El Gobierno central tiene previsto intervenir el Diario Oficial de la Generalitat Catalana (DOGC) para impedir la publicación de las llamadas leyes de desconexión, esto es, la del Referéndum, con la que se pretende dar cobertura «legal» a la consulta del 1 de octubre próximo, y la de Transitoriedad Jurídica, para sentar las bases de la hipotética nueva república.

En una auténtica carrera contrarreloj, Moncloa quiere impedir a toda costa que se aprueben en el Parlament ambos textos, para lo que busca dilatar los plazos antes de que se sometan a votación este miércoles o jueves. Pero si la vía se muestra imposible, la intervención del boletín oficial catalán está sobre la  mesa y, sin ese trámite de publicación oficial, las leyes son papel mojado, al margen que procedan de un procedimiento parlamentario que impide el debate y del que se ausentarán los tres partidos constitucionalistas, esto es, Ciudadanos, PSC y PP.

La intención de la Generalitat es publicar ambas leyes en el DOGC vía electrónica para agilizar todo el proceso. El Diario está adscrito al departamento de Presidencia de la comunidad, por lo que depende del consejero de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull. La intervención del DOGC constituiría la primera actuación de fuerza del Ejecutivo central que siempre ha defendido que actuará con proporcionalidad, aunque los mecanismos para ello no dejan de ser complicados.

El TC podría actuar de inmediato contra los miembros de la Mesa del Parlament

«Todo está preparado», insisten una y otra vez fuentes del Gobierno sin querer adelantar escenarios a la espera de lo que pase este miércoles y jueves. En este sentido, tampoco se descarta que el Tribunal Constitucional pueda actuar contra la Mesa del Parlament habida cuenta de que «ya está apercibida», subrayan los medios consultados. La política catalana, admiten, se ha convertido en «un juego del ratón y el gato», con un Gobierno central que ya ha dicho basta a cinco años de escalada independentista.

Por su parte, los miembros del Gobierno están avisados de la posibilidad de que de inmediato sean convocados a un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o el Govern de la Generalitat.

De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional estarán reunidos desde las diez de la mañana en un pleno ordinario cuyo orden del día no lleva asuntos relevantes relacionados con Cataluña, pero son conscientes de que el guión previsto se puede ver alterado en cualquier momento.

Las otras alternativas

Además de la intervención del DOGC, son varias las opciones que barajan desde el Ejecutivo a la hora de proceder a la impugnación.

La primera es que se tramite y apruebe la proposición de ley del referéndum presentada por Junts pel Si y la CUP y que, aunque aún no ha salido calificada por la Mesa del Parlament, podría introducirse por vía de urgencia en el pleno que esa Cámara celebra el miércoles. De ser así, el Gobierno no tendría que presentar un nuevo recurso, sino simplemente ampliar uno de los incidentes de ejecución de sentencia que ya ha presentado ante el Constitucional.

Si, por el contrario, la iniciativa la toma el Govern, el Ejecutivo central tendría que presentar un nuevo recurso, al tratarse de un decreto ley, lo que implicaría la consulta al Consejo de Estado.

En cualquier caso, tanto si se sigue un camino o el otro, el Tribunal Constitucional suspenderá cautelarmente de inmediato la ley del referéndum y lo hará con efectos de la fecha de presentación del recurso, como ocurre con cualquier impugnación del Ejecutivo central sobre una norma autonómica en la que se invoque el artículo 161.2 de la Constitución, que regula esa suspensión.

Está por ver si el Gobierno pide al TC alguna medida extraordinaria contra los firmantes de la ley para asegurar el cumplimiento de su resolución, entre ellas la sanción económica o, incluso, la suspensión en sus funciones.

En principio, los magistrados del Constitucional se inclinan más por mantener la línea seguida hasta ahora, es la suspensión y el apercibimiento, dejando en manos de la Fiscalía el ejercicio de posibles acciones penales.