Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han encontrado en la colaboración ciudadana un aliado clave para desmontar el operativo logístico preparado por la Generalitat de Cataluña en su intento por que se pueda votar el próximo 1 de octubre en el referéndum de autodeterminación, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional al admitir los recursos del Gobierno contra las resoluciones adoptadas por el Parlament y el Govern.

Fuentes policiales consultadas por El Independiente han confirmado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional reciben a diario decenas de llamadas anónimas ofreciendo posibles pistas sobre el almacenaje de material electoral y que, fruto de esa colaboración ciudadana, los agentes han podido localizar en imprentas y almacenes de cartelería y papeletas. Algunas de estas llamadas son realizadas por funcionarios de la Generalitat contrarios a la celebración del referéndum y al incumplimiento de la ley.

En una instrucción fechada el pasado 8 de septiembre, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó a los cuerpos policiales estatales y a los Mossos d’Esquadra que requisen “los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal” -urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos y propaganda electoral, elementos informáticos…- a fin de evitar la “consumación o agotamiento de los delitos”.

Policía Nacional y Guardia Civil reciben a diario decenas de llamadas ofreciendo pistas

En cumplimiento de esta instrucción, la Guardia Civil viene desarrollando diversos operativos en las dos últimas semanas en Cataluña que se han saldado con la incautación de más de una tonelada y media de material electoral, fundamentalmente cartelería con los logotipos de la Generalitat y de la CUP. En este sentido, la primera actuación tuvo como escenario la imprenta Indugraf en la localidad tarraconense de Constantí, donde los agentes no intervinieron efectos pero sí obtuvieron datos de los ordenadores de la empresa. Fue en vísperas de la Diada (11 de septiembre).

Desde entonces, el Instituto Armado ha practicado otros registros en empresas de L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Sant Feliù de Llobregat, Valls, donde se encontraron millares de carteles, dípticos y folletos promocionando el referéndum y pidiendo el . Este material electoral estaba empaquetado en palés y listos para su distribución. Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la intervención llevada a cabo en una empresa de San Adrián de Besós, donde llegaron a requisarse las planchas utilizadas para elaborar publicidad de la cita ilegal.

Más trascendental aún es el registro que la Guardia Civil llevó a cabo este miércoles en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, que ha permitido a los agentes tener acceso a las notificaciones que el Ejecutivo autonómico iba a enviar a los ciudadanos que iban a componer las mesas electorales y los puntos donde el Gobierno de Puigdemont pretende que pueda votarse.

Ubicación de las urnas

De momento, la requisa de material no ha incluido las urnas que se utilizarían para la votación y que el Govern asegura tener. Como informó este periódico, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, alardea de que cuentan con 18.000 urnas para que los catalanes puedan pronunciarse el próximo 1-O. Con ese acopio, el Gobierno autonómico trataría de sortear las presumibles incautaciones que llevarán a cabo los cuerpos policiales en vísperas de la cita.

En declaraciones al programa Al rojo vivo de La Sexta, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha vuelto a manifestar su convencimiento este jueves de que el próximo 1 de octubre habrá urnas y papeletas para que pueda votarse.

A diez días para la cita suspendida por el Constitucional, el Ministerio de Interior sigue ejecutando el dispositivo extraordinario en el que ha trabajado durante los últimos cuatro meses de manera discreta a fin de que se evite la celebración del referéndum de autodeterminación. Según las fuentes consultadas, el despliegue incluirá el desplazamiento a Cataluña de cerca de 3.500 agentes (entre policías nacionales y guardias civiles) y la suspensión de las vacaciones a todos los funcionarios con plaza o en comisión de servicio en esta comunidad hasta después del 1-O.

Diseñado en varias fases, el operativo se desarrollará fundamentalmente entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, siendo a partir del próximo miércoles cuando tendrá lugar la mayor movilización de efectivos policiales.