Montoro da un ultimátum a la Generalitat: le reclama todos los gastos del referéndum del 1-O

El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro dio el pasado mes de enero un ultimátum a la Generalitat de Cataluña para que entregara de forma detallada todos los gastos derivados de la celebración del referéndum ilegal del 1-0.

Según reza la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente,  el secretario de Estado de Hacienda, José Enríquez Fernández de Moya, remitió un escrito el pasado día 15 a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, donde le ordenaba que en el plazo de nueve días, atendiendo al artículo 155 de la Constitución, enviara a su Ministerio una veintena de datos económicos relacionados con el 1-O.

Providencia Hacienda Procés

Hacienda se dirigió a la Intervención General de Cataluña después de que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona e instructor del procés, reclamase al Ejecutivo de Mariano Rajoy abundante documentación sobre los gastos que acarreó la consulta ilegal una vez que el 30 de octubre la vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat le informó de la “inexistencia de cualquier tipo de gasto para el llamado referéndum del pasado 1 de octubre”.

Entre los datos que el Ministerio de Montoro reclamó a la Generalitat se encuentran información sobre el pago de los informes previos a la celebración del referéndum; de los eslóganes publicitarios con los que se difundió en radios, televisiones y prensa la cita ilegal; del material electoral (papeletas, urnas, sobres, etc);  así como costes relacionados con el traslado y estancia de diferentes observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum.

Asimismo, Hacienda reclamó al Govern datos sobre el pago al personal empleado para la celebración del 1-0 y de dónde salió el dinero para los actos de apertura y de clausura de  dicha cita electoral. El Ejecutivo de Rajoy también ha pedido a la interventora catalana que le detalle de forma pormenorizada los gastos derivados de la apertura de distintas páginas webs creadas con el objetivo de difundir el 1-0.

En el escrito enviado a la Generalitat, el Ministerio de Hacienda daba de plazo hasta el 24 de enero para que dichos datos fueran entregados. De lo contrario, lanzaba una clara advertencia: “el posible incumplimiento dará lugar a que se dé traslado de esta actuación a las autoridades competentes a los efectos de la exigencia de las responsabilidades personales procedentes”.

Uno de los delitos que persigue el magistrado Ramírez Sunyer es la malversación de caudales públicos tras el 'procés', es decir, si se utilizaron fondos de la Generalitat para sufragar el desafío independentista. Tras el referéndum del 1-0 se investigan delitos de sedición, desobediencia, prevaricación, malversación, atentado contra la autoridad y revelación de secretos por usar datos personales en el referéndum