Política

Carmena frenó una movilización de alcaldes de PSOE y Podemos contra la ‘ley Montoro’

logo
Carmena frenó una movilización de alcaldes de PSOE y Podemos contra la ‘ley Montoro’
Una imagen de la reunión del pasado 1 de marzo.

Manuela Carmena (Madrid) y Óscar Puente (Valladodlid), durante la reunión de alcaldes de PSOE y Podemos celebrada en Madrid. E.I.

Resumen:

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), propuso una manifestación de regidores ante las Cortes simular a las acciones de ‘rodea el Congreso’ para exigir a Montoro autonomía a la hora de decidir a qué destinan los excedentes presupuestarios municipales.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechazó la propuesta, que era secundada por otros regidores de Podemos y PSOE, durante una reunión celebrada el 1 de marzo en la capital.

La regidora pretendía evitar el conflicto directo con el Ministerio de Hacienda para evitar la intervención de las cuentas que se produjo ayer.

El Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tras un tira y afloja sobre el incumplimiento del gasto municipal que data desde la llegada de Ahora Madrid a la alcaldía, en mayo de 2015. El ministro Cristóbal Montoro ha enviado una carta al Consistorio que dirige Manuela Carmena anunciando una fiscalización “semanal de las cuentas públicas” municipales.

La intervención se produce después de que la propia alcaldesa de Madrid frenara varios intentos de movilización de alcaldes de PSOE y Podemos contra la Ley Montoro, que fija el techo de gasto de las administraciones locales e impide a los alcaldes decidir el uso de sus superávits presupuestarios.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), propuso una manifestación de regidores ante las Cortes simular a las acciones de ‘rodea el Congreso’ para exigir al Ministerio autonomía a la hora de decidir a qué destinan los excedentes presupuestarios municipales. Lo hizo en una reunión celebrada el 1 de marzo en Madrid, a la que asistieron alcaldes, concejales, interventores y técnicos de trece corporaciones gobernadadas por PSOE y Podemos, incluidos representantes de la oposición como entonces Esperanza Aguirre (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos).

Entre ellos estaban los alcaldes de Valencia, Zaragoza y Las Palmas, junto a representantes municipales de Barcelona, Sevilla, Murcia, Bilbao, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Tenerife y Mallorca. En ese encuentro, como en otros similares, la alcaldesa de Madrid frenó la posibilidad de una movilización conjunta, según fuentes presentes en la reunión, a pesar de que los representantes del PP no se mostraron contrarios a la medida.

Al ser Madrid la ciudad con más posibilidades de ser intervenida, las fuentes atribuyen la actitud conciliadora de Carmena a su interés por evitar el conflicto con Montoro y buscar un entendimiento con el Ministerio para evitar esa medida. “Al final no hemos hecho nada, Madrid ha sido intervenido y todos los demás estamos fuera de juego”, señalan fuentes municipales, que explican que los alcaldes sólo tienen una posibilidad de poder gestionar sus propios superávits, los presupuestos de 2018, antes de las elecciones locales de 2019.

Diversos alcaldes de Podemos y del PSOE como los regidores de Zaragoza (Pedro Santisteve), Valencia (Joan Ribó) y Córdoba (Isabel Ambrosio) han estado a favor de iniciar movilizaciones contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esos intentos se han encontrado con la oposición de la alcaldesa de Madrid, a pesar de los intentos de los regidores de tomar medidas drásticas como han propuesto en diversas reuniones del consejo territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El alcalde de Valladolid se ha quejado de esta situación en la red social Twitter, en la que ha explicado que lleva “meses clamando por una respuesta contundente contra la Ley Montoro de todos los ayuntamientos”. De hecho, su entendimiento con regidores de coaliciones electorales lideradas por Podemos es patente, como aseguró la propia regidora de Barcelona, Ada Colau, cuando reconoció la labor de volver a municipalizar el servicio público de aguas por parte del Ayuntamiento vallisoletano.

En la reunión de alcaldes de marzo no se acordó la movilización solicitada por Puente, pero se aprobaron otras medidas, como la reclamación para modificar el cálculo de la regla de gasto “para adecuarlo a los nuevos tiempos”.

La regla de gasto es una limitación impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española.

El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que se consideró prioritario contener el gasto público local. No obstante, cuatro años más tarde y tras la aplicación de diversos recortes, la mayoría de los ayuntamientos de capitales cumplen sobradamente los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores, por lo que los regidores consideran innecesario seguir restringiendo el gasto según unos criterios “restrictivos”. “Resulta contraproducente para las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas”, señalaron en una nota pública tras la reunión de marzo.