El Gobierno se equivoca si piensa que no tiene ninguna necesidad de compartir con el resto de los líderes de la oposición, notablemente de los grupos del centro derecha, que son los que tienen opciones de gobernar España, una parte de la responsabilidad en las decisiones que adopta en el transcurso de esta crisis del coronavirus.

Y se equivoca en eso fundamentalmente porque tiene la necesidad de que el Congreso convalide los decretos gubernamentales previamente aprobados y puestos en práctica. Eso es lo que ha ocurrido con la decisión del Gobierno de paralizar toda actividad económica que no resulte esencial en estos momentos. Una decisión así, de semejante calibre y de efectos probablemente demoledores para la recuperación futura del país, no se debe, no se puede, poner en práctica sin haberla consultado y consensuado con los actores sociales, empresarios y sindicatos, y con los líderes más importantes de la oposición que no son, ya se ha visto, sus socios de investidura, léase ERC y Bildu, que a las primeras de cambio se han abstenido de apoyar al Gobierno en sus primeras decisiones de emergencia nacional. Estoy hablando sobre todo pero no únicamente del PP y de Ciudadanos.

Porque los efectos de esa unilateralidad exhibida podrían resultar desastrosos para el propio Gobierno y para la aprobación por el Congreso de las decisiones adoptadas. Habría sido imprescindible que ese penúltimo decreto, que el propio presidente había descartado claramente días antes, hubiese sido negociado para poderlo publicar en el BOE con la bendición de todas las partes implicadas, y no me refiero a todas las personas afectadas por la decisión, sino a quienes tienen la responsabilidad de asumir la representación de la ciudadanía y de los sectores a los que la orden del Gobierno va a alterar radicalmente en su actividad empresarial.

La posición del Partido Nacionalista Vasco respecto de este Gobierno va a ser a partir de ahora mucho más crítica de lo que lo había sido nunca hasta este momento

Iñigo Urkullu, lehendakari vasco, y Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, han sido las dos voces de dirigentes autonómico que se han levantado contra lo drástico de unas medidas que podrían llegar a producir un daño mayor que el que pretenden paliar. No es seguro que eso vaya a ocurrir porque depende de algo que de momento desconocemos y es cuánto tiempo más va a durar esta crisis y, en consecuencia, cuánto tiempo van a estar paradas y cerradas las actividades de cientos de industrias y de miles de empresas de otro tipo.

Lo explicó en muy pocas palabras Núñez Feijóo cuando dijo que la distancia entre dar al botón de Pausa y dar al botón de Apagado era demasiado pequeña y podía traer consecuencias catastróficas para todo el país. La reacción del PNV y del empresariado vasco fue más dura y expresada en términos más contundentes, y la posición del Partido Nacionalista Vasco respecto de este Gobierno va a ser a partir de ahora mucho más crítica de lo que lo había sido nunca hasta este momento. Y eso es porque no se les consultó y de hecho se hizo lo contrario de lo que ellos habían pedido. Algo parecido ha sucedido con el Partido Popular, que había respaldado con sus votos los primeros decretos gubernamentales pero ahora se ha revuelto contra un Pedro Sánchez que no se ha molestado en ponerse en contacto con Pablo Casado para explicarle sus propósitos y pactar con él algunos de sus términos.

La prueba la tuvimos ayer tarde con la reacción del PP con la que Casado valoraba el último decreto aprobado por el Gobierno en la que ponía crudamente de manifiesto todas las carencias a las que el Ejecutivo no ha dado aún respuesta y en la que criticaba que se haya llegado tarde al aplazamiento de las cuotas y hipotecas porque ya se han cobrado las correspondientes al mes de marzo. Pide Casado que se inyecte inmediatamente liquidez a las pymes y a los autónomos, y además el aplazamiento de los impuestos tanto del IRPF como de sociedades. Es decir, el líder del PP se está aplicando a señalar los puntos negros de la gestión del equipo gubernamental. Cosa que no estaría ocurriendo, no por lo menos en este campo concreto, de haber Pedro Sánchez pactado con él algunos de los extremos que Casado critica ahora con dureza.

