¿Quién grabó las conversaciones del ex ministro del Interior con el anterior director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que intercambiaron información acerca de casos que comprometían a dirigentes independentistas? ¿Las autorizó Jorge Fernández Díaz, titular de ese departamento? ¿Quién las filtró a la prensa en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 26-J? ¿Qué papel ha desempeñado en este escándalo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)? ¿Hay una explicación oficial diez meses después de que trascendiera el contenido de las cintas?

La comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de septiembre para depurar responsabilidades por el uso de medios públicos para fines presuntamente políticos echa a andar este miércoles con las comparecencias de los dos citados interlocutores, solicitadas por todos los grupos políticos (PP incluido). Será una oportunidad para encontrar respuestas a demasiadas preguntas que siguen sin contestarse de forma oficial y a las que El Independiente trata de arrojar luz.

  1. ¿Quién grabó las conversaciones? En una entrevista publicada por El Mundo el pasado 5 de febrero, Fernández Díaz dijo que «por supuesto» sabe quién grabó las conversaciones que mantuvo el 2 y el 16 de octubre con Daniel de Alfonso -entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña-, si bien eludió hablar de este polémico asunto. Llama la atención que el ex ministro del Interior reconozca abiertamente que conoce ese extremo y, casi diez meses después de que trascendiera el contenido de las cintas, no haya una versión oficial que explique lo sucedido.
  2. ¿Autorizó las grabaciones Fernández Díaz? Sí, como desveló El Independiente el pasado 6 de febrero. Diversas fuentes consultadas por este diario aseguran que el titular de Interior entre finales de 2011 y noviembre de 2016 dio el visto bueno a que se colocara un sistema de grabación en una estancia contigua a su despacho oficial, lo que él niega: «Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido la cinta y que hubiera dicho lo que dijo. Se estaban adoptando medidas para evitar que las conversaciones se pudieran grabar y estaba convencido de que esas medidas se habían tomado”, señalaron fuentes cercanas a Fernández Díaz cuando este diario requirió su versión de los hechos.
  3. ¿Quién convenció al ministro? La investigación de El Independiente apuntó directamente a Eugenio Pino, la persona elegida por Fernández Díaz para ocupar la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional -el número dos en la estructura del cuerpo- días después de su nombramiento como ministro. El propio Pino, en declaraciones a El Mundo, reconoció que «en el Ministerio [del Interior] hay salas donde se graba absolutamente todo» para que «quede constancia de la postura de cada cual en las reuniones». «Hay una sala detrás, una sala de control en la que se puede grabar. Ahí el problema es el custodio», señaló.
  4. ¿El «custodio» fue el comisario Marcelino Martín-Blas? Ésa es una de las incógnitas que ha de despejar la comisión de investigación. Este comisario principal, que se jubila el próximo día 11 al cumplir los 65 años, fue decisivo para que las cintas llegaran a Público. Eugenio Pino entregó las cintas a Martín-Blas para que éste las custodiara en su condición de jefe de la Unidad de Asuntos Internos, cargo del que fue destituido en marzo de 2015 por enviar al juez del caso del pequeño Nicolás un informe «falso a sabiendas» -al identificar erróneamente al comisario ya retirado José Manuel Villarejo como la persona que aparecía junto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias en un parque madrileño- y por haberse reunido el 20 de octubre de 2014 con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sin autorización. Hay un tercer motivo: hacer «caso omiso» a la orden que le había dado el DAO para que no se volviera a reunir con una periodista de Público que “estaba publicándolo todo de este asunto [el caso protagonizado por Gómez Iglesias] con un detalle que sólo podía obtener” de él. Se trataba de uno de los redactores que firmó las informaciones sobre el contenido de las conversaciones mantenidas entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, que vieron la luz justo un año y medio después de que se produjeran los encuentros.
  5. ¿Qué tipo de dispositivo se utilizó y quién lo colocó? Una minigrabadora de fácil utilización y excelente rendimiento técnico. Según las fuentes consultadas, el dispositivo fue solicitado por Eugenio Pino al entonces responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, encargado también de la colocación. La duda es si el sistema de grabación se instalaba para cada servicio o, por el contrario, se encontraba de forma permanente en la estancia contigua al despacho del ministro donde se llevaban a cabo los encuentros.
  6. ¿Por qué se grabaron las reuniones con el jefe Antifraude de Cataluña? En pleno órdago soberanista, la razón esgrimida para adoptar esta medida fue que el ministro, en caso de obtener información relevante por parte de alguno de sus interlocutores, debía tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que Daniel de Alfonso decidiera dar marcha atrás. El ex jefe Antifraude también tenía fama de grabar conversaciones, como él mismo reconoció en una entrevista concedida a este diario. «Como usted comprenderá, una reunión en un hotel, en una habitación o en una cafetería para mí no es oficial. Por cubrirme las espaldas, había una persona que trabajaba para mí que se iba antes y las grababa», justificó.
  7. ¿Cuál fue el papel del CNI? Fuentes policiales consultadas por este periódico no tienen dudas de que el comisario Martín-Blas es un colaborador asiduo del CNI, organismo al que señalan algunas fuentes como el último eslabón antes de que las cintas llegaran al diario Público. Este extremo lo ha desmentido el organismo que dirige Félix Sanz Roldán, que niega cualquier vinculación con el escándalo de las grabaciones y su posterior filtración. En una entrevista que publica este miércoles El Independiente, Daniel de Alfonso asegura que el papel de los servicios secretos en este escándalo fue mucho más relevante de lo que él pensaba inicialmente. ¿Dará detalles durante su comparecencia en el Congreso?
  8. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación oficial? No se conocen, pese a que han transcurrido casi diez meses desde que trascendió el contenido de las cintas. Días después de que estallara el escándalo, el entonces ministro encargó a la Comisaría General de la Policía Judicial una investigación secreta y, de hecho, el 1 de julio un grupo de agentes llevó a cabo un rastreo en diversas dependencias del Ministerio del Interior en busca de pruebas que permitieran aclarar lo sucedido. El pasado mes de noviembre, Fernández Díaz cedió el testigo a Juan Ignacio Zoido sin que exista en los archivos ningún documento acerca de los resultados de aquella supuesta investigación.
  9. ¿Se han querellado Fernández Díaz o Daniel de Alfonso? No. Ni el entonces titular de Interior ni el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña han interpuesto querella por posible revelación de secretos a raíz de que el diario Público difundiera el contenido de las cintas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del pasado 26 de junio.
  10. ¿Prosperó la querella interpuesta por Convèrgencia y el ex alcalde Trias? No. El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo inadmitió la querella que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias interpusieron contra Fernández Díaz y Daniel de Alfonso por las grabaciones de sus reuniones. El alto tribunal lo archivó porque el delito de conspiración para delinquir «no estaba en vigor» cuando se cometieron los hechos, en octubre del 2014, ya que se introdujo en la reforma del Código Penal de marzo del 2015. No obstante, el Supremo consideró acreditado «indiciariamente» que el ex ministro y el ex director de la Oficina Antifraude se concertaron «para la filtración a la prensa de un informe confidencial que conocen por razón de sus cargos y con ello para la ejecución de un delito de revelación de secretos».

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