La fiscal del caso Lezo se ha opuesto a que el juez cite a declarar como testigo al detective privado que contrató el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que averiguara si le habían instalado micrófonos ocultos en su despacho profesional, como había pedido la defensa del empresario imputado en la causa Javier López Madrid.

En un escrito notificado este lunes a las partes, Ana Cuenca rechaza la práctica de esta diligencia que el yerno de Juan Miguel Villar Mir había solicitado a finales del pasado mes de noviembre al considerarla «innecesaria, impertinente, infundada e inútil» para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

López Madrid pedía la testifical del director general de la agencia de detectives Grupo Novo para que explicara el encargo que Ignacio González le hizo en los años 2016 y 2017, cuando éste ya sabría que estaba siendo investigado por su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Este profesional habría descubierto un aparato de escucha oculto en el despacho del ex mandatario, al que aconsejó que no lo retirara por estar bajo autorización judicial.

El yerno de Villar Mir quería que declarara como testigo el detective que contrató Ignacio González en busca de micrófonos en su despacho profesional

El imputado se basaba en sendos artículos periodísticos que El País y El Mundo publicaron el pasado mes de mayo en los que informaban de que el ex presidente madrileño había cambiado la cerradura de la puerta al saber que le habían colocado micrófonos en su despacho y que conocía al menos desde octubre que la Guardia Civil le escuchaba. «No consta que la veracidad de las informaciones contenidas en ambos artículos haya sido cuestionada por ninguna de las personas o entidades que en ellos son mencionadas», exponía en su escrito.

«Las informaciones publicadas en los artículos periodísticos que ahora adjuntamos ponen en tela de juicio la expectativa de confidencialidad con la que, se suponía, el Sr. González mantenía esas conversaciones objeto de captación. Hasta el momento, la instrucción y las conclusiones manejadas por la Fiscalía y por la fuerza investigadora han partido de esta premisa», añadía.

La fiscal considera que el escrito de dichas informaciones «en modo alguno» afectan a la «legitimidad formal y de fondo de las grabaciones» cuya validez trata de cuestionar López Madrid. Y aquéllas fueron obtenidas «cumpliendo escrupulosamente lo dispuesto en la legislación procesal vigente», defiende Ana Cuenca.

«Pertinencia y utilidad»

Recuerda la representante del Ministerio Público que el derecho de la defensa a utilizar los medios de prueba que considere oportunos «no es absoluto e ilimitado», pues exige que se acredite su «pertinencia y utilidad» para aclarar los hechos investigados. «Requisitos que no concurren en la prueba cuya práctica se propone», apostilla.

López Madrid consideraba «imprescindible» aclarar este episodio, por lo que pedía al instructor del caso Lezo que citara al director general de la citada agencia de detectives a fin de que éste desvelara el contenido del encargo realizado por el ex presidente de la Comunidad de Madrid, las fechas en las que lo llevó a cabo y el resultado que arrojó el mismo.

También solicitaba que el testigo aportara al juzgado el libro-registro de dicha agencia de detectives debidamente diligenciado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid para que se incorpore a la causa y una copia de los informes realizados a encargo de Ignacio González.