Una de las cosas que el Covid 19 se va a llevar por delante es la mayoría parlamentaria que permitió a Pedro Sánchez ser elegido presidente del gobierno el pasado 8 de enero.

La izquierda vendió como un "hito histórico" la constitución de un gobierno de coalición progresista por primera vez desde que Largo Caballero conformara un ejecutivo sólo con ministros del Frente Popular en plena guerra civil.

En base al acuerdo firmado en diciembre de 2019 por Sánchez (en representación del PSOE) y Pablo Iglesias (en representación de Unidas Podemos) se formó un gobierno con cuatro ministros pertenecientes a la formación morada. Iglesias fue designado vicepresidente segundo y responsable de las políticas sociales de un ejecutivo que basaba su estrategia en tres ejes: un giro a la izquierda, consistente en eliminar los recortes del PP y lanzar un ambicioso programa de gasto; abanderar una nueva manera de hacer política caracterizada por la regeneración y la honradez, y, por último, la apertura del diálogo con los independentistas.

Pero la ejecutoria del gobierno de coalición en cuanto al cumplimiento de esos tres ejes ha sido más bien escasa. Se aprobó una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se dio luz verde -tras sonora bronca entre ministros- al anteproyecto de ley de Libertad Sexual, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero (que en pleno mes de agosto ha sido retirado para subsanar errores) y... nada más. Justo después de la manifestación del 8 de marzo, el Gobierno se enteró de que la epidemia del Covid iba a sobrepasar con creces los "dos o tres casos" que vaticinó con frivolidad extrema el responsable de Alarmas, Fernando Simón.

Sánchez contaba para este año con un crecimiento económico cercano al 2%, pero el virus va a llevar al PIB a final de 2020 a un desplome en el entorno del 10%. Ese batacazo sin precedentes hace inviable el plan de aumento del gasto público que contemplaba el acuerdo de gobierno; pero, además, la recepción de 140.000 millones euros en subvenciones y créditos por parte de la UE en base al Plan de Reconstrucción aprobado el pasado mes de julio estará condicionada a políticas que, a medio plazo, deben reducir el déficit y la deuda pública. Algo que es incompatible con el programa común PSOE/UP. No sólo eso, sino que hace también imposible la derogación total de la reforma laboral implantada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Cuando el paro se va a disparar por encima del 20% es absurdo dificultar la flexibilidad de las empresas para ajustar sus plantillas. Ni la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla ya de esa eliminación de la reforma laboral. Si hay alguien que representa la mutación de este gobierno, esa es Díaz. No la pierdan de vista. Para empezar, ya se ha ido de Izquierda Unida.

La realidad es tozuda, como decía el padre del marxismo. Y este gobierno ha tenido que hacer frente a un escenario que no contemplaba ni el más agorero de los asesores y en el que la prioridad de la acción política consiste, nada más y nada menos, que en salvar vidas y evitar el colapso de la economía.

Sánchez necesita un presupuesto austero y que se amolde a una situación económica de emergencia. Para eso ya no le valen los partidos que le dieron la mayoría en enero. En cuanto a las amenazas de ruptura de Podemos, no son más que burdo postureo

La realidad, la tozuda realidad, ha hecho fracasar la medida estrella del gobierno de coalición durante la pandemia, el Ingreso Mínimo Vital. La mayoría de los que lo han recibido han sido designados de oficio. Pero hay decenas de miles de personas que esperan desde hace meses recibir lo que Iglesias calificó pomposamente como "nuevo derecho social en España" sin que nadie les explique por qué a ellos no les toca. Ni los datos para ponerlo en marcha han sido cruzados por las distintas administraciones, ni los funcionarios que deben aplicarlo han sido contratados. Un ejemplo más de la improvisación que ha sido el denominador común de la acción del gobierno casi desde su constitución.

Sobre la regeneración Sánchez ya casi no habla. Las puertas giratorias se han vuelto a abrir de forma escandalosa para dar cobijo a antiguos ministros o incluso diputados. Podemos está siendo investigado por malversación y administración desleal en un juzgado de Plaza Castilla. Por su parte, el juez Manuel García Castellón tiene en su punto de mira al mismísimo Iglesias por un posible delito de denuncia falsa en el rocambolesco caso Dina.

