Como ya adelantó Albert Rivera hace una semana, Ciudadanos quiere reformar la Ley de la Fiscalía para evitar que los fiscales sean elegidos por el Gobierno y que se repita «el caso Moix» o «el caso Catalá», en palabras de Rivera. Esta reforma, que ha registrado esta tarde junto al responsable de Justicia Ignacio Prendes en el Congreso de los Diputados para su consideración y debate en Pleno, no forma parte del pacto de investidura y tampoco se ha negociado con el PP porque «no puede llevar la firma de Catalá» tras los últimas polémicas con los fiscales y su reprobación en el Congreso. Durante la presentación de esta Proposición de Ley, el presidente de Ciudadanos se ha referido en diversas ocasiones tanto al ministro de Justicia como al Gobierno marcando cierta distancia porque, «la están liando», ha justificado.

Esta medida se produce sólo una semana después de la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse que era propietario del 25% de una sociedad panameña y después de que intentara limitar parte de la investigación del caso Lezo. A él también se ha referido el presidente de Ciudadanos en numerosas ocasiones y ha justificado esta reforma para que no haya otro «caso Moix». Esto es, que no haya un fiscal preferido del Gobierno como a su juicio lo era él. «Queremos a alguien que pueda actuar con libertad», ha subrayado.

Para ello, será el Congreso quien decida tanto el nombramiento como el cese del jefe de la Fiscalía. Si finalmente la ley entra en vigor, la Cámara deberá ratificar a José Manuel Maza con una mayoría de dos tercios o proponer un nuevo fiscal general. «No tendría sentido poner esta reforma en marcha y mantener el sistema anterior», ha justificado Rivera. Aunque de esta forma seguiría siendo el Gobierno quien proponga al fiscal general una vez oído el CGPJ porque así lo recoge la Constitución, es el Congreso el que ratificaría el nombramiento tras una comparecencia previa ante la Comisión de Justicia para que los diputados puedan hacerle las preguntas que consideren antes de tomar posesión del cargo. Si el candidato propuesto no fuera ratificado por esa mayoría de dos tercios, el Gobierno deberá presentar uno nuevo.

Para garantizar la transparencia de las relaciones entre los distintos órganos, Ciudadanos propone que las comunicaciones del fiscal general con el Gobierno y las Cámaras se realicen siempre por escrito. Rivera ha recordado nuevamente al ministro de Justicia y sus conversaciones con los fiscales de Murcia antes de conocer la imputación del presidente regional Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio y Púnica.

Otra de las novedades que propone Ciudadanos en esta reforma es la ampliación del cargo del fiscal general de cuatro a seis años para evitar precisamente que se produzca un relevo a la vez que haya un cambio de Gobierno. «No queremos un fiscal general del gobierno, sino un fiscal general del Estado». En total, la proposición de ley incluye diez puntos con los que la formación naranja quiere romper el «cordón umbilical» que une a la Fiscalía con el Gobierno y garantizar tanto la independencia de este órgano como su transparencia.

Ciudadanos ha registrado esta proposición de ley sólo 24 horas después de que lo hiciera Podemos que, aunque con puntos diferentes, guardan algunas similitudes y el objetivo final es el mismo: dar más protagonismo al Congreso a la hora de nombrar al fiscal general. Pese a ello, Ciudadanos ha negado que vayan a fusionar ambas medidas, por lo que, de ser así, deberán votarse por orden de registro en pleno.