Durante los días previos al referéndum independentista, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó a la Guardia Civil dos puntos diferentes con la certeza de que allí se custodiaban las urnas que se iban a utilizar el 1-O con el fin de que dicho cuerpo procediera a su incautación. Sin embargo, cuando los agentes acudieron a los lugares señalados, no había urnas. Los esfuerzos del CNI por frustrar el 1-O fueron en vano y el Govern logró colocar miles de recipientes de plástico en los más de 2.300 colegios electorales designados por la Generalitat, con lo que finalmente se pudo llevar a cabo la consulta que había prohibido expresamente una juez tras suspenderla el Tribunal Constitucional.

Fuentes de la investigación han confirmado a El Independiente que los servicios secretos alertaron en vísperas del 1-O de la existencia de urnas en tres ubicaciones distintas, lo que motivó que agentes se desplazaran hasta los emplazamientos señalados para proceder a su decomiso. El CNI también instó a seguir a una determinada persona que teóricamente les conduciría a uno de los escondites, pista que también resultó errónea.

El convencimiento del Gobierno era tal que en las semanas previas transmitió reiteradamente su compromiso de que, en contra de lo que ocurrió el 9-N (2014), el 1-O no habría urnas. El propio presidente Rajoy había empeñado su palabra ante representantes de otros partidos políticos y líderes sociales con los que se reunió, apoyándose en la información que le suministraban los propios servicios secretos: no habría urnas y la mayoría de los Mossos serían leales. No sucedió ni una cosa ni la otra.

El CNI dice que es «rotundamente falso» que elaborara un informe diciendo que no habría urnas el 1-O y que la mayoría de los Mossos obedecería las órdenes

A preguntas de este periódico, un portavoz del CNI dijo que es «rotundamente falso» que se hubiera elaborado algún informe en el que se asegurara que los promotores del referéndum ilegal no dispondrían de recipientes para las papeletas y que la actuación de la Policía de la Generalitat sería mayoritariamente de obediencia a las órdenes judiciales. La fuente también desmintió que se hubieran señalado emplazamientos sobre el hipotético almacenamiento de las urnas.

Durante las dos semanas previas al 1-O, la Guardia Civil llevó a cabo diversas operaciones en distintos municipios catalanes que permitieron la incautación de 12,4 millones de papeletas, varios millones de sobres, planchas, carteles y dípticos anunciadores del referéndum. Pero ni una sola urna, salvo el centenar inmovilizadas el pasado 28 de septiembre en un almacén de Igualada (Barcelona) pero que en realidad estaban destinadas a unas futuras elecciones en el FC Barcelona.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra tenían la orden de fiscales y jueces de intervenir cualquier instrumento necesario para la preparación o desarrollo del referéndum, como papeletas, urnas, censo y ordenadores. En el reparto de tareas, los servicios secretos tenían la misión de encontrar las urnas para que no se pudiera desarrollar el referéndum, lo que habría impedido no sólo la consulta ilegal propiamente dicha, sino las imágenes de las cargas policiales en los centros de votación. Esas fotografías han permitido al independentismo alimentar el relato victimista, denunciar la actuación del Estado «opresor» e internacionalizar el conflicto.

Ministros y mandos policiales reconocen en privado el malestar con los servicios secretos, encargados de hallar las urnas para evitar otro 9-N

«Las urnas son cosa nuestra’. Anda que no he escuchado yo veces que ellos se encargarían de localizarlas y que no había que preocuparse, que eso era trabajo suyo», asegura a este diario una fuente conocedora del dispositivo de seguridad puesto en marcha para intentar abortar el 1-O. Los hechos revelan que el CNI no pudo cumplir el cometido que tenía encomendado.

Miembros del Gobierno reconocen en privado el enorme malestar existente con los servicios secretos por no haber hallado las urnas, lo que se señala unánimemente como el principal error en la respuesta diseñada por el Estado para intentar desbaratar la celebración del referéndum. Ese fallo, unido a la inacción de los Mossos, provocó que la exposición de policías nacionales y guardias civiles fuera mucho mayor.

Urnas requisadas por la Policía Nacional en un centro de votación de Barcelona el 1-O a primera hora de la mañana. MINISTERIO DEL INTERIOR

El CNI depende de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia desde que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa -en diciembre de 2011- y confió a Soraya Sáenz de Santamaría dichas responsabilidades de gobierno, puesto que hasta entonces los servicios secretos estaban adscritos al Ministerio de Defensa.

No le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas», declaró Sáenz de Santamaría, de la que depende el CNI

El director del CNI es el general del Ejército Félix Sanz Roldán, que accedió al cargo en sustitución de Alberto Saiz en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero -el 3 de julio de 2009– y fue renovado por Sáenz de Santamaría el 4 de julio de 2014. La ley reguladora del centro, en su artículo 9, fija en cinco años el mandato legal del máximo responsable de los servicios secretos españoles, «sin perjuicio de la facultad del Consejo de Ministros de proceder a su sustitución en cualquier momento». El actual mandato de Sanz Roldán no expira hasta julio de 2019, cuando el general tenga ya cumplidos los 74 años.

«No le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es mejor que la estrategia quede a buen recaudo», declaró Sáenz de Santamaría a la Ser el pasado 4 de septiembre. «Un Gobierno no anuncia, un Gobierno actúa», remachó convencida.

La constatación de que no ocurrió el 1-O lo que le habían dicho con total seguridad en los días previos fue lo que llevó al grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados a anunciar la formalización de la petición de reprobación de la vicepresidenta por su gestión en la crisis de Cataluña y la actuación policial. Ésta ha quedado aplazada a la espera de que Rajoy comparezca en la Cámara Baja para dar explicaciones.

El fiasco de las urnas llevó al PSOE a anunciar una petición de reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno, luego aplazada

Según los datos de la Generalitat, los promotores del referéndum lograron reunir al menos 6.249 urnas. Éste es el número de mesas habilitadas en 2.315 colegios electorales, en los que se contabilizaron supuestamente 2.266.498 votos (el 43% de los electores).

Los contenedores de plástico en los que se depositaron los votos fueron fabricados por la empresa china Smart Dragon Ballot Expert, que preparó un pedido de 10.000 unidades. La remesa se envió a Francia para evitar que fueran descubiertas e intervenidas en caso de ser desembarcada en algún puerto catalán.

Según informó el diario Ara, las urnas estuvieron almacenados durante meses en la localidad francesa de Elna (región del Languedoc-Rosellón), desde donde  fueron posteriormente trasladadas a Cataluña en vehículos particulares para no despertar sospechas.