El juez Eloy Velasco abre un nuevo flanco en la causa en la que investiga la posible financiación irregular del PP de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción tratan de averiguar si los populares madrileños utilizaron también la empresa de informática de la Comunidad de Madrid -la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), hoy Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid- para financiarse de forma ilegal.

Según fuentes del caso, la operación Lezo incluirá el registro de la sede de ICM, donde los investigadores esperan encontrar documentación que acredite que el partido se financió irregularmente. Al frente de ICM se encontraba como consejero delegado José Martínez Nicolás, imputado en el caso Púnica por presuntos pagos al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro. Martínez Nicolás fue detenido en octubre de 2014 por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la multinacional Indra y continúa imputado en esta causa.

En declaraciones a este periódico, Martínez Nicolás asegura que no ha recibido citación alguna del juez Velasco en el marco de la operación Lezo y ha defendido su gestión “escrupulosa” durante su etapa como consejero delegado de ICM, de la que ya se desvinculó. “No he cometido delito, al menos de manera consciente, y no tengo de qué avergonzarme”, ha señalado.

Cuando prestó declaración en calidad de testigo ante el juez Eloy Velasco, el ex  presidente de la empresa tecnológica Francisco Javier Monzón aseguró que Martínez Nicolás pidió al directivo de Indra e imputado en el caso Púnica Santiago Roura que pagara 10.000 euros a Alejandro de Pedro.

Investigación secreta

La investigación sobre la empresa informática de la Comunidad de Madrid aviva las sospechas por la financiación irregular del PP madrileño y vinculan la operación Lezo con el caso Púnica. Bajo secreto de sumario, el juez Velasco  y la UCO investigan desde hace meses en una pieza separada de esta causa de corrupción la presunta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, a la que sustituyó Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2012. González es uno de los 12 detenidos en la operación desplegada este miércoles por la Guardia Civil a instancias del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

En esta rama del caso se investiga si empresas beneficiadas por los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid vinculados al 1% del presupuesto para publicidad de los hospitales y centros de salud construidos por el Ejecutivo autonómico durante la etapa de Aguirre pagaron actos electorales del PP de Madrid. También trata de acreditarse si el PP de Madrid utilizó su fundación Fundescam para recibir donaciones, como las de la patronal CEIM, o subvenciones por parte de la Administración regional.