No hace ni tres años desde que se produjo el salto de Cristina Cifuentes a la primera división de la política nacional. Aunque superó escasamente el millón de votos en las elecciones autonómicas de 2015 (33,1% de los votos), la matemática de los resultados la convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid: los 48 escaños del PP superaban la mayoría absoluta con los 17 que logró Ciudadanos.

Mientras, su compañera de filas, Esperanza Aguirre, la histórica líder del PP madrileño, a pesar haber logrado el 34,5% de los votos, no sumó con Ciudadanos para alcanzar la mayoría y fue relegada a la oposición en virtud del pacto entre Podemos y el PSOE. La izquierda le arrebataba a la derecha el Ayuntamiento, que no gobernaba desde 1989, pero el PP seguía controlando la Comunidad de su histórico feudo.

Eran el retrato de las dos caras del PP en unos comicios en los que los conservadores perdieron la mayoría de las comunidades y ayuntamientos que habían ganado cuatro años. La corrupción pasó factura con la pérdida de tres millones de votos.

Aguirre hizo una dura campaña contra Podemos, convirtiéndose en valladar frente al populismo izquierdista, pero Cifuentes, mucho más conciliadora con las fuerzas de la izquierda, centró sus mensajes en la lucha contra la corrupción: "Tolerancia cero", prometió.

Eran el pasado y el futuro del partido. Y, aunque Cifuentes había crecido políticamente en el PP hecho a imagen y semejanza de Aguirre, parecía que podía ofrecer un perfil propio, nuevo, para una organización que había sufrido en carne propia los embates de la trama Gürtel.

Tras su pacto con Ciudadanos y su consolidación en el poder, tanto en la Comunidad como en el partido, algunos de sus colegas comenzaron a vislumbrar en ella una seria candidata a la sucesión de Rajoy, casi en pie de igualdad con otro presidente autonómico: Alberto Ñúñez Feijóo.

En unos meses ha pasado de ser una posible candidata a suceder a Rajoy a ser vista como un lastre para el PP en las elecciones de 2019

Pero en esto, llegaron las operaciones conocidas como Lezo y Púnica. El 19 de abril de 2017 era detenido Ignacio González, antecesor de Cifuentes en la presidencia de la Comunidad, acusado de graves delitos de corrupción. El día 23 de ese mismo mes Cifuentes anunció la personación de la Comunidad como acusación en la investigación sobre las irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, movimiento que se interpretó en el entorno de González como un ataque directo hacia su persona. Antes incluso de que la Operación Lezo saliera a la luz, Cifuentes había trasladado a su círculo de confianza sus sospechas sobre los "métodos mafiosos" de su antecesor el cargo. La guerra interna, aunque soterrrada, estaba abierta.

Pero Lezo tuvo otra víctima política. El 25 de abril de 2017 Esperanza Aguirre dimitía como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid: "Me siento engañada, traicionada por Ignacio González", confesó en la emotiva rueda de prensa en la que anunció su despedida total de la vida política.

Parecía que la presidenta de la Comunidad estaba a salvo de los perdigonazos indiscriminados de la corrupción, pero tres semanas después de la dimisión de Aguirre, se conoció un informe de la UCO que la acusaba a ella misma de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a una sociedad del empresario Arturo Fernández.

Aunque las fiscales del caso Púnica, Carmen García y María Teresa Gálvez, compartían el criterio de la UCO, al entender que había indicios suficientes como para investigar a Cifuentes (estuvo en la Mesa de Contratación, era miembro del patronato de Fundescam, al que Arturo Fernandez había entregado 160.000 euros y , además, formó parte del comité electoral del PP en las elecciones de 2011), ni el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ni el instructor, Eloy Velasco veían sustento sólido para imputarla.

En los últimos diez días no ha disipado las dudas sobre su master en la Rey Juan Carlos. La semana próxima la espera un Pleno implacable

Sin embargo, las cosas han cambiado sustancialmente desde hace un año. Moix ha sido sustituido en Anticorrupción por Alejandro Luzón y Eloy Velasco, a su vez, ha sido relevado en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por Manuel García Castellón.

La postura del magistrado es clara: si la Fiscalía lo solicita, abrirá formalmente una investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luzón tiene, por tanto, la llave del futuro político de Cifuentes y es precisamente ese hecho el que le ha llevado a comentar en la Fiscalía: "No daré un paso que supone la muerte política de la presidenta de Madrid si no tengo la seguridad al cien por cien de que hay indicios sólidos para acusarla".

Pero la publicación por parte de eldiario.es de la información según la cual Cifuentes habría conseguido un máster de la Universidad Rey Juan Carlos sin haber cumplidos los requisitos, ha puesto a la presidenta de la Comunidad en una situación muy comprometida. En lugar de aclarar las dudas, su comportamiento durante los últimos diez días no ha hecho sino aumentar las incógnitas sobre el affaire del máster. La próxima semana tendrá que hacer frente a un Pleno en la Asamblea donde tanto la oposición como su socio de gobierno se van a mostrar implacables.

En el PP su más sólido apoyo sigue siendo Cospedal. Pero Moncloa y otros líderes regionales guardan una prudente distancia

Dentro del PP la presidenta madrileña cuenta con el sólido apoyo de la secretaria general María Dolores de Cospedal, pero tanto Moncloa como otros líderes del partido tanto a nivel regional como en el Congreso, mantienen una prudente distancia.

La crisis en Madrid se produce en el peor momento: justo un año antes de unas elecciones que son fundamentales para el PP. Un dirigente nacional del partido es rotundo al respecto: "Si perdemos Madrid, tenemos perdidas las elecciones generales".

En ese contexto, la reactivación de la investigación sobre Cifuentes en la trama Púnica sería letal para su futuro político.

La UCO no se ha movido un ápice desde que entregó su informe señalándola como posible responsable de dos graves delitos; las fiscales del caso creen que debería abrirse la investigación, y el juez instructor espera la luz verde de la Fiscalía para dar el siguiente paso ¿Qué hará el fiscal jefe de Anticorrupción? Un miembro de su equipo responde: "Lo que nunca va a marcar su criterio es una presión política. Si está convencido, que nadie lo dude: actuará caiga quien caiga".