España entra a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el periodo 2018-2020, y lo hace en plena polémica por la crisis catalana. El referéndum del 1-O y la actuación policial para impedir las votaciones ha puesto el foco internacional en Cataluña, hasta el punto de que el Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos pidió un informe independiente para esclarecer lo ocurrido en la consulta ilegal, a la luz de las contradicciones en las cifras de heridos y en las duras imágenes de la jornada.

La entrada de España a este órgano internacional es supone un duro golpe para las aspiraciones independentistas, que tras el referéndum del 1-O atrayeron a su causa la simpatía de la opinión pública internacional. El día siguiente a la pretendida jornada electoral, la mayor parte de los medios del exterior se hacían eco de la actuación policial, y la Generalitat se arrogaba este apoyo en su denuncia de lo que definieron como "violencia" y "represión".

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se suma un tanto de cara a la galería exterior, y después de que Carles Puigdemont fuera perdiendo respaldo del resto de países de la Unión Europea. España ha obtenido el voto favorable de 180 países y después de que la candidatura competidora, la de Australia, consiguiera un total de 176 votos.

En ese trienio también formarán parte del organismo de la ONU Afganistán, Angola, Chile, República Democrática del Congo, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Senegal, Eslovaquia y Ucrania, conforme al resultado de la votación en la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados Miembros que son elegidos por la Asamblea General de la ONU por mayoría simple, mediante votación secreta. Los miembros del Consejo son elegidos por un período de tres años y cada año se renueva un tercio de ellos.

Podemos pide al Gobierno consenso en DDHH

Podemos intentará que el Gobierno que forme "una Mesa permanente", con organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, para consensuar su acción exterior en materia de Derechos Humanos y rendir cuentas de su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así consta en una proposición no de ley (PNL) que ha registrado el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, con motivo de la elección de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El texto puntualiza que esa Mesa debería reunirse de forma plenaria al menos antes de cada sesión del Consejo -que celebra tres sesiones al año-. La PNL, firmada por Pablo Bustinduy y Txema Guijarro, pretende también que el Gobierno elabore "una estrategia para transversalizar la protección" de los defensores de Derechos Humanos en la política exterior española, y especialmente a los defensores del medio ambiente, a quienes luchan contra la violencia de género y al colectivo LGTBI.

En tercer lugar, propone iniciar trabajos para que, a mitad de su mandato, España pueda promover o integrarse en un grupo de trabajo para redactar una propuesta de Convención Internacional para la aplicación de las normas relativas a los derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género, esgrimiendo que así lo aprobó --por unanimidad-- la Comisión de Exteriores el pasado junio. Además, Podemos quiere que el Congreso inste al Gobierno a "solventar los problemas identificados por las revisiones periódicas" del Consejo de Derechos Humanos en España y a "hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que habitan en España".

También pide impulsar la defensa de los derechos de las mujeres y de quienes sufren discriminación racial o por "origen étnico, nacional, religión, por su identidad u orientación sexual, o por su diversidad funcional", así como los derechos de la infancia; situar en el centro de la política exterior los derechos humanos y la equidad de género, apoyar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante de empresas y derechos humanos y fomentar la participación de activistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos en el trabajo del Consejo.