El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza «de plano» la querella por prevaricación y revelación de secretos contra el juez que investiga a la anterior cúpula de la Federación Española de Baloncesto (FEB) por la posible comisión de siete delitos, con lo que automáticamente decae también el segundo intento de recusar al magistrado por parte de los dos principales imputados del caso: el ex presidente José Luis Sáez y el ex secretario general-director económico Luis Giménez.

En un auto fechado el pasado 13 de septiembre, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Vieira Morante y al que ha tenido El Independiente, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acuerda inadmitir la querella interpuesta por Giménez el pasado 4 de julio contra el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, Juan Antonio Toro. La Sala, por unanimidad de sus miembros, concluye que las irregularidades que se atribuyen al juez no constituyen delito alguno.

Como informó este periódico, la acción penal de Giménez contra el juez que lo ha imputado pivota sobre la decisión del magistrado de entregarle una copia de las actuaciones a José Luis Escañuela, ex presidente de la Federación Española de Tenis. Toro abrió las diligencias previas en las que figuran como imputados Giménez y el ex mandamás del baloncesto español José Luis Sáez el pasado 27 de septiembre a raíz de la querella interpuesta por Escañuela contra el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, con la que adjuntó la denuncia que el Comité de Auditoría y Control de la FEB presentó a finales de 2015 ante el CSD por posible uso indebido de fondos de Sáez. El ex presidente del Tenis pretendía así acreditar el doble rasero que Cardenal habría seguido con el anterior jefe del Baloncesto -supuestamente más benévolo- y con él, al que llevó ante la Fiscalía Anticorrupción. La querella fue finalmente archivada.

La inadmisión de la querella de uno de los imputados tumba el nuevo intento de recusar al juez instructor

La entrega del sumario a Escañuela fue uno de los motivos aducidos por Sáez en el incidente de recusación planteado contra Toro, que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid inadmitió el pasado 30 de junio por presentarse de forma extemporánea. En el auto por el que desestimó el pasado 12  de junio la recusación planteada al no apreciar la concurrencia de ninguna de las causas de abstención previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid ya defendió que la entrega de una copia de las actuaciones «no produce atentado alguno a la defensa de los intereses del recusante» por cuanto se solicitó antes de ser firme el auto de archivo de la querella contra Cardenal. «Se trata de una persona [José Luis Escañuela] que sin ser parte en este procedimiento denuncia hechos y compara su conducta con la de otra persona, lo que da lugar al inicio de otro procedimiento diferente, sin que exista amistad ni enemistad con ninguna de las partes en este proceso», razonó Toro.

El TSJM avala ahora la argumentación del juez Toro y reitera que en las diligencias que instruía el magistrado a raíz de la querella de Escañuela contra Cardenal constaba una copia de las actuaciones practicadas en la causa abierta posteriormente contra José Luis Sáez y su mano derecha antes de que en las primeras se dictara auto de sobreseimiento provisional. Y el ex presidente del Tenis tenía derecho a conocer el sumario al haber recurrido en apelación y seguir por tanto personado en el procedimiento.

La inadmisión de la querella contra el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid conlleva otra consecuencia: el decaimiento del incidente de recusación planteado por Luis Giménez, esta vez invocando la causa de abstención cuarta que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219: «Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento».

El ‘amigo’ Cortés Elvira

Es la segunda vez que la anterior cúpula de la FEB intenta apartar al juez que les investiga por la posible comisión de siete delitos, entre ellos los de apropiación indebida, administración desleal, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. José Luis Sáez ha cuestionado la imparcialidad en este procedimiento del magistrado Juan Antonio Toro por haber sido docente en la Universidad en la que ejercía como rector Rafael Cortés Elvira, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y ex directivo de una empresa -Grupo Aegis- a la que alcanzan estas pesquisas.

«Don Rafael Cortés Elvira y el hoy recusado son amigos, pero Don Rafael Cortés Elvira no es parte ni como acusación particular, ni como acusación popular, ni como testigo en los hechos que se están investigando», razonó el juez Toro el pasado 12 de junio en el auto en el que rechazó abstenerse y elevó el incidente a la Audiencia de Madrid para que lo resolviera. «Este juzgador desconoce si en la entidad Carat Sport España SA estaba el sr. Cortés, lo que sí sabe este magistrado es que, desde el año 2010 en adelante, hechos que se están investigando, en la entidad Carat Sport España SA no aparece según el Registro Mercantil la indicada persona (Don Rafael Cortés Elvira)», añadió.

Entre los imputados en el caso FEB figura Jesús García, director de servicios especializados de la multinacional Dentsu Aegis Network. Fue una filial de este grupo la contratada por la Federación Española de Baloncesto en vísperas de la Copa del Mundo 2014 para la captación de patrocinadores. La investigación judicial  trata ahora de determinar por qué José Luis Sáez, «de forma unilateral y sin justificación alguna», elevó del 10 al 12% la comisión que en enero de 2011 pactó con Aegis Media Iberia SLU por su labor de comercialización de activos vinculados a acontecimientos de excepcional interés público -el Mundial 2014- a través de su división Carat Sponsorschip. Fue en una adenda al contrato inicial firmada en marzo de 2012 en la que se añadió una nueva cláusula por la que se le confiaba el encargo «en régimen de exclusividad».

Instrucción paralizada

Sáez y Giménez no han logrado por ahora apartar al juez, pero sí han conseguido que la instrucción del caso se mantenga paralizada desde hace cuatro meses. Cuando tuvo conocimiento del incidente, el magistrado suspendió las declaraciones que había señalado para el 31 de mayo, entre ellas las del vicepresidente ejecutivo de la FEB, José Antonio Montero, y la del consejero delegado de Aegis Media Iberia SLU, José Luis de Rojas (ambas en calidad de testigo). De Rojas fue la persona que firmó con Sáez el 3 de enero de 2011 el contrato de colaboración comercial para captar patrocinadores con motivo del Mundial que organizó España en 2014.

La causa está también a la espera de una pericial que puede tener una enorme trascendencia en el devenir de la investigación: el informe que la inspectora de Hacienda nombrada en tareas de auxilio judicial debe entregar al magistrado Juan Antonio Toro con el análisis del destino de 18.642.747 euros, mayoritariamente vinculados al citado campeonato. Desglosada esta cantidad, un millón de euros corresponde a la aportación inicial a la Joint Marketing Board (JMB) constituida a partes iguales con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), dos millones como fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la organización de la referida cita deportiva (en ambos casos desembolsado en 2009), 14.524.597 euros transferidos como ‘donaciones’ a la JMB entre 2013 y 2014 y 1,2 millones de dólares (1.118.150 euros al cambio actual) que se habrían pagado a otras federaciones como canon por desplazarse a España para enfrentarse a la selección nacional.