La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pretendió dar carpetazo anoche a la polémica sobre las presuntas irregularidades en la consecución de su máster de Derecho Público del Estado Autonómico, presentando el acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) y un documento de Word en el que uno de los profesores reconoce un error en la nota de la ahora presidenta madrileña: donde figuraba un ‘No presentado’ debía aparecer un 7.5.

Cifuentes se sumó a la versión del rector de la URJC, Javier Ramos, que este miércoles defendió que la política aprobó todo el máster en el curso 2011-2012, y que dos asignaturas constaban como ‘No presentadas’ por un error en la transcripción de las notas que se subsanó dos años más tarde. Las dos tenían un 7.5.

Minutos más tarde de ofrecer esas explicaciones, El Diario volvía a la carga con una nueva revelación: el registro de la secretaría demuestra que Cifuentes pagó 6,11 euros de tasas administrativas para prorrogar la matrícula de su TFM en noviembre de 2012, casi cinco meses después de la fecha en la que teóricamente ya lo había defendido y aprobado. Un nuevo dato que aporta una cascada de nuevas lagunas que arrojan sombra sobre las explicaciones ofrecidas por Cristina Cifuentes.

Las tasas

La presidenta madrileña asegura que los 6,11 euros no pueden corresponder en ningún caso a la renovación de matrícula del TFM. Lo hizo anoche en radio y televisión y también por Twitter, en una respuesta directa al director del medio que publica las informaciones: “Escolar, amigo, si las matrículas de los Trabajos Fin de Máster costasen 6€, no habríamos podido rebajar las tasas tres veces. Es una pequeña tasa por defender el proyecto más allá del 30 de junio. No te enteras, y es una pena”.

El reglamento que regula los TFM en la URJC desmiente a Cifuentes. En su artículo 7.2 establece específicamente que “en el supuesto en que el alumno no se presente a la asignatura de Trabajo Fin de Máster en el curso en el que la matricula por primera vez, para los siguientes cursos académicos, deberá matricularse nuevamente de dicha asignatura”. Pero no debe abonar el coste completo de los créditos: “El segundo curso que realice la matrícula de la asignatura de Trabajo Fin de Máster sólo deberá abonar las tasas administrativas correspondientes”. Es decir, los famosos 6 euros.

Cifuentes habla además de una “pequeña tasa por defender el proyecto más allá del 30 de junio”, pero la reglamentación de la universidad no contempla el pago de ninguna tasa por presentar o defender el TFM fuera de plazo. Tampoco tendría especial sentido en ese caso que, si defendió su trabajo el 2 de julio, como sostiene, pagase las tasas en noviembre.

Hay un elemento más relativo a esto. En el año 2011-2012, en el que Cifuentes asegura haber cursado y terminado el máster completo, las tasas administrativas eran de 5,99 euros. El siguiente curso académico subieron, precisamente, a los 6,11 que pagó Cifuentes en noviembre. La presidenta no aclara en sus explicaciones por qué pagó las tasas del curso 2012-2013 para un TFM que en teoría aprobó en el curso 2011-2012.

La defensa del TFM

Otro punto negro en las explicaciones de la presidenta madrileña y de la propia universidad reside en cómo Cifuentes pudo llegar siquiera a defender el TFM. La normativa también especifica muy claramente esto, en su punto 8.2: “Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente”. Este requisito no se cumplía en el caso de Cifuentes, que hasta 2014 tuvo la asignatura La Financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales como ‘No presentada’. Según la universidad y la propia Cifuentes se trataba de un error de transcripción que se solucionó en 2014, cuando la presidenta quiso recoger su título previo pago de 176,27 euros.

Fuera un error de transcripción o no, lo cierto es que en julio de 2012, cuando Cifuentes teóricamente defendió su TFM, la asignatura mencionada no aparecía como superada sino como no presentada. Y por tanto no se podía adjuntar el expediente académico con todas las asignaturas aprobadas y las actas cerradas, condición indispensable para que se admita la defensa del TFM. Si Cifuentes se hubiera dado cuenta de este error en la calificación de su asignatura debería haberlo hecho en 2012, al recabar la documentación para preparar su defensa, y no en 2014, al recoger su título.

¿Dónde está el trabajo?

Otra de las sombras que planean sobre el caso es el propio Trabajo de Fin de Máster, que hasta el momento no ha aparecido por ninguna parte. Cifuentes sí ha presentado el acta de la defensa, lo cual resulta extraño: aparece sin sellos ni registros de entrada y es un documento que no se le facilita al alumno. En cambio el trabajo en sí, como se le ha reclamado, no se ha hecho público.

Cabe destacar que para acceder a la defensa del TFM se deben presentar cuatro ejemplares del mismo en soporte informático, uno en papel y la autorización del Director para la defensa y lectura del trabajo. Además se guardan copias para la biblioteca de la universidad si el alumno lo autoriza tras la defensa, generalmente a petición del propio tribunal.

En el registro informático de la universidad, además, deberían constar datos clave que ayudarían a resolver las dudas sobre el caso. Si se entregó el TFM a través de las plataformas establecidas, cuándo se hizo, cuándo se distribuyeron las copias, cuándo entró en la biblioteca… Por el momento no se conoce ninguno de esos datos ni ha trascendido el trabajo, que por lo general se envía al director por correo electrónico para su valoración antes de la defensa, y cuyo rastro debería ser fácil de recuperar para el interesado.

El tribunal

La normativa de la Universidad Rey Juan Carlos establece que cada tribunal de evaluación de los TFM debe estar constituido por tres profesores y tres suplentes. “Uno de ellos será un profesor de otra Universidad, de alguno de los ámbitos de conocimiento de la titulación, o un experto de reconocido prestigio en el ámbito del que se trate”. En el acta que aportó este miércoles Cifuentes aparecen tres nombres: Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado. No aparece nadie en el apartado de ‘Suplente’.

Según revela este jueves El Diario, el reglamento en 2011 establecía que los tres profesores deberían ser doctores y que uno de ellos debía ser de otra universidad. Pero en aquel momento ninguna de las tres integrantes del tribunal era profesora de otra universidad, las tres estaban vinculadas a la URJC y ninguna de ellas gozaba del estatus de profesora titular. El reglamento incide además en que el secretario del tribunal debe ser nombrado por profesores numerarios -titulares o catedráticos-. Según el citado medio, en el tribunal no había ninguno en ese momento, por lo que el tribunal además no habría tenido en ese momento la capacidad legal para juzgar.