Digamos de entrada que es una buena noticia el que las conversaciones para abordar las medidas económicas y sociales con las que habrá de enfrentarse el país al devastado paisaje posterior a la crisis se vayan a celebrar en la sede de la soberanía nacional, que eso es el Congreso de los Diputados. Ése y no otro es el ámbito en el que las fuerzas políticas elegidas por los ciudadanos deben abordar los problemas que afecten a España.

Y digo esto porque existe últimamente una tendencia perversa y sospechosa de sacar las negociaciones fuera del Parlamento para instituir unas llamadas mesas en las que se sientan gentes decididas libremente en función de los intereses que persiguen unos y otros pero que no responden ni a criterios de representación popular ni al control exigible en todo pacto que afecte a los intereses generales de los españoles. Es una costumbre que conviene ir abandonando porque es una derivación bastarda y sumamente peligrosa.

Bienvenida, pues, esa rectificación del presidente del Gobierno que no ha gustado a los partidos que probablemente esperaban imponer por la vía de los hechos sus particulares reivindicaciones. Estoy pensando ahora mismo en Laura Borrás, portavoz parlamentaria de JxCat, que se ha mostrado contraria, e irritada, ante esta modificación. Y en cierto modo también en el PNV, aunque en su caso la protesta tiene más que ver con lo errático del comportamiento del Gobierno en toda esta crisis.

Dicho esto, no creo de ninguna manera que esa comisión, cuya composición, contenido y formato debe ser decidida por la Mesa del Congreso, deba servir también para buscar responsabilidades del Gobierno en la gestión de la pandemia que padecemos, como parece que pretende el PP. Si eso llegara a convertirse en un sucedáneo de una comisión de investigación, la virtualidad de ese acuerdo logrado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado no conduciría más que al fracaso.

A todos los diputados les une o les deberá unir una convicción: la de que no hay dinero para todo, que la deuda pública no se puede disparar como si no existieran límites, que el déficit no es de goma elástica

Para controlar la Gobierno, interpelarle sobre las medidas que está adoptando y hacer todas las críticas que se consideren oportunas ya están los plenos y las sesiones de control. Revitalícese la vida parlamentaria, algo que resulta imprescindible en estos momentos de incertidumbre, pero no confundamos las cosas ni los objetivos. Esta comisión que aún no está constituida sino tan sólo pactada tiene una misión muy concreta y trascendental: deberá acoger todas las propuestas que cada formación política, en representación de su fuerza parlamentaria, ponga sobre la mesa para el debate.

Son infinitos los aspectos que los diputados presentes en esa comisión tendrán que abordar para intentar paliar el desastre que se nos viene encima. Es cierto que las posiciones de unos y otros son muy distintas y en algunos casos directamente incompatibles. Pero a todos les une o les deberá unir una convicción: la de que no hay dinero para todo, que la deuda pública no se puede disparar como si no existieran límites, que el déficit no es de goma elástica.

Y, sin embargo, que hay que encontrar el modo de que el paro no deje a millones de personas en la pobreza y la desesperanza; de que los pequeños y medianos empresarios no se vean obligados a echar el cierre a sus negocios y alimenten el crecimiento de las filas del SEPE, el antiguo INEM; de que las familias tengan lo suficiente para comprar la comida, pagar la luz y la calefacción de sus hogares; de que no haya ningún niño infralimentado y tantas otras urgencias que ya se atisban en el horizonte y que el Banco de España ha cuantificado con unos datos de caída de nuestra actividad económica que producen escalofríos.

Es evidente que el Gobierno no está en condiciones de afrontar en estricta soledad la devastación que se avecina. Tan evidente como que necesita al principal partido de la oposición para adquirir algo de fuerza en el desarrollo de su ingratísima tarea. Pero tan evidente como eso es que las soluciones, o los parches de urgencia, que proponen los socios del Gobierno miembros de Podemos son directamente incompatibles con los que proponen los miembros del PP y los de Ciudadanos.

Y ahí va a estar uno de los grandes obstáculos para que los trabajos de esta comisión lleguen a buen puerto. Pero ahí el presidente del Gobierno tendrá que optar: o apuesta por las pretensiones estatizadoras de la economía nacional, que es lo que está sugiriendo Pablo Iglesias en cuanto tiene ocasión de esbozar la salida económica de la crisis, o apuesta por defender el sistema de libre empresa en el que se ha desarrollado hasta ahora la vida económica española. O considera a los empresarios como el enemigo al que atar en corto, como sugieren algunas de las intervenciones más audaces de su ministra de Trabajo, o acepta que el empresariado es, contando con la aportación de los sindicatos, la fuerza imprescindible para sacar al país del pozo en el que ya se está hundiendo.

Si se trata en esa comisión de abordar las necesidades nacionales aplicando el sentido constructivo y se aparta toda tentación de ingeniería social y de imposición cuasi revolucionaria de un nuevo modelo económico, puede que se llegue a acuerdos interesantes y útiles para el país. Pero si de lo que se trata es de apostar por darle un vuelco al sistema de libre mercado, que es lo que yo creo que pretende el señor Iglesias, eterno defensor del sistema de colectivización, Pedro Sánchez no sólo habrá asegurado su derrota en las siguientes elecciones, que en ese caso serían antes de lo previsto y deseado por él, sino que habrá infligido un daño irrecuperable al futuro de los españoles.

La comisión puede servir para mucho o no servir para nada y resultar un fracaso del que sería muy difícil que el país se recuperase. Pero eso no lo sabemos todavía. Hay que esperar.