No hay «plan b» ni estrategia posible. En el PP admiten su impotencia para contrarrestar la avalancha de informaciones sobre presuntas corruptelas que se han destapado con la Operación Lezo. Cada día es un sobresalto, un dato o un nombre nuevo «salpicado» por decenas de horas de grabaciones y ramificaciones imposibles. No hay por ello «posibilidad de diseñar una hoja de ruta salvo centrarnos en la gestión política y en los buenos datos económicos», afirma un alto dirigente de Génova.

El «frente madrileño» se considera lo suficientemente cubierto con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, cuya actuación llevando el caso del Canal de Isabel II a la Fiscalía y su decisión de personarse en la causa como acusación particular, ha sido avalada por la dirección nacional del partido tal y como adelantó El Independiente. Por ahí, todo bien. Pero los intentos por «encapsular» el caso, como si tan solo se circunscribiera al ámbito territorial de Madrid, se han demostrado fallidos.

Génova intenta delimitar la ‘Operación Lezo’ al ámbito de Madrid

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Mailo, afirmó ayer que su partido no puede responder «por todos los comportamientos individuales». «Los casos de corrupción son normalmente decisiones individuales y no se puede manchar la honorabilidad de un partido que tiene 23.000 concejales, 860.000 afiliados, cientos de cargos públicos y que ha cumplido cuarenta años de servicio a España», al tiempo que insistió, en una entrevista concedida a Espejo Público de Antena3, en que la Operación Lezo se limita al PP de Madrid.

Pero lo malo para el PP es cuando las sombras de corrupción o de connivencia con los corruptos empieza a salpicar a ministros u otros cargos públicos como ha sido el caso del titular de Justicia, Rafael Catalá, o la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, para la que la fiscalía provincial pide su imputación por otra causa que nada tiene que ver con la Operación Lezo sino con la gestión de Mercamadrid.

El primero ha salido del paso diciendo que respondió a un mensaje de felicitación de Ignacio González por pura «cortesía y educación». La segunda, aun silente, depende orgánicamente del jefe del Ejecutivo, todavía de viaje en Brasil, por lo que su posible imputación le abría un boquete a Rajoy aunque se trate todavía de un «futurible», señalan desde Moncloa.

Precisamente, la nueva acumulación de casos de supuesta corrupción no ha dejado de levantar susceptibilidades entre las filas populares, que apuntan a un cierta «intencionalidad».  Ya vieron un vínculo directo entre el estallido de la Operación Lezo y la declaración de la dimisionaria Esperanza Aguirre antes de su cita como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la Gürtel.

Los populares apuntan a cierta «intencionalidad» por la acumulación de casos

Todo ello sin olvidar que poco antes ese mismo tribunal había aprobado la declaración en calidad de testigo del propio presidente del Gobierno en contra incluso del criterio de las fiscales del caso, nada sospechosas se connivencia con el PP, o, en su momento, del juez Ruz, que fue el instructor sustituto de la Gürtel. El PP dio a conocer entonces un duro comunicado contra la actuación de los jueces que no levantó entusiasmos unánimes a sabiendas de que cuestionar la labor de los magistrados «nunca sale a cuenta» y traslada la imagen de que el PP «no solo no colabora con la justicia sino que la pone bajo sospecha», afirman fuentes del partido en el Gobierno, inmersos estos días en una espiral que no controlan.

La dimisión de Esperanza Aguirre, con ser importante para quitar presión a la olla en que se ha convertido la política del PP, era necesaria pero no suficiente. Que no sea la portavoz popular en el ayuntamiento de Madrid no sirve para desactivar la Operación Lezo y sus decenas de horas de grabaciones de conversaciones en teléfonos intervenidos y también en el despacho profesional de González, una de las últimas revelaciones.

Ni siquiera otros asuntos judiciales apartan la atención, que estos días está puesta en el partido de Gobierno. Otras cuestiones como la petición fiscal de prisión para Jordi Pujol Ferrusola o las amenazas vertidas contra los funcionarios catalanes por el diputado de Junts pel Sí Lluis Llach, están teniendo un efecto muy limitado ante la operación puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.