El informe que emitió la auditora KPMG sobre la empresa brasileña Emissao un mes de antes de que la adquiriera el Canal de Isabel II no sólo ponía de manifiesto riesgos potenciales y deficiencias contables que no se tuvieron en cuenta a la hora de que se calculara el precio de compra. El trabajo también advertía de que la compañía pagaba comisiones a terceros para conseguir contratos, lo que tampoco fue un inconveniente para que los entonces gestores siguieran adelante con la operación y consumaran su desembarco en este país suramericano.

Así se detalla en el informe que el Canal de Isabel II ha puesto en conocimiento del juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo y que recoge las conclusiones del instructor del expediente disciplinario abierto contra tres ex directivos que participaron en la negociación o tuvieron conocimiento de la misma: Adrián Martín López de las Huertas, ex director general de Canal Isabel II Gestión; María Fernanda Richmond, ex directora financiera de Canal Gestión, y Fernando de Cevallos, entonces responsable de Recursos Humanos.

El pago de comisiones ilegales en países latinoamericanos donde opera la empresa de la Comunidad de Madrid dedicada a la gestión del ciclo integral del agua a través de filiales es una de las líneas que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo, que tiene como principal imputado al ex presidente madrileño Ignacio González. Éste permanece en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril por la presunta comisión de delitos de blanqueo, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y pertenencia a organización criminal.

La compra de Emissao siguió tras el informe de la auditora cuando debió llevar a la «paralización inmediata», según el juez

El 18 de octubre de 2013, menos de un mes antes de que la sociedad matriz del Canal en Latinoamérica (Interamericana de Aguas y Servicio, Inassa) formalizase la compra del 75% del capital de Emissao, KPMG entregó un informe de due diligence en el que analizaba la situación de la empresa carioca. El trabajo, denominado Project lotus-draft report financial, tax and labor high level due diligence, puso de manifiesto la deficiente situación en que se encontraba Emissao en términos de procedimientos y de suministro de información.

Concretamente, señalaba la existencia de riesgos potenciales que «podían influir directamente sobre la valoración de la empresa brasileña», toda vez que los resultados relativos al Ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones) eran «inferiores» a los que había calculado la propia Emissao y había dado por buenos el entonces presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuando se fijó el precio de compra. También ha resultado muy inferior la facturación proyectada para los años siguientes, hasta el punto de representar tan sólo el 25% de lo que se había calculado.

El trabajo de la auditora ya detallaba posibles ajustes de Ebitda por importe de tres millones de reales en 2011, 17 millones en 2012 y 8,5 millones en 2013, así como contingencias por aspectos fiscales y laborales por importe de entre 28 y 38 millones de euros. Casi cuatro años después, el Canal de Isabel II instará un arbitraje en Brasil contra el empresario que les vendió el 75% de Emissao para intentar recuperar hasta 10 millones de euros por las contingencias aparecidas tras la operación que ha tenido que asumir pese a que el contrato obligaba a correr con estos gastos al vendedor.

Los investigadores creen que la filial del Canal en Suramérica sobornó a cambio de contratos en cuatro países al menos

«El informe de KPMG debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición», concluyó el juez Eloy Velasco en el auto por el que envió a prisión a Ignacio González. Lejos de abortar la compra o reforzar las medidas para evitar un perjuicio económico en el futuro, los responsables de la operación elevaron a público la adquisición del 75% de Emissao el 14 de noviembre de 2013. La filial del Canal de Isabel II acordó pagar 21,4 millones de euros por el paquete mayoritario sin que se hubiera llevado a cabo una valoración independiente, transfiriéndose el 85% del dinero a una cuenta del vendedor (Sebastiao Cristovam) en Suiza.

El informe del instructor destaca que, aunque la fecha de la due diligence de KPMG (18 de octubre de 2013) fuera posterior a la celebración del consejo de administración de Canal Extensia en el que se aprobó la compra de Emissao (10 de octubre de 2013), Richmond «conoció con anterioridad las posibles contingencias detectadas» por la auditora «sin que conste que informara al consejo». La ex directora financiera abandonó la prisión de Soto del Real hace dos semanas después de que el juez García-Castellón le rebajara la fianza de cuatro millones a 100.000 euros.

El pago de comisiones ilegales por la obtención de contratos del que advirtió KPMG en su informe es una de las líneas que se investigan en el marco de Lezo. De la lectura del auto por el que el juez Eloy Velasco mandó a prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid se deduce que esta práctica era frecuente entre filiales del Canal en Latinoamérica para lograr cartera de negocio.

Al soborno a funcionarios habría recurrido el consorcio en el que participó Inassa junto a la valenciana Cleop y la panameña MG Infraestructuras para que le adjudicaran el contrato del sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en la provincia panameña de Cocle. En concreto, se habría abonado 273.672,32 euros a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas (Eduholding Corp.) por la prestación de «servicios inexistentes».

Venta ordenada de filiales

También la sociedad Triple A Dominicana -participada por Inassa al 52,81%- «habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos». Según el anterior instructor del caso Lezo, el pago se habría articulado a través de un social local -Ángel Rondón Rijo- a través de su sociedad Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa).

Hubo otros dos países más en los que también se habría actuado de este modo ilegal, según los indicios recabados por los investigadores. En alianza con la empresa española Incatema, Inassa habría realizado sobornos en Haití para conseguir contratos públicos. También se sospecha que éste fue el proceder utilizado en la provincia colombiana de Rioacha por la filial ASAA, en la que la filial latinoamericana del Canal tiene un 32,50%.

Las irregularidades que están aflorando en el marco de la instrucción del caso Lezo ha llevado al Gobierno de Cristina Cifuentes a anunciar una venta ordenada de todas las participaciones que el Canal de Isabel II tiene en empresas suramericanas, concretamente más de una veintena. Los actuales gestores están convencidos de que, con independencia del fracaso de Emissao, la venta les generará una plusvalía no cuantificada aún.