El juez Eloy Velasco se ha negado a llamar a declarar en calidad de testigo al ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como le pidió su ex número dos Francisco Granados, único imputado que permanece en prisión en el caso Púnica.
Granados realizó esta petición el pasado 15 de marzo y en su escrito explicó que la declaración de Aguirre "era necesaria" para que acreditara que él "carecía de la superioridad jerárquica" que se le atribuye en la investigación para influir en las contrataciones públicas. Y abundó que su testimonio era necesario para que expusiera el papel que él jugó, entre otras operaciones urbanísticas en la aprobación del plan general de ordenación de Valdemoro.
25 peticiones
Sin embargo, el togado se niega a acordar esta citación "dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas" que, en su opinión, son "innecesarias en este momento procesal". Por ello, le deja la puerta abierta para que proponga a Aguirre y otras 24 personas entre ellas, Jaime González Taboada, ex gerente de la empresa pública de Arpegio y actual consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Cristina Cifuentes y a Eduardo Larraz que también ejerció funciones de control en Arpegio "en la fase de juicio oral".
Por el contrario, el magistrado ha aceptado practicar la prueba documental propuesta por Granados que consiste en la petición de informes a Arpegio sobre las adjudicaciones de vivienda realizadas entre el 2001 y el 2004 y que reclame también documentación al ayuntamiento de Valdemoro sobre adjudicaciones de suelo público entre 1999 y el 2003.
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