La moción aprobada este jueves  en el Parlament legitimando a Carles Puigdemont y la consulta del 1-0 con los votos de los independentistas, carece de consecuencias jurídicas y, por tanto, "no es susceptible de impugnación en vía jurisdiccional", según ha afirmado este viernes el titular de Justicia, Rafael Catalá. Ha explicado, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que si bien la abogacía del Estado  estudia todo lo que acontece por su se produce alguna violación del marco normativo, bien sea contra la Constitución o contra el Estatuto catalán, no parece que ese sea "el campo en el que nos movemos en este momento".

En dicha resolución, los independentistas califican de “destitución ilegal e ilegítima” la de Carles Puigdemont en aplicación del 155; apela a la opinión “legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre” y reivindica la “acción republicana” aunque no la unilateralidad.

A pesar de ello Catalá ha subrayado que la Abogacía del Estado, "en este momento no ha hecho un informe" que determine que hay sospechas de ilegalidad y que tampoco la pretensión del Gobierno es "estar en la impugnación permanente" si no afecta a terceros. Por su parte, también la Fiscalía "está atenta a las decisiones del Parlament para actuar en consecuencia".

Asimismo, tal y como informó El Independiente, ha explicado, a preguntas de los informadores, que la capacidad de proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat es del Parlamento autonómico. Y si el aspirante, que sería el caso del encarcelado Jordi Sánchez, "tiene algún problema con la justicia, tiene que ser el juez competente, instructor, el que tome una decisión. Nosotros estaremos atentos y seremos respetuosos con lo que decida el juez".

En todo caso, ha matizado que no se trata solo de ser investido "sino de ejercer después sus responsabilidades", por lo que entiende que la propuesta de que sea el líder de la ANC el que encabece el nuevo gobierno autonómico "es sorprendente, fuera de la lógica y del sentido común".

Por su parte, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, no ha dudado en calificar de "francamente imposible" las estructuras paralelas de la Generalitat en Bruselas  que pretende Puigdemont. "Es fantasmagoría, no tendrá ninguna efectividad ni un euro del erario público", ha sentenciado.