La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados sigue girando sobre la crisis catalana. Aunque el PSOE y Ciudadanos han bajado el nivel de tensión al Gobierno, los grupos independentistas y Unidos Podemos han vuelto a aprovechar el pleno para cuestionar al estado de derecho y asegurar que en España hay «presos políticos» tras la detención de los presidentes de la Asociación Nacional Catalana (ANCC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por boicotear una comisión judicial realizada por la Guardia Civil en la Consejería de Economía y Hacienda catalana los días 20 y 21 de septiembre.

De hecho, los diputados de Unidos Podemos y los grupos soberanistas han mostrado unos carteles pidiendo la «libertad de los presos políticos», provocando un gran enfado de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que les ha instado a no realizar más «espectáculos». «Aquí se defienden las ideas con palabras no con espectáculos. También son espectáculo los gestos y palabras ofensivas. Este Parlamento no se va a contaminar mientras yo esté en la presidencia», ha advertido a los diputados.

Minutos antes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también se refería a la prisión preventiva decretada para los agitadores callejeros del independentismo. En respuesta a Joan Tardá, portavoz de ERC, la vicepresidenta ofreció algunos «apuntes» básicos de democracia, como la separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La vicepresidenta recuerda a ERC que hay separación de poderes e igualdad ante la ley

En este sentido, Santamaría recordó la acusación particular que ejercieron la Generalitat y el Parlament contra el Movimiento 15-M que rodeó la Cámara con motivo del debate presupuestario de 2013, y en la que pedían penas de tres años de cárcel para los manifestantes. El Govern acusaba a las cuatro personas que impidieron el acceso al pleno al entonces president, Artur Mas, que finalmente accedió en helicóptero. El Parlament, por su parte, pidió cárcel para las 20 personas que estaban imputadas en la Audiencia Nacional.

La vicepresidenta recordó esa doble vara de medir para preguntar por qué entonces se acusaba a los manifestantes de «reo de atentado» y ahora de «presos políticos» tras haber cometido el «asedio a una comisión judicial». «Los gobernantes respetan la ley y cuidan el bienestar de los ciudadanos, la Generalitat sólo el independentismo», ha lamentado, censurando que la actuación dle Govern haga que se marchen de Cataluña cien empresas al día y se esté «hundiendo» el sector turístico y la «marca Barcelona».

Por su parte, el presidente del Gobierno ha vuelto a llamar a Puigdemont a que vuelva a la legalidad para poder dialogar en el seno del Congreso de los Diputados y que su Ejecutivo no se vea obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución. «Sólo pido a Puigdemont que actúe con sensatez, con equilibrio y que anteponga los intereses generales de todos los catalanes», ha explicado, para pedirle que «simplemente responda a una pregunta».

Cataluña lleva más de un mes con el Parlamento cerrado», reprocha Rajoy

En respuesta al diputado del PdeCat Jordi Xuclá, Rajoy ha recordado que «en Cataluña se ha cerrado el Parlamento», que lleva un mes y doce días sin actividad, para denunciar que la oposición catalana no puede ejercer sus derechos allí. Por esos motivos, ha pedido al PdeCat  que «haga un esfuerzo para convencer a Puigdemont» y evitar que el Gobierno se vean «obligado» a tomar unas medidas que sería mejor no tener que aplicar «nunca».

Rajoy también ha debatido por el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que ha parafraseado la carta del presidente del Gobierno al preguntarle por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel que asegura que el PP se financión de forma ilegal.

El presidente del Gobierno ha recordado que ese proceso se refiere a las campañas electorales de dos ayuntamientos de Madrid de hace 14 años y ha reprochado a Iglesias que desacredite decisiones de jueces y fiscales cuando no le gustan y se aferre a otras cuando le conviene políticamente para atacar al PP.