La magnitud exacta de la crisis de Ceuta

El 29 de julio, según explicó Margarita Robles en el Congreso, funcionarios del CNI comunicaron a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaba una convocatoria para entrar al día siguiente. La difundían grupos que reunían hasta 180.000 seguidores. El 30 de julio empezó la entrada. El 31, la gendarmería marroquí cambió de actitud y desplegó de forma eficaz; hasta entonces, según los análisis de los servicios españoles, hubo más de veinticuatro horas de pasividad, y gendarmes que franquearon el paso a los vehículos con un gesto de la mano. Entre el aviso y el despliegue transcurre el único tramo de calendario que importa, y es el único sobre el que Pedro Sánchez no dijo nada este lunes, en sesenta y tres minutos y cuarenta y nueve segundos de conversación con Aimar Bretos en la Cadena SER.

De aquel aviso se han dado ya tres versiones. Marlaska negó que existiera un informe de alerta relevante, y varios ministros y fuentes de Moncloa respaldaron esa negativa. Robles describió después el aviso del 29 de julio, en sede parlamentaria y bajo acta. Sánchez ofrece hoy la tercera: hubo “informes de situación”, pero ninguno anticipó la “gravedad y magnitud” de lo que vino. He instruido durante muchos años y sé que una versión que cambia tres veces no prueba por sí sola nada; obliga a averiguar qué hizo variar la anterior. Aquí lo que varió fue la aparición de un documento parlamentario. La tercera versión no corrige a las dos primeras: las envuelve. Reconoce el aviso y le retira toda consecuencia política. Nadie sostuvo nunca que el CNI hubiera predicho una cifra; lo que se comunicó fue una convocatoria con fecha. Cuando Bretos pregunta qué se hizo entre el día 29 y el día 30, la respuesta es el aumento del presupuesto del servicio, el número de agentes, la inversión en ciberseguridad. Gastar más no es haber reaccionado.

En ese mismo pasaje, Sánchez sitúa la expansión de los bulos en redes vinculados a Rusia, Israel y a una “internacional ultraderechista”. Casi al mismo tiempo admite que todavía no existe un “conocimiento completo” de lo ocurrido.

Lo documentado es más estrecho. La Comisión Europea sitúa la aparición de los canales rusos a partir del 30 de julio, no antes. El 31 de julio, el embajador israelí ante la ONU y cuentas proisraelíes difundieron mensajes sobre Ceuta y Melilla, y la embajada israelí en España aclaró que aquello no representaba la posición de su Estado. Los servicios españoles han identificado a administradores de algunos de los grupos que promovieron la entrada y no han podido demostrar que detrás hubiera un servicio secreto extranjero; esos mismos análisis apuntan a la pasividad marroquí, incluso a la posible implicación de instancias superiores, y descartan por ahora que el Majzén planificara la operación completa. Las pruebas permiten hablar de amplificación extranjera. No permiten afirmar que esos actores convocaran, prepararan o dirigieran la entrada. Sánchez no llega a formularlo con esa literalidad, pero ordena su explicación de manera que la interferencia exterior soporte casi todo el peso causal, y el reparto tiene un beneficiario colateral: la cooperación de Marruecos, que el presidente califica de instantánea y que llegó el día 31.

Hay un método, y se reconoce desde fuera porque consiste siempre en contestar a la pregunta contigua

Las cifras van por el mismo camino. Setenta mil entradas, nueve de cada diez retornados, cinco mil personas todavía en Ceuta. Sus propios ministros han manejado sucesivamente sesenta mil, setenta mil, setenta y dos mil y ochenta mil entradas. El diez por ciento de setenta mil son siete mil, no cinco mil; cabe el redondeo, no cabe presentar el conjunto como un expediente cerrado. Tampoco hay censo consolidado de menores: policía, ministros y responsables autonómicos han ofrecido cifras construidas con criterios distintos —filiados, acogidos, estimados, todavía presentes— sin que el Gobierno haya presentado nunca una contabilidad común. Con la sentencia del Supremo el procedimiento se repite: desmiente la versión más disparatada, que nadie podrá ser devuelto jamás, y así evita explicar la real, que prohíbe la devolución en caliente y obliga a tramitar caso por caso. Y en economía hay un dato cierto y otro inflado. Julio cerró con 22.508.065 afiliaciones medias a la Seguridad Social. España no crece cuatro veces por encima de la zona euro: creció un 0,7% trimestral y un 2,7% interanual frente al 0,4% y el 1%. El dato de empleo era suficientemente bueno. Decidió exagerar también el crecimiento.

