"Movilizamos el 2,9% del PIB anual para proteger rentas, empresas y empleos"

Pocas veces en la historia el mundo había sido tan consciente como ahora del impacto real de una crisis energética en la economía global. 

Desde que, en el pasado mes de febrero, Putin consumase la invasión de Ucrania, toda la Unión Europea sufre las consecuencias de una excesiva dependencia del petróleo y el gas rusos. Un escenario agravado por la lentitud con la que, en la última década, se avanzó en el objetivo de reforzar la soberanía energética del continente o en la apuesta por las energías renovables.

España ha sido durante décadas uno de los países más expuestos a este tipo de crisis, en buena medida a causa de nuestra dependencia crónica de los combustibles fósiles. Este factor explica la profundidad con la que entornos de recesión global afectaban a nuestra economía y, particularmente, a nuestro mercado de trabajo. 

Hoy, sin embargo, el escenario de partida es radicalmente distinto. Gracias a una acertada combinación de inversión y políticas energéticas de largo alcance, España va a convertirse en una potencia europea en el ámbito energético, algo impensable hace sólo unos años. Y todos los indicadores refuerzan que nuestra economía resistirá mejor que las de nuestro entorno al impacto causado por la guerra en Ucrania.

Nuestra apuesta por las energías renovables, una red estable y diversificada de suministro de gas y la mayor capacidad de regasificación de Europa, ofrecen una ventana de oportunidad que debemos aprovechar. En los tres primeros trimestres de 2022 España ha sido el tercer exportador de energía de toda Europa, sólo por detrás de Suecia y Alemania. Es un hito inimaginable hace pocos años. 

Una muestra del creciente atractivo inversor de España, impulsado por el Plan de Recuperación, y de nuestro compromiso con la transición energética es la decisión de la mayor naviera mundial, Maersk, de producir combustibles verdes en Andalucía y Galicia. Un proyecto que movilizará en torno a 10.000 millones de euros y creará unos 85.000 empleos.

El pasado 20 de octubre, en la víspera del último Consejo Europeo, se hizo público el acuerdo entre Francia, Portugal y España para la construcción de un gran Corredor de Energía Verde que unirá Barcelona con Marsella. Este proyecto permitirá transportar hidrógeno verde y otras energías renovables a la Unión Europea, pero también podría servir potencialmente como conducto para el flujo de gas durante un limitado periodo de transición. 

España va a convertirse en una potencia europea en el ámbito energético, algo impensable hace sólo unos años"

Se trata de una medida coherente con el calendario de reducción del 55% de las emisiones de gases con efecto invernadero para 2030, en un contexto de emergencia climática global en el que Europa debe liderar una respuesta de progreso y concienciación global frente a los que pretenden postergar la ambición climática con excusas y falsos dilemas. 

Y todo ello, sin perder de vista una de las lecciones más valiosas que hemos aprendido de la pandemia y de la solidaridad con el pueblo ucraniano, como es el valor de una respuesta a la incertidumbre desde la unidad europea. 

Mucho antes de la invasión de Ucrania, España ya defendía la conveniencia de reformar los mercados energéticos y un cambio en el mecanismo marginalista de fijación de precios eléctricos para desacoplar el gas. El mensaje es claro: no habrá solución sin una intervención del mercado eléctrico. Una intervención que debía hacerse desde el consenso y la solvencia técnica.

La perseverancia de España y Portugal ha sido fundamental para abrir camino en un debate incómodo para algunos, pero imprescindible si Europa quiere proteger a la gente de las consecuencias de la guerra en Ucrania en materia energética. Hemos sido pioneros en iniciativas que hoy marcan la respuesta global de la Unión Europea ante este desafío. La solución ibérica del tope al precio del gas puede ser la antesala de una auténtica solución europea por la que trabajamos desde la solidaridad y un europeísmo de convicción que legitima a España como nunca antes para ser una voz autorizada en políticas energéticas y transición ecológica, como ha quedado acreditado en la COP 27 celebrada recientemente en Egipto. 

Mientras avanzamos en este auténtico cambio de paradigma, es preciso proteger a quienes más sufren las consecuencias del incremento de precios. Lo hacemos movilizando un volumen inédito de recursos, que equivalen al 2,9% del PIB anual para proteger rentas, empresas y empleos. Para ofrecer, en definitiva, un escudo social que limite el impacto de la crisis energética en la clase media y trabajadora. 

El duro contexto energético que sufre Europa está en la raíz de la ralentización de la economía global. Esta vez, sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera, las cargas se están repartiendo de manera justa. Nadie entendería que quienes están obteniendo beneficios extraordinarios de esta situación no aporten más para robustecer la respuesta del estado del bienestar. 

También en este ámbito la posición española ha abierto camino en las instituciones europeas a la hora de plantear nuevas figuras tributarias que, desde la más elemental justicia social, contribuyan a que los beneficios caídos del cielo de las grandes corporaciones eléctricas o de la banca con la subida de tipos, contribuyan a fortalecer políticas públicas eficaces para combatir los efectos de esta crisis. 

Vivimos un tiempo crucial en el que lo urgente no puede sacrificar lo importante. Urge responder con determinación a las consecuencias de la guerra de Ucrania en el ámbito energético. Pero lo importante es mantener el rumbo trazado de antemano por el gobierno de España. Un rumbo comprometido con los objetivos de descarbonización de la economía y transición ecológica, y que constituyen el núcleo central del gran reto colectivo de la lucha contra el cambio climático. 

No sólo es un acto de responsabilidad ante los efectos devastadores del cambio climático, sino una ventana de oportunidad para que España siga avanzando hacia una economía más resiliente, con mayor autonomía estratégica y con una oportunidad real de estar, por primera vez en su historia, a la vanguardia de una gran transformación económica en la que no nos limitamos a ser espectadores. Esta vez seremos protagonistas de esa gran transformación. 

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno de España.