El Supremo revisará el 4 de abril la primera condena a los líderes de Gürtel

El Tribunal Supremo celebrará el próximo 4 de abril una vista pública en la que se escucharán los argumentos de la Fiscalía y los letrados de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes, que han recurrido en casación las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la pieza conocida como Fitur.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, el ponente de dicha sentencia –que se conocerá antes del verano- será el magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Martínez Arrieta. Este juez será el encargado de redactar la resolución en la que por primera vez el Alto Tribunal se pronunciará sobre las actividades delictivas de dicha trama de corrupción que está siendo investigada en una decena de causas penales.

El 10 de febrero 2017, el TSJ de Valencia condenó al líder de Gürtel, Francisco Correa a 13 años de prisión (tres por asociación ilícita, uno por tráfico de influencias, seis por malversación y tres por cohecho activo; a Pablo Crespo a otros 13 años y tres meses de cárcel (dos años y seis meses por falsedad y dos por cohecho activo); y, a Álvaro Pérez El Bigotes a 12 años y tres meses de cárcel (18 meses por asociación ilícita, un año por tráfico de influencias, seis años por malversación, un año y nueve meses por falsedad y dos años por cohecho) por amañar decenas de contratos de la Generalitat valenciana para la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Los tres imputados se encuentran en situación de prisión preventiva en el marco de esta pieza separada desde hace más de un año. Correa, Crespo y El Bigotes han solicitado al Supremo que los absuelva si bien el Ministerio Público ha pedido que se confirmen sus penas de cárcel a la par que se aumente el periodo de inhabilitación absoluta para los acusados por el delito de malversación de caudales públicos de 10 a 15 años.

En su sentencia, el TSJCV concluye que la Conselleria de Turismo de la Generalitat valenciana, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada. La resolución recurrida dio además por acreditado que las empresas de Francisco Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados.

De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007.