Los argumentos empleados específicamente contra el nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional tienen en la mayor parte de los casos muy poca base. A menos, naturalmente, que aparezcan nuevas informaciones sobre sus actividades profesionales que le compliquen todavía más su situación.

Una de ellas es que está próximo a FAES, la Fundación creada por José María Aznar, donde ha pronunciado numerosas conferencias. Pero esa acusación no se sostiene de ninguna manera porque todos los juristas de un cierto nivel intervienen en múltiples cursos, jornadas y seminarios de todo tipo.

Sin duda alguna, los nuevos magistrados del TC propuestos por el PSOE tienen en este aspecto una trayectoria similar a la de Enrique Arnaldo sin que nadie les haya reprochado a los demás una actividad que ya digo que es común a los juristas de un cierto nivel y prestigio.

La acusación de que Arnaldo ha impartido clases en una universidad privada al tiempo en que ocupaba una cátedra en una universidad pública sí es un reproche fundamentado pero no es en absoluto de la entidad suficiente como para sustentar el escándalo que se ha desatado en torno a su nombramiento.

Y el reproche de que estuvo involucrado en un procedimiento judicial contra el ex ministro Jaume Matas en el que fue exonerado de toda responsabilidad y en consecuencia se archivó su caso, no se sostiene en un estado de derecho.

Culpabilizar a alguien por una responsabilidad penal de la que ha sido exonerado por un tribunal de justicia es una perversión propia de los regímenes autoritarios

Culpabilizar a alguien por una responsabilidad penal de la que ha sido exonerado por un tribunal de justicia es una perversión propia de los regímenes autoritarios donde los individuos son siempre culpables mientras no se demuestre lo contrario.

Pero, de momento, esto es una democracia y un ciudadano al que un juez no acusa de nada no tiene por qué arrastrar consigo y durante toda su vida una responsabilidad penal, o una sospecha de responsabilidad penal, que nunca ha existido fuera de la mente acusatoria y el afán persecutorio de sus oponentes ideológicos.

Por otra parte, es evidente que nadie ha puesto en cuestión la inclinación claramente izquierdista de Ramón Sáez, de cuya altura jurídica nadie duda pero el contenido de cuyas conferencias, que las habrá pronunciado a decenas, incluso a centenares y en los foros que le habrán sido más próximos no habrá ocultado su ideología y sus posiciones necesariamente críticas contra la derecha. Es muy libre de hacerlo, pero no más de lo que es Arnaldo.

La ideología de Sáez no ha sido puesta en entredicho en ningún momento. La de Arnaldo sí y eso es lo que demuestra la muy distinta y tramposa vara de medir que se ha aplicado desde el PSOE y la ultraizquierda a los candidatos del PP a ocupar el Tribunal Constitucional.

Deberíamos preguntarnos por qué el diputado Odón Elorza sometió a un feroz acoso a Enrique Arnaldo, al que acusó de connivencia con la derecha y no hizo lo propio con Ramón Sáez por su proximidad ideológica con los partidos de la izquierda.

Y deberíamos preguntarnos también por qué el diputado Elorza sometió a un juicio sumarísimo al candidato del PP sin que desde la dirección de su partido alguien le hubiera hecho la indicación de que el interés del PSOE era que los cuatro candidatos pasaran el examen del Congreso porque eso iba a facilitar la renovación ya pactada con el Partido Popular. Quizá porque eso precisamente, ese examen-ataque, era lo que convenía a su partido para desacreditar desde el origen al candidato.

Para desautorizar las sentencias de las distintas Salas del Tribunal Supremo es exigible que los magistrados del TC tengan un nivel por lo menos equivalente al de los magistrados

Ahora bien, ninguno de los aspirantes era, en mi opinión, digno de pertenecer al Alto Tribunal, pero no por razones ideológicas sino porque para estudiar y eventualmente desautorizar las sentencias de las distintas Salas del Tribunal Supremo es exigible que los magistrados del TC tengan un nivel por lo menos equivalente al de los magistrados cuyas sentencias tienen la obligación de ratificar o de desautorizar.

Y en ninguno de los cuatro casos se alcanza ese nivel. Ése es el sentido que se debe atribuir al voto de uno de los miembros del Tribunal Constitucional que ha sido contrario a todos los candidatos.

Cuando las cosas discurrían por cauces más limpios de politización y no habían llegado a los niveles actuales de uso y abuso de los partidos políticos de todas las instituciones para ponerlas al servicio de sus intereses, quienes accedían al TC eran o bien magistrados procedentes del propio Tribunal Supremo, o bien catedráticos de altísimo nivel y de prestigio incontestable.

No ha sido el caso de los cuatro componentes de esta terna, dicho esto sin el menor afán de ofender a ninguno de ellos. Pero es más que evidente que esta elección pactada entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea adolece en todos los casos, no sólo en el de Enrique Arnaldo, de una alarmante politización.

Aquí no se ha querido elegir a los mejores sino a los más próximos, algo a lo que al PSOE no le preocupa nada porque siempre ha defendido el actual sistema de elección, pero que al PP le deja con las vergüenzas al aire en su permanente defensa de la despolitización del Poder Judicial. Es verdad que el Tribunal Constitucional no se encuadra en el Poder Judicial pero para este caso eso resulta irrelevante porque aquí lo que está en cuestión es un asunto meramente político.

El ataque inmisericorde del diputado socialista al candidato del PP -apoyado por el casual pero nada inocente comentario del propio presidente del Gobierno a propósito de lo «poco» que le gustaban «algunos de los candidatos»- y las acusaciones de proximidad personal de Arnaldo a Pablo Casado y de su cercanía ideológica a las posiciones defendidas desde FAES han tenido un resultado inmediato.

Ese efecto ha sido el de desmontar de cuajo el argumento exhibido una y otra vez por la dirección del Partido Popular para no renovar el CGPJ: la pretensión despolitizadora del Poder Judicial que el PP se había planteado públicamente como una misión irrenunciable.

Después del episodio de los cuatro nuevos magistrados y del escándalo político montado contra la designación de uno de ellos, donde queda en evidencia que su nombramiento tiene relación directa con la proximidad personal e ideológica con el Partido Popular, ya me dirán ustedes con qué cara va a salir a defender Pablo Casado que los partidos políticos deben retirar sus sucias manos del órgano de gobierno de los jueces.

Pablo Casado, con su empecinamiento en defender la candidatura de Arnaldo y de Espejel, ha caído en una trampa de la que le va a resultar muy difícil salir.

A partir de ahora, a cualquier manifestación del PP en defensa de un Consejo General del Poder Judicial exento de toda interferencia política se le opondrá el recordatorio de la designación, a instancias del propio Pablo Casado, de unos candidatos que tienen como característica determinante la de su proximidad ideológica al Partido Popular. El presidente del PP ha perdido su principal argumento para no renovar el CGPJ.

Se ha quedado desarmado frente al adversario, que contempla con regocijo su renuncia voluntaria a la única munición operativa y creíble de la que disponía. Ahora tiene mala escapatoria para seguir negándose a esa renovación. Pero él se lo ha buscado.

Veremos, por otra parte, si este serial ha llegado ya a su último capítulo, que pudiera ser que todavía no.