La Fiscalía ha pedido este lunes prisión incondicional para el mayor de los Mossos d’Esquadra, José Lluís Trapero, por la inacción de la Policía de la Generalitat tanto a la hora de garantizar la seguridad de la comitiva judicial durante los registros practicados en la sede de Economía y Hacienda el pasado 20 de septiembre como el día del referéndum de autodeterminación ilegal, según ha avanzado Abc. Carmen Lamela, la magistrada que instruye la causa por un delito de sedición, debe decidir ahora si se aviene a la petición del Ministerio Público.

Horas antes, el fiscal también había pedido prisión -en esta ocasión eludible bajo fianza de 40.000 euros- para la intendente de los Mossos Teresa Laplana, si bien la instructora lo ha rechazado y ha impuesto medidas cautelares más suaves: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y presentación quincenal en el juzgado.

Trapero ha prestado declaración en calidad de investigado por un delito de sedición en una jornada en la que también tendrán que comparecer ante Lamela los presidentes de las organizaciones soberanistas Asociación Nacional Catalana (ANC) -Jordi Sánchez- y Òmnium Cultural -Jordi Cuixart-. Por recomendación de su abogada, el máximo responsable operativo de la Policía Autonómica catalana ha acudido vestido de paisano en lugar de uniformado, como hizo en su primera comparecencia.

La magistrada Carmen Lamela debe decidir ahora si acepta la petición del Ministerio Público

En su artículo 544, el Código Penal describe a los sediciosos como aquellos que «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». La comisión de este ilícito se pena con entre cuatro y 15 años de prisión, agravante para el caso de que los autores tengan el carácter de autoridad.

Lamela trata de determinar si los Mossos se mostraron inactivos tanto para garantizar la seguridad de la comitiva judicial durante los registros practicados en la sede de Economía y Hacienda como el día del referéndum, cuando tenían el encargo expreso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de clausurar los colegios electorales para que no pudiera votarse. Es el motivo por el que han sido llamados al procedimiento en calidad de investigados tanto el máximo responsable operativo de la Policía de la Generalitat como la oficial Laplana, para la que la juez ha decretado libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y presentación quincenal en el juzgado.

Con anterioridad, la instructora ha interrogado en calidad de testigos a dos guardias civiles que participaron en el dispositivo desplegado el pasado 20 de septiembre con motivo de las detenciones y registros en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, a la secretaria judicial que tuvo que huir por la azotea debido a la multitud de personas que se concentraba a las puertas y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

La instructora ya rechazó enviar a prisión, eludible bajo fianza, a la intendente Laplana

Las nuevas declaraciones de Trapero, Laplana, Sánchez y Cuixart se producen después de que la Guardia Civil aportara a la causa un atestado en el que respalda los primeros indicios reproducidos por el Ministerio Público en su denuncia y amplía la posible comisión del delito hasta el 1-O, el día en el que el Gobierno de Puigdemont llevó a cabo el referéndum de autodeterminación pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional. A juicio de la Guardia Civil, el comportamiento aquel día del Cuerpo dirigido por Trapero fue de «inacción flagrante», lo que contribuyó a que en la mayoría de los colegios electorales pudiera votarse y a que tan sólo se requisara un porcentaje mínimo de urnas en contra del mandato judicial.

La llamada del juez al jefe de los Mossos

El origen del presunto delito de sedición que se investiga tiene su origen el 20 de septiembre, con ocasión de los registros y detenciones ordenados por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en el marco del procedimiento instruido para intentar desbaratar el 1-O. Entre las 00.07 y las 00.13 horas del 21 de septiembre, más de dos horas después de que terminara el registro, el juez hubo de ponerse en contacto con el mayor de los Mossos para ordenarle expresamente que activara el dispositivo de seguridad necesario que permitiera la salida de la comisión judicial ante la situación de tensión existente, según detalló el fiscal.

Los primeros guardias civiles no pudieron abandonar la sede de la Consejería de Economía y Hacienda hasta las 3.20 horas y el resto hasta las 7 horas -en ambos casos escoltados por los Mossos- debido a la multitud de manifestantes que seguía a las puertas, lo que obligó a la letrada de la Administración de Justicia a abandonar el edificio por la azotea.

La causa que instruye la juez Lamela trata de averiguar si los Mossos pusieron todos los medios para evitar que la multitud concentrada a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda intentara impedir que los funcionarios judiciales y  los agentes de la Guardia Civil pudieran llevar a cabo el registro en busca de pruebas que demostraran la preparación del 1-O y el posterior abandono de las dependencias oficiales, dado que es la Policía de la Generalitat el cuerpo policial con competencias en seguridad ciudadana en Cataluña.

Terminada la declaración de Laplana y Trapero será el turno de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la juez Lamela atribuye un papel «esencial» en el diseño y ejecución del procedimiento de independencia promovido unilateralmente por la Generalitat. «Los hechos acaecidos no suponen un hecho aislado» como sostienen los líderes de la ANC y Òmnium, sino que «se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Cuixart y Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar», argumentó la magistrada en el auto en el que rechazó apartarse para dejar la instrucción de la causa en manos de un juzgado de Barcelona, como pedían ambos imputados.

«Cordón» ciudadano

En relación con los hechos que se investigan, el fiscal llamó la atención sobre el hecho de que la ANC hubiera montado el 20 de septiembre un puesto en el número 20 de la Rambla de Barcelona en el que se repartían chalecos y desde donde «se organizaban los turnos de relevo». En un intento de que los guardias civiles no pudieran llevarse a los detenidos, destaca, los voluntarios “hicieron un cordón” ante las puertas de Economía y Hacienda.

«En esos momentos se produjeron situaciones de gran tensión en Via Laietana, donde los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad, conscientes de que era precisa la presencia de los mismos en diferentes puntos de la ciudad», expuso el fiscal, que no pasa por alto el hecho de que el presidente de la ANC se dirigiera en torno a las 20.20 horas a las «40.000 personas» que a esas horas ya se concentraban en la zona para decirles que «el 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos» y que «nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa».

La Guardia Civil ha puesto de manifiesto que tanto Sánchez como Cuixart se subieron a un vehículo con el logotipo de la Guardia Civil llamando «a la movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo» y que sólo cuando vieron que no podían controlar ya a la muchedumbre les instaron a disolverse.