gobierno o por lo menos en los altos niveles de la Administración que permiten los nombramientos a dedo.

Pero Pablo Iglesias no va a tener la respuesta a sus peticiones a tiempo para exhibirla en la nueva campaña electoral como trofeo que disimule la auténtica dimensión de su fracaso. De modo que tendrá que batallar fiado en sus propias fuerzas para conseguir por este orden: una presidencia autonómica, algo extraordinariamente improbable por no decir imposible; puestos en los gobiernos de algunas comunidades, y esto sí lo puede conseguir con presidentes socialistas, como de hecho, sucedió en Castilla-La Mancha durante esta pasada legislatura; y un puñado de alcaldías de las que ya ostenta. Es un objetivo modesto y alcanzable.

Por lo que se refiere al PSOE, como explica aquí Miguel Riaño, las presidencias de Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura podrían verse amenazadas por las candidaturas de derecha aunque, insisto, la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones generales ha proporcionado un refuerzo muy considerable a las candidaturas socialistas en todas las comunidades y ayuntamientos.

El problema lo van a tener las derechas en toda España pero muy especialmente en Madrid

El problema lo van a tener las derechas en toda España pero muy especialmente en Madrid. El Partido Popular de Pablo Casado, herido de muerte en las elecciones generales, no sobrevivirá fácilmente si pierde su plaza emblemática, que es Madrid. La Comunidad madrileña y la capital de España son ahora mismo el madero al que la dirección del PP se va a abrazar para no desaparecer bajo la riada que le ha arrastrado el 28 de abril.

Y ésta va a ser una lucha cuerpo a cuerpo, por un  lado con el partido que le disputa en el ámbito nacional el liderazgo de la oposición conservadora y por otro con el que ha «mordido» en las generales más de medio millón de votos y le relegado a la tercera plaza por detrás de PSOE y Ciudadanos. Con sus adversarios más directos es con los que el PP habrá de pactar, y ceder, si quiere conservar la presidencia de la Comunidad o el Ayuntamiento de la capital.

Lo que parece más probable, a pesar de que el PSOE haya sido el más votado el 28 de abril y de que acumula junto con Podemos más de 1.600.000 votos, es que la suma de los tres partidos del centro y la derecha se alce con la victoria porque en las generales esa combinación ya obtuvo más de dos millones de votos. Por lo tanto, y dado que las opciones de Manuela Carmena, de Más Madrid y la de Pepu Hernández, el candidato del PSOE, parece que van a quedar muy por debajo de la posibilidad de ganar la alcaldía, es razonable dar por ganadora a una de las dos candidaturas de la opción conservadora.

Si nos atenemos a los resultados electorales del 28 de abril, la batalla entre Begoña Villacís, de Ciudadanos, y José Luis Martínez-Almeida, del PP, para disputarse la alcaldía de Madrid será prácticamente casa por casa. Pero si la ligerísima ventaja que en la capital obtuvo el PP sobre Ciudadanos se alterara en favor de este último partido, Albert Rivera no cedería de ninguna manera su puesto a menos que, algo poco probable, tuviera que negociar a cambio la presidencia de la Comunidad.

Ese escenario supondría un golpe mortal para la aspiración de Pablo Casado en su giro al centro: recuperar la alcaldía le proporcionaría el oxígeno que le es imprescindible para iniciar la remontada desde el subsuelo que está obligado a intentar. Y no lo tendrá fácil si es Ciudadanos quien se alza finalmente con la victoria. Sobre todo porque, para que la candidata de Cs accediera a presidir el Ayuntamiento, requeriría del apoyo del PP y de Vox, que venderá caro su respaldo y pondrá sus condiciones. Un trago muy amargo para los populares.

Y lo mismo sucede con la Comunidad. Si los electores no cambian su voto, Ignacio Aguado será el próximo presidente de Madrid con los votos de PP y de Vox en los mismos términos. Con lo que nos encontramos con un combate entre adversarios que tienen que asumir necesariamente su irrenunciable condición de socios y no sólo en Madrid sino en otras muchas plazas de España, así que asistiremos a una ceremonia de ataques recíprocos sin llegar nunca al punto en que resulte obligado romper un escenario de futuros pactos. Porque se detestan tanto como se necesitan. Difícil equilibrio.