Un mar de niños

Quince días después de la invasión de Ceuta, la ciudad autónoma dista mucho de haber recobrado la normalidad. Los datos oficiales son una burda manipulación de la realidad. Los menores que lograron entrar y que allí continúan en condiciones lamentables, no son los 1.400 que dijo el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres; ni los 1.527 que aseguró el ministro de Justicia Félix Bolaños el pasado miércoles. No. Son muchos más. Según una fuente oficial sobre el terreno, a día de hoy, hay acogidos 1.450 niños, a los que hay que añadir 816 niñas, menores de 10 años, repartidas en tres centros distintos, y a los que hay que sumar 4.499 más censados en el barrio del Príncipe Alfonso, situado al sur de la ciudad, junto a Castillejos. Es decir, 6.765 menores que no pueden ser expulsados, ni devueltos en tropel, como ya se hizo en su día, vulnerando los procedimientos establecidos en la ley, y que provocó una dura sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

"Esto es un mar de niños", me confiesa desconsolada una funcionaria que vive en primera línea el problema de los menores no acompañados. La solución no es meterlos en un sitio y darles algo de comer, algo que ya se hace. Necesitan atención sanitaria, educación, el amparo de unos padres que los han enviado a la ciudad española porque no pueden garantizarles un futuro. Ellos no los reclamarán. España, Europa, tiene que dar una solución real a esas criaturas que en su mayoría han salvado la vida de milagro.

"¿Cómo es posible que no haya aparecido por aquí todavía la ministra de Sanidad?", me pregunta mi atormentada fuente. Pero ese ahora no es más que un detalle, ante el drama humano que hay que resolver.

A esos casi 7.000 menores hay que sumar varios miles de jóvenes que no han querido volver a Marruecos. De ellos, 2.500 han pedido el asilo. A ellos tampoco se les puede expulsar, porque hay una ley que los protege, una ley impulsada por este Gobierno.

Devolver a las casi 80.000 personas que burlaron la frontera en la noche del 30 de julio no es tan fácil como afirma el ministro de Exteriores, José Manuel Alvares. Por más que se apoye en su presunta buena relación con su homólogo marroquí, Nasser Burita. Señor Alvares, ni los menores, ni los solicitantes de asilo pueden ser devueltos a Marruecos así, por las buenas. Eso lo saben perfectamente en Ceuta, donde siempre han temido algo como lo que ocurrió hace dos semanas: una invasión pacífica.

El problema fundamental que aterra a los ceutíes no es que ahora el pan esté racionado, o que haya inseguridad en las calles, o que haya que hacerse cargo de miles de menores que no tienen un hogar donde regresar. La cuestión es que se ha visualizado que España no ha sido capaz de blindar su frontera. Y eso que, desde Ceuta, se venía advirtiendo del peligro desde hace semanas, cuando se observó que la entrada de ilegales se disparaba exponencialmente respecto a otros años.

"Los ceutíes", me comenta una fuente solvente que reside en la ciudad, "siempre han vivido con la maleta debajo de la cama. Han aguantado. Pero, después de lo que ocurrió a finales de julio, muchos, los que puedan, se marcharán. Esa es otra de las consecuencias del asalto y eso no lo ha visto el Gobierno. Aquí, la inmensa mayoría, tanto los de derechas como los de izquierdas, los cristianos y los musulmanes nos sentimos ceutíes, y Ceuta es España".

Once días después del asalto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, declaró en en la cadena Asharq News que el reino alauí nunca ha renunciado a la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y que, cada vez que hay una reunión bilateral con España, la devolución se reivindica.

Es difícil de creer que la irrupción de 80.000 personas en una noche en Ceuta (cuya población es de 83.000) no se detectase por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno marroquí. Más aún, cuando a 40 kilómetros de allí, con la asistencia del monarca, se celebraba ese mismo día la Fiesta del Trono, la más importante del país, que conmemora la entronización de Mohamed VI.

Lo que sucedió el pasado 30 de julio es un salto cualitativo en la relación de Marruecos con España.

Dudo que el CNI, que tiene muy buenas fuentes en Marruecos, no detectara ese movimiento masivo hacia la frontera. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha afirmado con rotundidad que el CNI no avisó. Si eso fuera cierto, la responsable del Centro, Esperanza Casteleiro, debería haber dimitido. Insisto en que no lo creo. Más bien es una manera de eludir su responsabilidad el ministro del que depende la seguridad de nuestras fronteras.