Hay un método, y se reconoce desde fuera porque consiste siempre en contestar a la pregunta contigua. Bretos le pregunta si se arrepiente de haberse marchado de vacaciones en medio de la crisis y responde que tiene derecho al descanso y que un presidente nunca desconecta del todo; no enumera una reunión, una decisión, una llamada de aquellos días. Le pregunta por los veinticinco días que tardó en activarse el mando único y responde que la crisis “evolucionó”. Le pregunta por las deficiencias de prevención y extinción de incendios y propone un pacto climático. Sobre los incendios añade que la situación superó todas las previsiones científicas, cuando la AEMET había pronosticado para agosto, septiembre y octubre una probabilidad muy alta de temperaturas en el tercil cálido en toda España y el IPCC lleva años advirtiendo del riesgo mediterráneo. El cambio climático explica la peligrosidad del escenario. No responde a lo que se le preguntaba, que era por los medios, la prevención y la coordinación.

El Gobierno no ha ofrecido una cifra consolidada de entradas, ni el expediente completo de las alertas recibidas, ni una explicación demostrada del origen, ni una evaluación de sus propios fallos

Luego está el porvenir. Seis mil plazas de acogida que existirán “en poco tiempo”. Un decreto de vivienda que todavía se está preparando y que, según admite, carece de apoyos. Una visita del rey a Ceuta “cuando se den las condiciones”, sin fecha. Unos Presupuestos para 2027, después de mantener prorrogados los de 2023, no presentar proyecto para 2024 ni para 2025 y abandonar los de 2026 tras prometerlos varias veces. El Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones está aprobado y publicado en el BOE, cubre cinco años y exige un 40% de cofinanciación autonómica. Multiplicar por ocho el presupuesto de vivienda respecto a 2017 es exacto solo si se cuentan los fondos europeos de recuperación, que en las cuentas de 2023 suponían el 71,3% del total; sin ellos, la aportación estatal se duplica. La afirmación de que entre el 60% y el 70% de la desigualdad española procede de la vivienda no corresponde a ningún indicador oficial identificable. El futuro tiene una ventaja procesal sobre el pasado: no se puede contrastar.

El nivel de prueba exigido varía según a quién afecte. David Sánchez ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación; la sentencia no es firme y puede recurrirse, y el tribunal describió una plaza innecesaria y vacía de contenido creada a su medida. El presidente responde enumerando idiomas, estudios y trayectoria musical, que no discuten ninguno de los hechos declarados probados. Begoña Gómez está procesada por cuatro delitos, continúa amparada por la presunción de inocencia y la Fiscalía se ha opuesto a la acusación; el juicio está pendiente. Sánchez tiene derecho a defenderla; lo que no es un hecho probado es que la causa exista únicamente por ser esposa del presidente. Del PP repite que fue condenado por financiación ilegal: las sentencias acreditaron el beneficio obtenido por el partido y lo condenaron como partícipe a título lucrativo, por responsabilidad civil, no penalmente por ese delito. Y del ático de 6,3 millones comprado por el Gobierno de Ayuso —opacidad, sobrecoste, dudosa idoneidad como oficina, todo ello documentado— da por acreditado el propósito de vivir allí, que no consta en ninguna parte. Exige sentencia firme cuando la causa toca a los suyos y prescinde de ella cuando se trata de atribuir una intención a la adversaria.

Un mes después de la avalancha, Ceuta sigue lejos de la normalidad. El Gobierno no ha ofrecido una cifra consolidada de entradas, ni el expediente completo de las alertas recibidas, ni una explicación demostrada del origen, ni una evaluación de sus propios fallos. Ha ofrecido culpables extranjeros no probados, una absolución anticipada de Marruecos y un programa de trabajo para más adelante.

En Ceuta continúan unas cinco mil personas. Es el único dato de la entrevista que no admite conjugación en futuro.