Carles Puigdemont es la gran baza de JxCat, lo ha sido durante la campaña electoral y el grupo nacido oficialmente con el único objetivo de “restituir” el Govern no quiere renunciar a ella en la legislatura que debe comenzar en Cataluña. Por ello, la apuesta por una investidura “virtual” del president no puede ser tomada sólo como una ocurrencia del independentista. Es el as en la manga de JxCat para doblegar a ERC y conseguir la tan ansiada presidencia, aunque ello suponga retorcer de nuevo el reglamento del Parlament para hacerlo posible.

ERC ya ha advertido de que la investidura de Puigdemont es “imposible” si no regresa a España, conscientes de que su regreso sólo puede implicar la puesta a disposición de la justicia del candidato exconvergente. Las enigmáticas palabras de Jordi Turull en Catalunya Ràdio, cuando aseguró al ser preguntado por esta opción que se plantean “todas las posibilidades” pero no quieren dar “pistas”, porque “ya sabemos cómo se las gastan”, sólo sirven para abonar el debate en el que ya han entrado los juristas, habida cuenta de la experiencia de septiembre. Entonces Carme Forcadell utilizó su voto de calidad en la Mesa para permitir la reforma exprés del reglamento del Parlament y la aprobación por lectura única de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad.

La carambola de JxCat pasaría por situar de nuevo a Carme Forcadell como presidenta de la Mesa del Parlament -en contra de la voluntad del ganador de las elecciones, C’s, que ya ha reclamado para si ese cargo- y con el gobierno de la Cámara de nuevo en sus manos, impulsar una nueva reforma exprés del reglamento del Parlament que cubra ese “vacío legal” que los independentistas creen haber descubierto en la ausencia de prohibición de la investidura a distancia para habilitar el procedimiento telemático.

ERC tiende puentes con la CUP

Una fórmula que choca de entrada con la oposición de los republicanos, poco dispuestos a facilitar la investidura de Puigdemont hasta esos extremos, sabiendo que si el ex president queda descartado crecerán las opciones de Junqueras. Por eso su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, recorre desde ayer los medios catalanes -8TV anoche, Catalunya Ràdio hoy- abogando por salvaguardar la promesa de Puigdemont otorgándole la presidencia del Govern en el exilio, mientras en Cataluña se constituye un gobierno real para la gestión de la Generalitat. Rufián ha hecho algo más, ha abierto la puerta a ceder un diputado de ERC a la CUP para que los anticapitalistas puedan formar grupo propio en el Parlament y no tengan que compartir Grupo Mixto -y por tanto tiempo y recursos- con el PP.

La menguada representación de la CUP en el nuevo Parlament -cuatro diputados frente a los diez de la anterior legislatura- siguen siendo clave, especialmente en un bloque independentista en el que la distancia entre JxCat y ERC se mide por un diputado y 10.000 votos. Esos cuatro escaños pueden ser la diferencia entre una reforma forzada del reglamento o la investidura de Oriol Junqueras por la tradicional vía de la presencia física en el hemiciclo.

La suerte del candidato de ERC depende de lo que decida el magistrado que instruye la causa contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, Pedro Llarena. El día 4, Junqueras, comparecerá de nuevo ante el magistrado, que debe decidir sobre su excarcelación. Si Llarena opta por la libertad vigilada, Junqueras podría ser investido puesto que conserva sus derechos políticos mientras no exista sentencia firme que diga lo contrario, es decir, que lo inhabilite para cargo público con o sin condena de prisión. Una sentencia que podría demorarse en el tiempo si los querellados cumplen su anuncio de llevar el caso hasta instancias europeas en caso de condena.

En caso de que se mantengan las medidas de prisión preventiva, Junqueras aún podría solicitar un permiso para acudir a la sesión de investidura que, sobre el papel y teniendo en cuenta el precedente del Caso Yoldi, debería prosperar, aunque ese precedente no es jurisprudencia de obligado cumplimiento para el magistrado del Supremo. El bloque independentista debería valorar entonces los costes de un presidente en prisión preventiva, sin posibilidad de ejercer el cargo de forma efectiva.

Los juristas rechazan la presidencia virtual

En todo caso, el líder de ERC ya tiene a su favor el dictamen de diversos juristas, que en las últimas horas se han pronunciado en contra de una investidura virtual. Para Pere LLuís Huguet, presidente de la plataforma Llibertats, “jurídicamente y con la legislación vigente no existe posibilidad legal alguna de una investidura telemática”. Huguet recuerda además que Catalunya, junto con el País Vasco, “son los dos únicos parlamentos autonómicos que no disponen de voto telemático al no establecerlo sus reglamentos”.

El Parlament fija como únicas excepciones al voto presencial la delegación de voto en otro diputado en los supuestos de maternidad, paternidad o incapacidad. “Si a ello le unimos la obligación que establece el articulo 4 del Reglamento, según el cual los diputados tienen la obligación de asistir a los debates y a las votaciones del pleno, resulta inviable no solo cualquier investidura telemática del Presidente de la Generalitat, sino también el ejercicio telemático de las funciones de  diputado” concluye el juristas.

En términos similares se ha expresado la profesora de Derecho Constitucional Argelia Queralt. “Para ser investido, tanto el Estatut como el reglamento del Parlament, establecen que debe venir y presentar el programa, y evidentemente debe hacerlo presencialmente, no se puede hacer ni por delegación ni por videoconferencia. Hay que estar en el Parlament” concluye Queralt.