El Gobierno quiere quitarle hierro al asunto, disfrazándolo de una "crisis migratoria". Nada más lejos de la realidad. Lo que sucedió el pasado 30 de julio es un salto cualitativo en la relación de Marruecos con España. Justo el día que se celebraba la llegada de Mohamed VI al poder 80.000 jóvenes invadieron Ceuta, una plaza cuya soberanía reclama nuestro vecino del sur. Hace falta estar ciego para no ver algo que está meridianamente claro y que los ceutíes han sabido detectar inmediatamente sin que ningún sesudo analista les haya dado una explicación geoestratégica de lo sucedido.

Llama la atención que ante un problema tan grave, una agresión flagrante a nuestra integridad territorial, no haya habido más que una destitución, la de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional... ¡por haber difundido el número de inmigrantes que asaltaron Ceuta!.

¿Por qué esa complacencia con Marruecos? Esa pregunta es difícil de responder, pero las evidencias nos retrotraen al hackeo del teléfono móvil del presidente Sánchez (y de sus ministros Grande Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas) durante meses entre 2020 y 2021. Durante meses, esos teléfonos fueron espiados por una potencia extranjera a través del software Pegasus. El espionaje coincidió con los momentos de mayor tensión entre los gobiernos de España y de Marruecos, a cuenta de la llegada a España en secreto del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido de Covid. Tras aquello, hubo varias consecuencias: el asalto por mar a Ceuta de unos 10.000 jóvenes, y, en marzo de 2022, el cambio de posición de España sobre el Sáhara, que supuso el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española.

Entonces sí que hubo destituciones. Sánchez se cargó a Arancha González Laxe, ministra de Exteriores, a quien convirtió en la cabeza de turco por la llegada de Ghali a España.

Fue también en mayo de 2022 cuando el Gobierno destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban, para darle gusto a ERC, ya que algunos de sus dirigentes habían sido espiados por el sistema Pegasus de que también dispone nuestro servicio secreto. La diferencia, gran diferencia respecto a lo que hizo la potencia extranjera con nuestro gobierno, es que las intervenciones del CNI se produjeron previa autorización de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Sin embargo, ahora no dimitirá nadie. Nadie será destituido, salvo la funcionaria que cumplió con su obligación de informar. Ante Marruecos hay que mostrarse dúctiles, cuando no serviles. ¿De qué información dispone Mohamed VI sobre nuestro presidente para que su disposición sea tan genuflexa?

El Gobierno, desde luego, hizo poco por llegar hasta el final y detectar qué potencia había cometido la osadía de espiar a nuestro presidente. Remitió el asunto a la Audiencia Nacional, pero luego colaboró muy poco o nada con el juez Calama en averiguar el responsable de esa intolerable intromisión. Parece que no interesaba. Que el principal sospechoso es Marruecos es una evidencia. El Independiente publicó el 11 de julio de 2023 que la cuenta a través de la que se había espiado tanto a Marlaska como a Robles ([email protected]) era la misma que se había utilizado para hackear a la activista prosaharaui Claude Magin, un caso que se investiga en Francia y que tiene que ver con el espionaje a miembros de su gobierno, empresarios y periodistas.

Entre las tropelías que ha cometido el gobierno de Pedro Sánchez, esta cesión permanente al chantaje de Marruecos probablemente sea la más grave. En los casos de corrupción, hay unos cuerpos policiales y unos fiscales que investigan, unos periodistas que ponen pistas sobre el tapete y unos jueces que imponen sentencias. Pero aquí, no hay ninguna garantía de nada. Lo que ocurrió con el hackeo sigue siendo un secreto con una causa que se archivó. El cambio de posición sobre el Sahara nunca se ha explicado. Y ahora se produce una avalancha sobre Ceuta y el gobierno culpa a las mafias. ¡Como si las mafias sacasen algún beneficio de los miles de personas que, por una u otra vía, seguirán en España sin pagar el oprobioso precio de viajar en patera!. Muy al contrario, los asaltos como el de Ceuta son lo peor que les puede pasar a las mafias.

Al margen del atropello a la soberanía nacional, queda el drama de los más de 80 muertos ahogados en su intento por llegar a la playa española. ¿A quién le importan? ¿Quién es el responsable? Y quedan, por supuesto, los menores. Esos niños y niñas que se preguntan dónde están sus padres y por qué alguien les impulsó a arriesgar sus vidas a una infame odisea.