Los antiguos detectives de la agencia barcelonesa Método 3 Antonio Tamarit y Julián Ángel Peribáñez elaboraron dosieres sobre la familia Pujol con información manipulada que vendieron a la Policía, cuyos investigadores estuvieron a punto de colar en el sumario y contaminar la instrucción que dirige el juez José de la Mata.

En un escrito enviado al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el apoderado de Método 3 Francisco Marco puso en conocimiento del juez el pasado 16 de noviembre que sus dos antiguos empleados se hicieron con partes de trabajo antiguos que «han venido modificando a su libre albedrío para, entre otras cosas, confeccionar informes para las llamadas ‘unidades de inteligencia’ de la Policía Nacional». Tamarit y Peribáñez están citados a declarar este jueves en el marco de la investigación que dirige De la Mata para esclarecer el origen del pen drive que apareció recientemente cuando un agente «ordenaba cajones» y del que se habrían nutrido los investigadores policiales para obtener datos incriminatorios contra la familia del ex president.

Marco ha presentado una denuncia en los juzgados de Barcelona en la que da detalles de los viajes que realizaron los dos detectives a Madrid para aportar dicha información a la Policía y de los desplazamientos que llevaron a cabo a diversos países para realizar labores para la unidad de inteligencia policial, que a cambio habría retribuido sus servicios con pagos procedentes de los fondos reservados. El apoderado de Método 3 llega a detallar hasta las discusiones que aquéllos tuvieron con su intermediario policial por la cantidad de dinero que debía cobrar cada uno por estas labores.

Los detectives, por su parte, han negado esta acusación a El Independiente, asegurando que estas alegaciones «fueron realizadas ya por el Sr. Francisco Marco en el Juzgado de Instrucción nº21 de Barcelona, las cuales fueron archivadas siendo ratificado dicho archivo por la Audiencia Provincial de Barcelona, considerando que los hechos que se escriben en la denuncia no encajan con ningún delito y que no hay ninguna prueba ‘que avale razonablemente la realidad’ y que tampoco hay ningún documento ‘que avale indiciariamente estos cobros de los fondos públicos'».

Tamarit y Peribáñez niegan haber cobrado de la Policía por sus servicios a través de los fondos reservados

Existe, sin embargo, al menos otro testimonio que corrobora la colaboración que, en el marco de la conocida como Operación Cataluña, habrían brindado los citados detectives a la Policía. En un escrito enviado a José de la Mata el pasado 3 de noviembre, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino detallaba que envió «a finales de 2012 o principios de 2013» a Martín-Blas a Cataluña con motivo de unas diligencias incoadas por un Juzgado de Barcelona y que podrían alcanzar a un inspector de policía, lo que justificaba la presencia del responsable de la Unidad de Asuntos Internos.

«Esa actuación, según le informó Marcelino Martín-Blas, dio origen a una colaboración/información voluntaria de dos agentes-detectives de la Agencia de Investigación Método 3 de los que puede indicar exclusivamente que uno de ellos se apellidaba Tamarit», explicaba Pino. Según éste, Martín-Blas le explicó que aquéllos «le entregaron un dispositivo USB, concretamente un pendrive, que al parecer contenía información sobre ciertas actividades de dudosa legalidad» de dirigentes políticos catalanes.

A requerimiento del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el comisario de la Policía Judicial José Manuel García Catalán -jefe en funciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras el nombramiento del comisario Manuel Vázquez en marzo de 2016 como jefe superior de Policía en Galicia- detalló que el archivo informático que manejaron los investigadores -en realidad era un cedé, no un lápiz de memoria como se ha venido dando por cierto- había sido entregado al entonces jefe de la UDEF por un funcionario adscrito a la DAO quien dijo que «contenía archivos que habían sido copiados de un ordenador que obraba en las oficinas de la agencia de detectives de Barcelona Método 3 y que podría contener datos susceptibles de ser utilizados en la investigación que se sigue en esta Brigada contra el señor Jordi Pujol Ferrusola y otros».

El apoderado de Método 3 niega que la información saliera de la empresa: destruyó los servidores en 2012

Francisco Marco sostiene que la información no puede proceder de la agencia de la que él es apoderado por dos razones: porque los servidores informáticos de la empresa «están destruidos desde el año 2012», en un intento de salvaguardar la privacidad de sus clientes, y porque «en Método 3 nunca se ha investigado a la familia Pujol». Marco señala directamente a los detectives Tamarit y Peribáñez.

Las alarmas sobre el origen presuntamente ilícito de los datos sobre los Pujol que la Policía intentó colar en el sumario judicial se encendieron el pasado julio, meses después de que los investigadores solicitaran autorización para practicar una actuación policial relacionada con Jordi Pujol hijo a raíz de un informe con el que querían poner en conocimiento del juzgado el «contenido de una serie de archivos informáticos» facilitados a los investigadores «mediante mecanismos de cooperación policial, fruto del conocimiento merced a la conexión de datos en bases de inteligencia policial». No especificaba de qué tipo de soporte informático se trataba, ni qué unidad policial, ni con qué objetivo se realizaba esa consulta en las bases de datos policiales, ni quién había facilitado tales documentos ni cuándo se había producido la entrega.

Extracto del auto del juez De la Mata del pasado 8 de julio de 2016.

Ese proceder mereció el reproche del instructor. «Resultan inadmisibles porque, tratándose de documentos judiciales en los que existían informaciones concernientes a Jordi Pujol Ferrusola, se deberían haber puesto de inmediato a disposición del Juzgado y haber enfocado los esfuerzos a su identificación y ubicación precisa en la indicada causa judicial, para su análisis por el Fiscal y este Instructor a efectos de decidir sobre la utilidad y pertinencia de su incorporación a la causa mediante los mecanismos de auxilio judicial pertinentes definidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal», expuso De la Mata.

«Trazabilidad»

A la vista de que el informe policial no indicaba el tomo concreto o la pieza de la causa en la que estaban incorporados los documentos, ni se especificaba la diligencia de entrada y registro en la que fueron intervenidos, ni el soporte informático ni a quién pertenecían éstos, el magistrado ordenó que no se incorporara a las actuaciones hasta que se practicaran diversas diligencias para «asegurar la trazabilidad» de los documentos y las personas que intervinieron en su obtención. Con esta medida, que incluyó la apertura de una pieza separada y secreta para aclarar el origen de la información, el instructor pretendía evitar que el resto de la instrucción quedara viciada.

«Requerir a la UDEF para que se abstenga de utilizar los documentos contenidos en los ficheros informáticos referidos, en tanto no se proceda, si es que en en su momento se estima conveniente y pertinente, a la incorporación a esta causa mediante mecanismos de auxilio judicial, de los documentos que resulten de las diligencias anteriores, y una vez sea esta utilización autorizada por este Instructor», razonaba el juez de la Audiencia Nacional en el citado auto del pasado 8 de julio.

A finales de la pasada semana, José de la Mata ya tomó declaración en calidad de testigos al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y al comisario Martín-Blas, al frente desde abril de 2015 de la comisión judicial que investiga el caso del pequeño Nicolás, para tratar de esclarecer de qué soporte informático extrajeron información sobre los Pujol los investigadores y si el pendrive que apareció hace dos semanas cuando un funcionario policial «ordenaba cajones» es una copia de aquél.