La Presidencia del PSOE ya no es un cargo honorífico. En su primera semana como presidenta, Cristina Narbona ya ha impuesto su criterio cambiando la postura del PSOE en asuntos de trascendencia local e internacional. Se desmarca así de su antecesora, Micaela Navarro, diputada y vicepresidenta del Congreso, que funcionó casi como un puente entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. O de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que eran presidentes autonómicos y se dedicaban principalmente a sus Gobiernos, para intervenir en el partido sólo en cuestiones delicadas.

En cambio, y tras su dimisión en el Consejo de Seguridad Nuclear, Narbona ocupa despacho en la planta noble de Ferraz y ejerce el mando. Primero lo hizo para modificar el rumbo socialista en materia económica, primando su carácter ecologista, con la negativa a apoyar una modificación normativa que habían pedido las propias comunidades autónomas socialistas para salvar negocios agropecuarios -como la pesca del cangrejo rojo- de los efectos de una sentencia del Tribunal Supremo. Contrariados, los diputados votaron en contra el martes.

Esa misma noche, la presidenta del partido fijaba otra posición a través de la red social Twitter. "No lo vamos a apoyar. #PorUnaNuevaSocialdemocracia", escribió sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA en sus siglas en inglés) que se debe aprobar en el Congreso. El PSOE había votado a favor en el Parlamento Europeo y ahora es necesaria su aprobación en los parlamentos nacionales para que pueda salir adelante. Hasta ahora, la posición socialista era favorable, pero el mensaje de Narbona cambió las cosas, generando un importante malestar entre diputados y europarlamentarios. "No es serio fijar posiciones políticas a través de Twitter", se quejaban.

En ambos casos, la opinión de Cristina Narbona fue fundamental para el cambio de criterio. Junto a Pedro Sánchez, la presidenta del partido se reunió con los responsables de área de cada materia en Ferraz el martes. En el encuentro sobre el CETA participaron el responsable de Economía, Manuel Escudero, y las portavoces parlamentarias, Margarita Robles e Iratxe García (Bruselas). El criterio de Narbona prevaleció en las cuestiones económicas como el acuerdo internacional y el caso del cangrejo rojo. A partir de ahí, hubo que construir un relato.

“De momento no se ha tomado una decisión. Es un tema muy controvertido; ya hubo debate en su momento dentro del Parlamento Europeo, e incluso los propios socialistas canadienses votaron en contra. Hay aspectos jurídicos, como por ejemplo, los tribunales arbitrales que se establecen en ese tratado, que me generan algunas dudas”, explicó a primera hora en el Congreso Margarita Robles. “En los aspectos jurídicos, es un tratado que me genera muchas dudas. Son cuestiones de forma y de fondo sobre las que habrá que tomar una decisión. Será la Ejecutiva del PSOE que se reunirá el lunes quien, después de valorar muchos aspectos muy complicados y difíciles, tome la decisión final”, reiteró.

A nivel interno, la justificación comenzó con una moción aprobada en el 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado el pasado fin de semana, que exige "estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambientales" en el comercio internacional: "Establecer un marco internacional para el comercio o extender las mejores prácticas a los acuerdos bilaterales o multilaterales. La izquierda socialdemócrata no está en contra del comercio internacional pero lo quiere con condiciones y regulaciones que aseguren la universalización de derechos y con las protecciones sectoriales sensibles en cada caso. Negar el comercio es cerrar la puerta a la internacionalización, a las exportaciones y a la competitividad. Es negarse al progreso y al crecimiento. Pero hay que hacerlo con acuerdos que respeten los convenios fundamentales de la OIT y tengan en cuenta estándares de dignidad social, laboral, de protección de los consumidores y medioambiental, así como defendiendo los servicios públicos y los intereses nacionales”, trasladaba la Ejecutiva. "En consecuencia, en este momento la dirección del PSOE está estudiando la coherencia entre este posicionamiento adoptado en el 39 Congreso y las posiciones anteriormente adoptadas respecto al CETA".

Las explicaciones también se difundían vía argumentario interno: "El Partido Socialista tras su Congreso tiene que actualizar sus posicionamientos. La política comercial internacional es uno de ellos. El Partido Socialista es un partido que cree en las sociedades abiertas, en un comercio internacional justo y en que el interés general predomine sobre el interés de determinadas corporaciones empresariales. Consideramos que Canadá es un país social y medioambientalmente avanzado, con estándares similares a los europeos, por eso no vamos a votar en contra de un acuerdo comercial con ese país. Aunque hay aspectos, como el Sistema de Tribunales de Inversiones, que nos suscitan dudas razonables y que hemos de sopesar para adoptar una posición definitiva. Por ello creemos que es necesario que el PSOE, en un debate profundo y riguroso con los partidos progresistas europeos, establezca un modelo de Tratado Comercial aplicable a todos los países con los que la UE llegue a acuerdos. Un modelo que facilite los intercambios comerciales, sin someter el interés general al de las grandes corporaciones".

El cambio de posición política se concretará el lunes en una reunión de la Ejecutiva federal, que niega que el giro sea un guiño a Podemos. "Somos la izquierda y se va a notar. No es sólo un lema", aseguran desde la dirección socialista, que anuncian más posiciones a la izquierda de las que ha tenido el PSOE bajo el control de la Gestora durante los últimos ocho meses. La disposición mostrada esta semana por Narbona así lo augura.