Respecto a los independentistas, tras una reunión en Moncloa el pasado 26 de febrero, la llamada "mesa de diálogo" no se ha vuelto a reunir. Y no ha sido sólo por las limitaciones que impone el virus. Las tensiones internas en el seno del independentismo han contribuido al fracaso de una operación diálogo que permanece en stand by.

En fin, que el verano concluye y el gobierno necesita construir una nueva mayoría. Sánchez es consciente de que se la juega en el próximo trimestre. Sabedor de los riesgos a los que se enfrenta, ha decidido pasar la patata caliente de la gestión del virus a las autonomías. ¿Recuerdan cuando el presidente decía aquello de que "el virus no conoce fronteras" o que "entramos todos juntos y saldremos todos juntos"? Pues eso ahora ya no es así. Como dijo en su comparecencia tras el último Consejo de Ministros, la realidad no es la misma en todo el territorio. "Vivimos en un estado cuasi federal", aseveró, por lo que hay que dejar que sean las autonomías las que afronten con sus competencias la segunda oleada del virus, esa que tiene atemorizado al sistema público de salud y que ha sumido en el desconcierto a padres y profesores de cara al comienzo del curso.

Sánchez se va a concentrar ahora en la construcción de esa nueva mayoría, que debe forjarse en la negociación de los presupuestos. Para ello, la pieza clave es Ciudadanos.

Por eso Moncloa, que no da puntada sin hilo, ha dado prioridad a la reunión con Inés Arrimadas frente a Gabriel Rufián (ERC), a pesar de tener tres escaños más que C's y de ser uno de los apoyos parlamentarios del gobierno.

La ministra de Economía, y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño ya está dejando caer que los presupuestos no tienen por qué incorporar una subida de impuestos, tal y como pretenden los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez.

La cuestión es si la propia coalición resistirá este giro al centro, ese reconocimiento implícito de que el programa firmado en diciembre de 2019 es sencillamente irrealizable cuando el PIB se está hundiendo un 10%.

El pasado viernes, Rafa Mayoral e Isa Serra advirtieron al gobierno de que si pacta los presupuestos con Ciudadanos, no contará con el apoyo de Unidas Podemos. Pero esa declaración no pasa de ser puro postureo político.

En primer lugar, porque Iglesias sabe que ERC no va a apoyar el presupuesto antes que se celebren unas elecciones catalanas que ya no se vislumbran hasta principios de 2021. El vicepresidente segundo -se lo ha dicho Sánchez en la última reunión que mantuvieron mano a mano- tiene que hacerse a la idea de que con una caída de recaudación que va a superar los peores años de la crisis financiera es una broma pretender un presupuesto que dispare el gasto.

Podemos, tras el desastre electoral en Galicia y País Vasco, y tras las investigaciones judiciales que han puesto en cuestión tanto sus cuentas como sus métodos, necesita sacar la cabeza como sea. Lo hizo filtrando de forma subrepticia una falsa bronca en el Consejo de Ministros a cuenta del caos en la vuelta al cole. Y el viernes lo hizo de forma abierta, con una amenaza que no asusta ni a un recién nacido.

Pero, para su desgracia, Podemos no puede permitirse el lujo de dejar caer a un gobierno en el que sus máximos dirigentes están cómodamente asentados. Así que, menos lobos.

En las próximas semanas veremos maniobras de aproximación a ERC, trampantojos, simulacros, declaraciones de fe en la mayoría progresista, y tal y tal. Pero, no se engañen, Sánchez es un superviviente, un político práctico. Y se ha dado cuenta de que la mayoría que le dio la investidura hace tan sólo siete meses ya no le sirve para gobernar. Por eso su primera cita del curso político es con los grandes empresarios del Ibex. ¿O es que Iglesias cree que Ana Botín, Florentino Pérez, Pablo Isla o Sánchez Galán aplaudirían otra cosa que no fuese un giro al centro de este gobierno?

Una de las cosas que el Covid 19 se va a llevar por delante es la mayoría parlamentaria que permitió a Pedro Sánchez ser elegido presidente del gobierno el pasado 8 de enero.

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