Moncloa quiere que el próximo mes de septiembre marque un antes y un después en la actividad parlamentaria de los Ministerios y del Grupo Popular, a los que han apremiado para que «fuercen la máquina». El objetivo es «entrar con ímpetu» en el curso parlamentario que arranca en septiembre. A sabiendas de que todo va a estar dominado por el tema catalán, o precisamente por eso, la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que depende de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quiere que el Grupo Popular y los ministros compartan iniciativas y desarrollen una intensa labor parlamentaria a pesar de la exigua mayoría de la que disfrutan en el Congreso.

Bajo la coordinación de José Luis Ayllón, a lo largo del mes de julio se han celebrado reuniones del Grupo con el Gobierno, así como con los gabinetes y asesores parlamentarios de los ministros para pedirles que deleguen iniciativas en los diputados, bajo el argumento de que si no dan ellos el paso en el Parlamento, «lo harán los grupos de la oposición», preferentemente PSOE y Podemos, imbuidos de optimismo tras el último CIS, que coloca a las fuerzas de izquierda por encima de la de suma PP-Ciudadanos y a los socialistas a poca distancia de los populares.

Defienden desde Moncloa que el grupo que capitanea Rafa Hernando como portavoz parlamentario «es muy bueno, con gente preparada» a la que quieren dar mayor protagonismo. De hecho, Hernando es, junto con Sáenz de Santamaría y Ayllón, el triunvirato negociador del Ejecutivo.

Consigna de Moncloa: «Hay que sacar todo lo que tenemos y empezar con fuerza»

«Hay que sacar todo lo que tenemos y empezar con fuerza», comentan fuentes gubernamentales conscientes de que la aritmética parlamentaria dificulta sacar adelante proyectos de ley. Pero no impide al Grupo Popular poner en marcha «proposiciones no de Ley, mociones, petición de comparecencias y otras iniciativas con las que intentar comer terreno a la oposición».

La producción legislativa del Gobierno ha sido bastante escueta. La vicepresidenta y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han pactado el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado de este año y esperan contar con su respaldo para los de 2018  y aprobarlos aunque sea por la mínima. También con ellos han sacado adelante el techo de gasto. La presupuestaria será la primera gran negociación en la que se embarque el Ejecutivo, con la intervención puntual del propio Mariano Rajoy, que permitió cerrar un pacto de legislatura con los nacionalistas vascos, a cambio, eso sí, de ceder en reivindicaciones históricas como la negociación del traspaso de las competencias de prisiones al gobierno autonómico.

En todo 2017 no se ha aprobado ni una sola Ley Orgánica

El balance que hace el Congreso sobre la actividad parlamentaria legislativa de lo que va de año arroja el dato esclarecedor de que no se ha aprobado ni una sola Ley Orgánica en este tiempo, ni tampoco reales decretos legislativos. Por ejemplo en 2015, a pesar de la disolución de las Cámaras en octubre para la convocatoria de elecciones el 20-D, la Cámara Baja aprobó 16 Leyes orgánicas, y hasta en 2016 el gobierno en funciones sacó adelante la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y también la reforma de la LOREG para el supuesto de convocatoria automática de elecciones, al objeto de impedir que unas terceras elecciones abocaran a los españoles a votar el día de Navidad.

Leyes ordinarias, que no necesitan de mayorías reforzadas, sólo han prosperado cuatro: la de Presupuestos antes citada, la de asistencia jurídica gratuita, la de jurisdicción voluntaria y la de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la UE, que incorpora una directiva europea.

El Gobierno ha ido tirando a fuerza de decretos-leyes como el de la estiba

El Gobierno ha ido sacando el curso parlamentario a fuerza de decretos-leyes, trece en concreto. Los más importantes han sido los de la estiba, no sin dificultades; el de la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente, Ejército, Fuerzas de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas así como la oferta de empleo destinada a reforzar la lucha contra el fraude fiscal; el del sistema de compensación por copia privada o el referido a la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Pensiones, autónomos y pacto educativo

En definitiva, un magro balance de actividad parlamentaria que provocó que Moncloa decidiera «agilizar» el trámite del Pacto contra la Violencia de Género y la presentación del informe de los expertos catedráticos respecto al nuevo modelo de financiación autonómica para que Mariano Rajoy tuviera algo que presentar en la rueda de prensa que siguió a la última reunión del Consejo de Ministros antes del verano, el pasado día 28, con la que pone fin al curso político.

Pensiones, autónomos y pacto educativo son algunas de las cuestiones a impulsar en el periodo de sesiones que arrancará en septiembre con permiso de la Generalitat, que aspira a centrar el foco político a la vuelta del verano con su declarado propósito de celebrar un referéndum independentista ilegal. Mucho tendrán que emplearse en el Parlamento los distintos Ministerios y el Grupo Popular para contraprogramar tamaño desafío a la legalidad constitucional.