Podemos contraataca al golpe que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asestó al Ayuntamiento de Madrid. La intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda ha obligado a la alcaldesa Manuela Carmena a frenar el gasto y a bloquear 173,5 millones de euros que estaban ya asignados a partidas presupuestarias. Como respuesta a esta medida contra uno de los llamados Ayuntamientos del Cambio, Podemos Comunidad de Madrid ha emprendido una ofensiva para reabrir una nueva vía de suministro al Consistorio: pedirá a Cristina Cifuentes que financie las competencias autonómicas transferidas y lo hará exigiendo el cumplimiento de una una ley impulsada por Alberto Ruiz Gallardón y puesta en marcha cuando era alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad al mismo tiempo.

No será el único arma: Podemos contraacata al ministro de Hacienda con su propia medicina y, para pedir financiación, se valdrá también de la  Ley Montoro, que establece que «la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria”. El Ayuntamiento de Madrid gastó 732 millones de euros en 2015 en este tipo de competencias que corresponderían a la Comunidad de Madrid.

La Ley de Pacto Local -aún vigente- permite el traspaso de competencias y su correspondiente financiación de la Comunidad de Madrid a las Administraciones locales, y se vertebra en la Comisión Mixta de Competencias, un órgano que estuvo presidido por Francisco Granados, imputado por el caso Púnica, por el que estuvo 31 meses en prisión. La comisión era el encargado de clarificar y regular las competencias, bajo la premisa de que si la Comunidad cedía alguna tarea a los ayuntamientos, se comprometía también a financiarla.

Si Carmena por ejemplo quisiera, como quiere, recuperar las competencias del Metro de Madrid -cuya participación municipal fue vendida por Gallardón en 2011 a la entonces presidenta Esperanza Aguirre-, tendría presentar la petición ante este órgano. Sin embargo, la Comisión Mixta lleva en un congelador más de una década, y aunque sobre el papel nunca se haya derogado a disuelto, a día de hoy no hay ningún órgano regulador efectivo que clarifique las competencias, una situación que deja margen a la «discrecionalidad e inseguridad» y permite una «red clientelar» entre administraciones, en función de afinidad, según denuncia el encargado de este área, el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado.

La Ley de Pacto Local 4/2003 del 11 de marzo, que fue anunciada a bombo y platillo por Esperanza Aguirre y el PP como la «segunda descentralización» -después de la descentralización autonómica- cayó en el olvido hace más de diez años: la comisión de competencias sólo se reunió dos veces desde su creación, la última en 2006, justo cuando la relación entre los populares Aguirre, presidenta de la Comunidad, y Gallardón, alcalde, pasaba por sus momentos más bajos. Nunca más se convocó después de esa fecha.

Rita Maestre acudirá el 13 de diciembre al parlamento autonómico para pedir explicaciones a Cifuentes

Podemos lleva meses trabajando para reactivar la Ley de Pacto Local, y la intervención del ministro de Hacienda ha sido el espaldarazo final para pedir cuentas y abrir este cauce de financiación para el Ayuntamiento de Madrid. Con este objetivo ha presentado una iniciativa para pedir la reactivación de esta ley y ha solicitado la comparecencia en el parlamento autonómico de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, que acudirá previsiblemente el 13 de diciembre a la cámara para pedirle a la presidenta de Madrid que acate y desarrolle esta norma.

https://twitter.com/EmilioDelgadoOr/status/933289876707053568

El partido también ha impulsado mociones en una treintena de ayuntamientos madrileños en la que pide retomar esta ley, y el PSOE también está votando a favor de impulsar esta medida. «Montoro hostiga al Ayuntamiento exigiendo el cumplimiento estricto de una ley que él mismo no cumple, como Cristina Cifuentes no cumple tampoco con leyes autonómicas, por eso pedimos activar el Pacto Local, y abrir un espacio de diálogo sobre competencias y financiación», señala Delgado, también portavoz adjunto de la comisión de Administración Local y Ordenación del territorio, que ha llevado las riendas de estos trabajos.

Una obra de Gallardón al albur del ‘tamayazo’

El contexto en que salió la Ley de Pacto Local que ahora se ha convertido en un argumento para Podemos es, cuanto menos, peculiar: fue aprobada por el que fuera presidente madrileño Ruiz Gallardón en marzo de 2003, sólo dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales. En esos comicios, Gallardón planeaba dejar la presidencia y dar el salto a la Alcaldía de Madrid, y Esperanza Aguirre aspiraba a presidir la Comunidad. El famoso ‘tamayazo‘, por el que dos tránsfugas socialistas frustraron la investidura de un gobierno autonómico formado por PSOE y de IU, obligaron a convocar unos  nuevos comicios e hicieron que Gallardón fuera, durante cinco meses, presidente y alcalde de Madrid al mismo tiempo. Pese a la dudosa legalidad, el dirigente popular pidió informes que avalaban su condición.

Ruiz Gallardón no sólo ostentaba a la vez el Palacio de Presidencia y el de Cibeles sino que, gracias a la Ley del Pacto Local, tenía la capacidad de inyectar fondos autonómicos al Ayuntamiento, en el que después estaría hasta 2011. El entonces todopoderoso dirigente madrileño combinó los dos cargos hasta el 21 de noviembre del mismo año cuando Esperanza Aguirre se alzó con la mayoría absoluta para presidir la Comunidad de Madrid. Fue en ese momento cuando Gallardón dejó de tener el control absoluto de las cuentas. Quince años después, esta herramienta diseñada por el PP se le vuelve en contra.

La Comisión Mixta de Competencias de esta ley está salpicada de viejas glorias. El presidente del órgano era Francisco Granados, imputado por el caso Púnica por el que ha pasado dos años y medio en prisión. Estaba también Jaime González Taboada, que, salpicado por la Púnica, dejó el pasado septiembre el Gobierno de Cifuentes y fue recolocado en el Senado; Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel; Luis Armada, que estuvo imputado en el caso Guateque, o José Trigueros Rodrigo, al que le abrieron diligencias por por presunta prevaricación con la incineradora madrileña de Valdemingómez.

El pasado octubre, antes de la intervención de Montoro a las cuentas de Carmena, Podemos ya tanteaba la Ley del Pacto Local como una vía a explorar, y por ello preguntó al consejero de Administración local de la Comunidad de Madrid, Pedro Manuel Rollán Ojeda, por el estado de la Comisión Mixta de Competencias. El dirigente del PP respondió que la ley de Pacto Local «se ha visto seriamente afectada» por la Ley Montoro de Administración Local. Sin embargo, Emilio Delgado, de Podemos, esgrime que no se ha desarrollado ninguna adaptación de la Ley Montoro que modifique o sustituya la ley de Pacto Local y que ésta, por tanto, sigue plenamente vigente. Además, desde el partido morado señalan que «durante más de una década no se ha dado un solo paso en el sentido de la descentralización», y que durante los años de crisis hubiera sido «de vital importancia» dotar a los municipios de competencias y financiación, al ser la administración más próxima al ciudadano.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid lamentan que en los últimos meses la crisis de Cataluña haya vuelto a poner el foco en la financiación autonómica, porque consideran que «ya era el turno de las administraciones locales», al tiempo que creen que se ha producido una nueva involución en el desarrollo del autogobierno en los ayuntamientos, y apuntan que, al estar vigente la Ley de Pacto Local, Cifuentes tendrá que acatarla.