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Las siete preguntas sobre su máster que tendrá que responder Cifuentes en la Asamblea

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Las siete preguntas sobre su máster que tendrá que responder Cifuentes en la Asamblea
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. EFE

Resumen:

Cristina Cifuentes romperá por fin su silencio en la tarde de este miércoles, obligada por la oposición de la Asamblea, que la interrogará sobre los numerosos cabos sueltos que cuelgan de la versión de la presidenta madrileña sobre su máster en Derecho Autonómico obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), teóricamente, en el año 2012. Los interrogantes surgen desde la existencia o no de su Trabajo de Fin de Máster hasta la apretada agenda que debía atender Cifuentes el día que asegura que lo defendió, pasando por las incongruencias en las fechas ofrecidas en la versión de la presidenta. Estas son las dudas razonables a las que tendrá que responder la dirigente del PP madrileño, cada vez más cercada.

¿Existe el TFM?

Es la duda principal que arrojan las informaciones publicadas durante las últimas semanas por El Diario. Desde el primer día, Cristina Cifuentes podría haberse defendido de las acusaciones aportando su Trabajo de Fin de Máster, en el que obtuvo un 7,5 después de que una funcionaria rectificara su nota (de No Presentado a Notable) dos años después de su teórica defensa. No lo ha hecho. El trabajo tampoco ha aparecido por ninguna otra parte: ni en el rectorado, ni en la biblioteca del campus.

Cifuentes ha aportado las actas de su defensa, que teóricamente se produjo el 2 de julio de 2012, pero en el documento hecho público no existen ni sellos ni registros de entrada. Habitualmente, además, es un documento que no se le facilita al alumno, mientras que para optar a la defensa del TFM se deben presentar en la URJC cuatro ejemplares del mismo en soporte informático, uno en papel y la autorización del Director para la defensa y lectura del trabajo. Además se guardan copias para la biblioteca de la universidad si el alumno lo autoriza tras la defensa, generalmente a petición del propio tribunal. De ninguno de esos documentos parecen quedar rastros.

Tampoco consta que en el registro informático de la universidad figuren datos clave que ayudarían a resolver las dudas sobre el caso. Si se entregó el TFM a través de las plataformas establecidas, cuándo se hizo, cuándo se distribuyeron las copias o cuándo entró en la biblioteca.

¿Cómo pudo defenderlo?

La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que realizó la defensa de su TFM el 2 de julio. La pregunta es cómo, si en aquel momento había una asignatura en su expediente (La Financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales) que figuraba como ‘No presentada’. Fuera un error de transcripción subsanado más adelante o no, lo cierto es que no se puede defender el TFM sin contar previamente con todas las asignaturas del expediente aprobadas. El propio expediente es parte de la documentación requerida para optar a la defensa.

Lo deja claro la normativa de la universidad en su artículo 8.2: “Para poder realizar la defensa del Trabajo Fin de Máster el alumno tendrá que haber superado el resto de las asignaturas del Máster, para lo que deberá entregar la justificación correspondiente”. Si Cifuentes se hubiera dado cuenta de que había un error en la transcripción de su nota, debería haberlo hecho notar y subsanar en 2012, antes de defender el TFM, no en 2014, dos años después, al ir a reclamar el título.

Las fechas no cuadran

El registro de secretaría de la URJC confirma que Cristina Cifuentes pagó en noviembre de 2012 6,11 euros de tasas administrativas, correspondientes a la prórroga de la matrícula del TFM. Un procedimiento habitual cuando esta asignatura no se supera en el primer año de matriculación. A diferencia del resto de créditos de un máster o grado, los correspondientes al Trabajo Final no se abonan el segundo año.

La versión de la presidenta madrileña es que el pago se trata simplemente de una tasa por defender el TFM fuera de plazo. Pero esta opción no aparece recogida en ningún artículo de los reglamentos de la URJC, que no contemplan excepciones temporales. Además, sería extraño que el pago para defender un trabajo en julio se realizase en noviembre.