El PSOE cuenta con que al PP y a Ciudadanos no les va a quedar más remedio que respaldar la semana que viene en el Congreso los decretos del Gobierno. Puede que tenga razón, pero también puede que el debate previo en la Cámara se convierta en una cascada de críticas y descalificaciones que, de ser así, debilitarán muy mucho unas medidas contra las que ya se han pronunciado las organizaciones empresariales, otros representantes ninguneados por el Ejecutivo. Y en ese caso, y dado que el hachazo que va a sufrir España entera en términos económicos, laborales y sociales se prevé de una enorme envergadura, les será mucho más fácil a quienes son críticos con estas medidas impuestas por decreto adjudicarle al Gobierno toda la responsabilidad de lo sucedido por la mala gestión de la crisis.

Se ha equivocado Pedro Sánchez no involucrando a las fuerzas políticas, a las organizaciones empresariales y a los presidentes autonómicos de modo que pudieran contribuir con sus aportaciones a una decisión que va a suponer un precio altísimo para todos los españoles. Aún tiene tiempo para rectificar en parte ese gigantesco error cometido a causa de la precipitación pero también de la falta de experiencia y de la capacidad política necesaria para poner la mirada un poco más lejos de la rigurosa inmediatez que plantean los gravísimos problemas que estamos padeciendo.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, adoptó ayer en su comparecencia un tono moderado e incluso hizo algunas apelaciones a la «humildad» para reconocer posibles errores y para convocar a todas las fuerzas -políticas, empresariales, sindicales, sociales- a aportar sus ideas para mejor encarar esta catástrofe sanitaria y económica a un tiempo. Bien está, pero se necesita algo más que una comparecencia modosa y amigable para enderezar este entuerto.

El vicepresidente Pablo Iglesias debe comportarse con arreglo a la dignidad de su cargo, lo cual le impide disfrazarse de clochard

Por cierto, el señor vicepresidente no se puede presentar ante la opinión pública de España y del mundo entero vestido de pobre de solemnidad, con una chaqueta tres tallas más grande de lo que corresponde a su envergadura. Y este no es un comentario frívolo sino una consideración muy seria. El señor Iglesias es una alta autoridad del Estado y, como tal, nos representa a todos los españoles. Debe comportarse por lo tanto con arreglo a la dignidad de su cargo, lo cual le debería impedir disfrazarse de clochard, una condición que no le encaja de ninguna manera ni por su posición en el Gobierno ni tampoco por su posición social, ésa que determina el nivel de ingresos y el nivel de vida y bienestar de cada uno de nosotros. Y todos sabemos cuál es el que disfruta el señor vicepresidente.

Por lo demás, las medidas que él anunció ayer van en la buena dirección porque pretenden proporcionar un cierto grado de seguridad a un sector de la población a la que esta tragedia desatada por la pandemia del coronavirus ha destrozado su seguridad y sus perspectivas de futuro. El problema del señor Iglesias es que la hemeroteca no le favorece sino todo lo contrario y ayer circulaba por las redes una intervención suya de septiembre de 2016 en la que bramaba ante su público enarbolando la siguiente tesis: «¡No hay nada más ideológico que politizar el dolor!». Así visto, como enunciado político de alguien que es hoy miembro del Gobierno, resulta muy inquietante.

Ya sabemos que sus posiciones se han moderado actualmente, por lo menos en apariencia. Pero cuando esgrime el artículo 128 de la Constitución -aquél que dice en su punto 1 que «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y cuyo punto 2 termina diciendo «se podrá acordar la intervención [pública] de empresas cuando así lo exigiera el interés general»-, mucha gente se pregunta qué entiende él por el interés general, no vaya a ser que, de paso que «politiza el dolor» pretenda someter al control del Estado toda actividad industrial, económica y financiera del país. Sus antecedentes políticos y sus planteamientos ideológicos no son los que van a producir un mínimo de confianza y tranquilidad al tejido empresarial. No genera confianza sino todo lo contrario. Y ése es un serio problema con el que el Gobierno tiene también que cargar.