La sensación generalizada en el Ejecutivo es que a corto plazo poco o nada se puede hacer para cambiar el actual modelo de inmersión lingüística en Cataluña sobre todo una vez que el Tribunal Constitucional ha tirado abajo, por cuestiones competenciales, el “parche” del modelo Wert de financiar la plaza privada a aquellos alumnos catalanes que quieren estudiar en castellano. Moncloa contempla como alternativa la vía, claramente descafeinada, de la proposición de ley de armonización de lenguas, lo que sería de aplicación también para el gallego y el euskera, y, ni siquiera, de cara a las matriculaciones para el curso 2019-2020.

Después de estudiar posibles alternativas , el Gobierno asume que solo hay dos caminos para intentar un cambio, “no para este año, pero sí para el siguiente”, según fuentes gubernamentales. La primera, descartada, es que “el Parlament cambie la ley”, porque con una mayoría independentista es una quimera salvo que una hipotética repetición electoral abriera paso a un gobierno constitucionalista y, si siquiera así porque ni PSC ni “comunes” son partidarios de modificar el actual modelo de inmersión.

La otra opción es que el Parlament cambie la ley, impensable con una mayoría independentista

El segundo, presentar, vía proposición de Ley, esto es, a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, una Ley de Armonización del uso de las lenguas. Ni siquiera contemplan, al menos por el momento, un proyecto de Ley que emane del Ejecutivo “porque suficiente tiene el Gobierno con pactar los Presupuestos Generales del Estado” para este año, empeño que presenta serias dificultades.

A eso posiblemente se refería el ministro en una reciente entrevista en ABC al afirmar que “las cosas hay que estudiarlas y no apresurarlas. Una cosa es el principio y el modelo, y en eso hay que llegar a un acuerdo que sirva para todas las comunidades con lengua cooficial, y otra cosa son intervenciones del 155, que no pueden alterar el modelo educativo”.

El Ejecutivo de Rajoy ganaría así tiempo sobre una cuestión endiablada que los expertos de Educación han estudiado, sin llegar, aparentemente, a una fórmula que satisfaga al Ministerio. Descartada la famosa casilla del castellano, Educación se inclinaba por garantizar el cumplimiento del 25 por ciento de los contenidos en español, que es lo que marca la ley –con sentencias tanto del Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- que la Generalitat ha ignorado sistemáticamente. Otro aspecto que se ha estudiado, según ha podido saber El Independiente, ha sido el del formulario de matriculación, sin que tampoco se haya alcanzado ninguna conclusión o, al menos, esta haya trascendido.

Moncloa espera que la formación de gobierno en Cataluña les permita ganar tiempo

Aún a sabiendas de que la opción Jordi Sánchez está llamada al fracaso, Moncloa “espera a ver qué pasa, si hay o no govern” antes de tomar una  decisión sobre la manera de garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela catalana. El tiempo apremia, pero el plazo de matriculaciones culmina en abril, con lo que todavía queda algo de margen para que el independentismo alcance un acuerdo antes de verse Cataluña irremisiblemente abocada a unas nuevas elecciones. De hecho, un escenario electoral también retrasaría la adopción de medidas para el curso 2018-2019, una vez asumido, tal y como admitió el ministro de Educación y portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en esa misma entrevista en ABC, que «es imposible alterar el modelo educativo de Cataluña con el 155».

Sin apoyo del PSOE

Otro escollo lo ha constituido, sin duda, la negativa del PSOE a sumarse al Gobierno en este tema. Tanto la dirección federal socialista como la catalana dejaron bien claro que su respaldo al 155 no era un cheque en blanco para modificar un modelo de inmersión que apoyan. Pero además de la presión del PSC, está la de los socialistas valencianos y de Baleares “en coalición con radicales catalanistas”, lamentan en el Gobierno. De hecho, Baleares está en plena controversia social por los intentos de imponer el uso del catalán entre los profesionales de la sanidad pública, hasta el punto de que los conocimientos del idioma llegan a puntuar más que la realización de masters o haber participado en publicaciones.

Además, la reciente espantada del PSOE de pacto educativo termina de apuntillar cualquier posibilidad de acercamiento en una tema que se suscitó casi por accidente y sobre la que el Gobierno se ha visto desbordado con contradictorias versiones entre miembros del Ejecutivo, como cuando la ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, dio por seguro que habría dos casillas, una de catalán y otra de castellano, en el formulario de matriculación que Educación daba por descartado.