En este sentido, hay otro elemento llamativo. En el año 2011-2012, en el que Cifuentes asegura haber cursado y terminado el máster completo, las tasas administrativas eran de 5,99 euros. El siguiente curso académico subieron, precisamente, a los 6,11 que pagó Cifuentes en noviembre. La presidenta no aclara en sus explicaciones por qué pagó las tasas del curso 2012-2013 para un TFM que en teoría aprobó en el curso 2011-2012.

Matriculada tres meses tarde

Las clases del máster en Derecho Público del Estado Autonómico en el curso 2011-2012 comenzaron el día 22 de septiembre. Sin embargo, en la documentación aportada por la propia Cifuentes y en los registros de secretaría se puede comprobar que la dirigente del PP madrileño no se matriculó hasta el día 21 de diciembre, tres meses más tarde. Contravino de esta manera la normativa del máster, que preveía un periodo de matriculación ordinario en verano, y otro excepcional abierto hasta el 18 de septiembre.

Si bien es cierto que en algunos másteres con escasez de alumnos se aceptan aplicaciones en las primeras semanas del curso, es bastante más extraño que una alumna se incorpore con un trimestre ya completado. Máxime si se tiene en cuenta que el carácter del curso era presencial y que la normativa obligaba a asistir al 80% de las clases para poder obtener la titulación. Dada la fecha de ingreso, no es posible que Cifuentes las cumpliese.

Sus compañeros no la han visto

En otra de las informaciones publicadas por El Diario en la serie sobre el máster de Cristina Cifuentes, este medio asegura haber hablado con cinco de las personas que cursaron ese máster en ese curso académico. Más del 20% de los teóricos compañeros de clase de la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, pese al carácter presencial del curso, ninguno recuerda haberla visto por clase.

“Me enteré de que Cifuentes estaba en mi máster esta semana al ver el listado de compañeros, no la vi y si me llama la Fiscalía le contaré esto”, aseguraba en esa información uno de los alumnos que completó el curso. Las versiones del resto eran muy similares: “Acudí todos los días salvo dos o tres y no la vi”. Este martes, un sexto compañero de Cristina Cifuentes abundaba en esta misma línea: “Los exámenes los hacíamos por escrito en el aula y ella nunca apareció”.

Apretada agenda de trabajo

Otra de las dudas que surgen alrededor de la versión de Cifuentes radica en la apretada agenda que debía haber tenido el 2 de julio de 2012, cuando ya era delegada del Gobierno en Madrid y aseguraba estar al frente de los operativos especiales de seguridad. La noche del día 1, la selección española de fútbol se proclamó campeona de Europa tras golear a Italia. La celebración duró toda la noche. Al día siguiente, el mismo en el que Cifuentes debía defender presencialmente su máster, el combinado nacional llegaba a Madrid para festejar junto a la afición.

El despliegue policial fue importante: más de 450 agentes destinados a mantener la seguridad de un evento multitudinario, con los jugadores cruzando la ciudad en autobús para brindar el título a la hinchada y a la Familia Real. Ese día, con motivo de la fiesta, también se celebraron actuaciones en la calle de artistas como David Bisbal o Cali y El Dandee.

Dos firmas del acta falsificadas

La última información que se ha conocido este miércoles es que al menos dos de las tres firmas que figuran en el acta del máster son falsas, según publica El Confidencial. Fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos han reconocido al citado medio que el documento se elaboró el pasado 21 de marzo tras saltar la polémica y no en el año 2012 cuando se cursó el máster. Reconoce también que la firma de dos de las profesoras que componían el tribunal fueron falsificadas y se investiga la tercera.

La Universidad, pese a dar las explicaciones oportunas, ha iniciado un proceso de investigación interna para esclarecer lo hechos, por lo que los implicados deberán comparecer en la inspección de servicios de la universidad, que contará con el apoyo de dos observadores externos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). El catedrático responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, se reunió este martes con las tres profesoras en cuestión en el despacho de un abogado para pactar una versión común.