El PP ha encontrado en la presidenta del PSOE, la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, un contrapeso al caso Cifuentes. Las investigación judicial en un juzgado de Valencia sobre las adjudicaciones a dedo de contratos vinculados a la gestión del agua a constructoras que financiaban mítines y actos del PSOE le han proporcionado hoy un argumento al portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, contra las críticas del PSOE a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que los socialistas planean presentar una moción de censura.

La investigación del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta financiación irregular de Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y Bloc Nacionalista Valencià (BNV), el socio mayoritario de la coalición Compromís, se ha extendido al PSOE. Como ha informado el diario El Mundo, el ministerio que entonces comandaba Cristina Narbona, ahora presidenta del PSOE, adjudicó contratos a un grupo que supuestamente habría recaduado dinero negro procedente de empresas, en su mayoría constructoras. En la causa se apunta a dos contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed.

Entre los actos sospechosos de haberse pagado con dinero de donantes se encuentran la Conferencia Política que tuvo lugar en enero de 2006 en Valencia; el acto celebrado el 7 de octubre de ese mismo año para presentar a los candidatos, y el mitin del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para arropar a la candidata al Ayuntamiento de Alicante, Etelvina Andreu.

«Me gustaría que Margarita Robles también pidiera explicaciones a la presidenta de su partido, la señora Narbona, porque en los últimos días hemos visto informaciones de una enorme gravedad, según las cuales, a través de los presupuestos que manejaba AcuaMed y el ministerio que ella dirigía se estaba financiando el PSOE de la comunidad valenciana», ha respondido Hernando.

«Eso sí que requiere una explicación inmediata porque aquí no estamos hablando de un asunto personal, sino de un asunto que afecta al dinero del conjunto de los ciudadanos. Por tanto, insisto. Está muy  bien las explicaciones que la señora Robles pide al PP. La señora Cifuentes ya las va a dar. Me parece muy bien que le dé credibilidad a unos medios y me gustaría que le diera también la misma credibilidad a otros medios de comunicación que están publicando asuntos de una enorme gravedad y que afectan a la presidenta del Partido Socialista Obrero Español», ha explicados a los periodistas en el Congreso de los Diputados.

Con sus palabras, Hernando rompe la estrategia de Ferraz, que se niega a comentar las informaciones sobre la posible financiación irregular del partido en Valencia para que siga siendo «un asunto local» y no de carácter nacional. De hecho, el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, echó balones fuera preguntado el lunes al respecto en su rueda de prensa.

«He hablado con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, estos días y tiene toda mi confianza y todo mi apoyo para esclarecer las dudas que puede haber sobre esta cuestión y actuar con toda la contundencia si se confirman esos datos», resumió Pedro Sánchez.

«Estriptís» en el PSOE de Valencia

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este martes que «no hay problema» en «hacer un estriptís absoluto de lo que es el partido socialista» para aclarar las dudas sobre una posible financiación ilegal del partido e investigar con el objetivo de «aportar toda la luz para que no quede ningún tipo de sombra».

En declaraciones a los medios en Castellón, Puig ha asegurado que se actuará «en consecuencia» si se demuestra «si hace once años se hicieron las cosas mal en alguna parte». «Intentamos saber la verdad y vamos a aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso. Hasta el momento no nos ha pedido nada», ha indicado el también president de la Generalitat.

Puig ha defendido la respuesta del PSOE «cuando aparecen problemas que pueden ser reales o no» y que es, ha dicho, «absolutamente diferente» a la del Partido Popular. «Nosotros ni acusamos a los periodistas, ni acusamos a los fiscales ni acusamos a la policía. Intentamos saber la verdad y vamos a intentar aportar todo lo que nos pida la justicia en este proceso», ha recalcado.

Para esta tarde se ha convocado una reunión de la secretaría del PSPV «que tomará las decisiones de abrir la comisión interna y desde luego queremos que la sociedad tenga la confianza absoluta en los partidos políticos decentes, y el Partido Socialista en un partido político decente», según Puig.

Tres millones de euros

La investigación judicial abierta por la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc entre 2007 y 2011 analiza varios contratos por un valor cercano a los tres millones de euros que una empresa de comunicación valenciana recibió de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según consta en documentación de la causa, a la que ha tenido acceso Efe, se analiza el papel que pudo desempeñar en la supuesta financiación ilegal la firma de comunicación Crespo Gomar, adjudicataria también de otros servicios para el PSPV-PSOE o ayuntamientos gobernados por este partido.

Esta firma, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007. También resultó adjudicataria de servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.

La mayor de estas adjudicaciones (2.077.678 euros) fue tramitada por el Ministerio de Sanidad a través de la dirección general de Consumo, dirigida por Etelvina Andreu, que había sido elegida para este cargo por el entonces ministro, el valenciano Bernat Soria, con el que trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Esta campaña tuvo por objeto «informar a los consumidores sobre el alcance y el contenido del nuevo real decreto sobre el sistema arbitral de consumo» entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008.

«La agencia bajo sospecha recibió contratos de la empresa pública Acuamed»

Crespo Gomar también fue la firma adjudicataria de la campaña de publicidad de la desalinizadora de Torrevieja por parte de la empresa pública Acuamed (perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente que dirigió Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, entre 2004 y 2008).

Además, Aguas del Júcar (otra sociedad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente posteriormente fusionada con Acuamed) adjudicó en noviembre de 2005 a esta misma firma de comunicación por 234.700 euros el diseño, la producción y el plan de comunicación sobre las actuaciones de infraestructuras hidráulicas sobre las que Aguas del Júcar tenía la encomienda de gestión por parte del Estado.

Cargos socialistas

El Ministerio de Vivienda -gestionado por Beatriz Corredor- adjudicó a Crespo Gomar en diciembre de 2008 una campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del plan de vivienda 2009-2012 por 148.800 euros. Ese mismo mes fue adjudicataria, por parte del Ministerio de Sanidad, de una campaña para promover el consumo responsable y seguro durante la Navidad y en época de rebajas por un total de 200.000 euros.

Crespo Gomar estuvo dirigida por Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, trabajaron además en esta firma José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de la empresa pública mixta de la Diputación Egevasa, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident Joan Lerma; Orengo y la también ex alcaldesa socialista de Gandia Pepa Frau.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc, según confirmó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm instruyen actualmente esta causa pues ese juzgado valenciano se declaró no competente tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.